La publicación de estos proyectos redobla la oposición social en Aragón a las grandes obras hidráulicas y despierta la hipócrita indignación de la clase política y de los regantes. 

Desde que la semana pasada se publicó el avance del Plan Hidrológico Nacional y de su proyecto estrella, el gran trasvase desde la cuenca del Ebro a Valencia, Murcia y Almería, la noticia ocupa las portadas y primeras páginas de los medios de comunicación aragoneses, pero casi unánimemente haciéndose eco de las hipócritas reacciones de los políticos locales y haciendo hincapié en el desaforado consumo de agua en el mercado mediterráneo y en el agravio que supone para el interior poble en beneficio de la zona costera rica.

No es que se falte a la verdad con dichos argumentos. El sábado 2 de septiembre Ecologistas en Acción de Murcia y Aragón presentaron un informe realizado por el Departamento de Hidrología y Ecología de la Universidad de Murcia en el que se da cuenta con el máximo detalle y pruebas fotográficas del expolio y el destrozo que sufre esta zona. Se habla de regadíos ilegales fuera de control, que han sobreexplotado hasta el agotamiento el río Segura, de cultivos en áreas protegidas y zonas forestales incendiadas, la mayoría de estas últimas intencionadamente, de malversación de fondos públicos regionales, estatales y europeos destinados a la salvaguardia del medio ambiente y empleados en subvencionar a grandes empresas agropecuarias, que han sustituido a los tradionales agricultores y obtienen grandes beneficios de ello y de la explotación de mano de obra barata inmigrante. Son estas empresas las destinatarias del agua del Ebro, junto con las urbanizaciones de lujo, los campos de golf, los parque temáticos y las grandes industrias que caracterizan el depredador desarrollo de la zona levantina. 

Pero ésta no es la única cara de la moneda. Muy poca atención se ha prestado a lo que siempre se ha venido diciendo desde las organizaciones sociales y ecologistas opuestas a las grandes obras hidráulicas en el Estado español y, especialmente, en Aragón, que los grandes embalses previstos en el Pirineo y en otras áreas de la peninsula no son más que grandes almacenes de agua con destino a la costa meditérranea. Sin ellos es imposible realizar el trasvase.

Para justificarlos, políticos y medios de comunicación han mantenido una campaña en la que los objetivos de los embalses eran cambiados al gusto. El de Itoitz, para regar nuevas hectáreas en Navarra. El recrecimiento del de Yesa, para abastecer de agua a Zaragoza y promover nuevos cultivos en la comarca de Cinco Villas, como el de Biscarrués con Monegros y el de Santaliestra con La Litera, o el de Velacha, en Soria. Las restricciones a la puesta en marcha de nuevos regadíos impuestas por la Unión Europea y ahora por el Plan Hidrológico Nacional parecen no existir y muchos de estos proyectos han comezado a llevarse a cabo o, como en los casos de Itoitz o Rialp (Lleida), están casi terminados.

La publicación del Plan Hidrológico Nacional ha puesto al descubierto que algunos de los actores del conflicto del agua, en Aragón al menos, han mentido históricamente con fines menos simpáticos de los que decían tener. Por ejemplo, las comunidades de regantes beneficiadas por las obras hidráulicas. Toda la vida han insistido en que su construcción era cuestión de supervivencia para ellas, sabiendo que el coste era la inundación era los pueblos y campos de sus convecinos del Alto Aragón y pidiendo para ellos todo tipo de compensaciones. Ahora, los presidentes de los regantes aparecen como los menos reacios al trasvase y los más dispuestos a llegar a un acuerdo con los beneficiarios del mismo, en términos económicos ventajosos, claro está.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, los presidentes de las comunidades de regantes piden como condición para dar el visto bueno al trasvase la aceleración de las obras hidráulicas en Aragón. Resulta que estos pseudoagricultores van a pagar una mínima parte de las mismas, lo que parece conferirles derechos para traficar con el agua a sus anchas. Son conscientes de que podrán extender los cultivos de regadío en una ínfima parte de lo que dicen y de que les va a sobrar una gran cantidad de agua para vender a buen precio y llenarse los bolsillos sin pegar ni golpe, a costa de una destrucción ambiental sin precedentes y de un importante impacto social en las zonas de montaña. Con los criterios que se emplean en la actualidad, los pseudoagricultores, para colmo, serán elevados a la categoría máxima de solidarios, por ceder el agua de la que se están apropiando a sus vecinos levantinos, a costa, como hemos dicho, de sus compañeros los agricultores de montaña, quienes pagarán las auténticas consecuencias.

Contra esta cadena de despropósitos, la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) ha convocado un paro general de algunas horas en todo el Pirineo Aragonés para el próximo 25 de octubre y la Plataforma en Defensa del Ebro, una manifestación en Zaragoza el 12 de noviembre, aunque es de temer que a esta última acudan también esos sectores que condenan hipócritamente los trasvases y piden fervorosamente más embalses.