Un plan hidrológico inaceptable 

 
Pedro ARROJO AGUDO
Profesor de la Universidad de Zaragoza. Presidente del Congreso Ibérico sobre Planificación y Gestión de Aguas
 
 

En la lectura de la memoria económica del Plan Hidrológico Nacional que tuve que hacer para elaborar el dictamen que me requirió el Ministerio de Medio Ambiente, fui pasando de la esperanza, al constatar una primera parte de exposición metodológica seria, a la decepción, al apreciar la falta de rigor con la que luego se aplicaba en la práctica, para terminar en la indignación, por la manipulación que acababa haciéndose de conceptos y metodologías básicas, bajo la obsesión de justificar a toda costa el proyecto. En este sentido, desde el rigor del análisis económico, la memoria del plan llega a incurrir en lo que debería calificarse como prevaricación técnica, por cuanto, más allá de lícitas divergencias en enfoques o datos, se deforma conscientemente la metodología coste-beneficio, alterando gravemente los resultados.

Inflar unas 110 ptas./m³ el llamado valor de oportunidad de las aguas urbanas, dar periodos de amortización de 50 años a infraestructuras como instalaciones de bombeo, que tienen estándares de 15 a 25 años, "olvidar" los costes derivados de la masiva regulación de caudales que exigen estos trasvases, así como los de depuración de las aguas trasvasables, caracterizadas oficialmente como de mala calidad, sesgar a la baja las expectativas de costes energéticos, considerar como beneficios los costes laborales en la agricultura... son algunos de estos inaceptables errores. Simplemente rectificándolos se pasa de los 700.000 millones positivos del estudio oficial, a unas pérdidas de al menos 400.000 millones de pesetas.

Por otro lado, el análisis presenta costes medios, estimados en unas 53 ptas./m³, eludiendo distribuirlos en cada tramo, lo que supondría más de 100 ptas./m³ en Murcia y Almería (que serían más de 150 ptas./m³ desde cálculos rigurosos). Con ello se intenta oscurecer la irracionalidad que representa asumir estos costes cuando la desalación de aguas marinas supone hoy entre 70 y 90 ptas./m³. Se intenta ocultar la masiva subvención pública, más de 100 ptas./m³, que exigirán estos trasvases a Murcia y Almería, si, tal y como prevé el Gobierno, se acaban ofreciendo las aguas a 30 ptas./m³ para "no desbordar los precios a los que, de hecho, están actuando los mercados de aguas subterráneas, privadas, actualmente".

Ante la perspectiva de tan descomunal esfuerzo público (conviene no olvidar que el dinero que se pretende traer de Bruselas es tanto de todos los españoles como el que procede de nuestros impuestos), sería pertinente tomar en consideración quienes, en concreto, serán los beneficiarios, más allá de la demagogia populista de "los pueblos que mueren de sed". En este sentido, no olvidemos que en un acto previo, el PP, con el apoyo de CiU, reformó la ley de Aguas para liberalizar los mercados de aguas públicas, lo que abre un nuevo escenario en el que se preparan suculentos negocios en todo el litoral mediterráneo. En concreto, los mercados de aguas urbano-turísticas en alta (gestión de aguas urbanas), arrancando de esas 30 ptas./m³ bajo subvención, podrán subir hasta las 70-90 ptas./m³ de la desalación. Ciertamente, es un buen negocio, coherente con el contexto de desgobierno e insostenibilidad que impera, tanto en materia urbanística como de regadíos ilegales y "alegales"; desgobierno responsable de ese llamado déficit estructural que pretende justificar la política trasvasista en nom-bre de una pretendida solidaridad de los territorios menos desarrollados para con actividades especulativas en los más desarrollados.

No menos graves prometen ser los impactos ambientales de este faraónico plan. Por un lado, en torno a un centenar de nuevos grandes embalses amenazan pueblos, valles y parajes naturales de singular valor. El Recrecimiento de Yesa, Biscarrués y Santaliestra, en el Pirineo aragonés, con cientos de familias a punto de ser sacadas de sus casas a punta de pistola, como en los mejores tiempos del franquismo, ya suscitaron recientemente una huelga general regional sin precedentes en Europa, que curiosamente fue silenciada en los medios de comunicación.

El delta del Ebro, el segundo patrimonio en biodiversidad de la Península, tras Doñana, se hunde a razón de 3 mm/año (el mar crecerá a otros 3 mm/año, por cambio climático y fusión de masas polares), por falta de sedimentos, y se saliniza, mientras sus caudales se degradan por contaminación, amenazando en estiaje situaciones de colapso biológico. En estas condiciones, los informes de la Universitat de Barcelona recomiendan desterrar la caracterización de cuenca excedentaria y la introducción de modernos criterios de gestión de sedimentos que exigirían crecidas controladas que al tiempo permitirían fertilizar las degradadas pesquerías de costa y las potencialidades marisqueras.

En este contexto, las movilizaciones ciudadanas son importantes. Es necesario exigir un debate público serio y riguroso. Permitir al Gobierno esta política de hechos consumados, antes de que se trasponga la directiva marco de aguas recientemente aprobada en Bruselas, que, por cierto, entra en flagrante contradicción con este plan, sería una grave irresponsabilidad histórica.