El II Congreso Ibérico sobre Planificación y Gestión de Aguas, celebrado en Oporto entre los días 9 y 12 de Noviembre del 2000 ha centrado sus debates sobre la Directiva Marco de Aguas recientemente aprobada en la Unión Europea. Se han presentado 24 ponencias centrales y 130 comunicaciones libres, algunas presentadas oralmente y otras en pósters.

Se valora la actual coyuntura del debate que se inició en el I Congreso de Zaragoza en pro de la Nueva Cultura del Agua, como especialmente interesante. La reforma de la Ley de Aguas en España, liberalizando opciones de mercado de derechos concesionales, la firma del Convenio Luso-Español, la elaboración y aprobación de Planes de Cuenca en Portugal y la reciente presentación del proyecto de Plan Hidrológico Nacional en España, constituyen el
apretado conjunto de acontecimientos que se agolpan durante estos dos últimos años y que 
contextualizan el debate sobre la citada nueva Directiva Europea. Hoy puede afirmarse que los planteamientos y conclusiones del I Congreso, no sólo se demuestran acertados y válidos para guiar las soluciones que los nuevos tiempos y el reto de impulsar un nuevo modelo de Desarrollo Sostenible exigen, sino que representan un polo de referencia esencial en el creciente debate cientifico-técnico y social que hoy existe tanto en España como en Portugal.

Estructuraremos estas conclusiones en los siguientes puntos:
 

• La aprobación de la Directiva Marco ha supuesto la ratificación de los principios y criterios de gestión presentados como las claves de la Nueva Cultura del Agua en el I Congreso. En definitiva queda sancionada en el ámbito de la legislación europea la necesidad de girar desde las tradicionales políticas “de oferta”, en base a las grandes obras hidráulicas subvencionadas, hacia un nuevo enfoque no estructuralista, basado en estrategias de gestión de la demanda y de conservación de la calidad ecosistémica de ríos, acuíferos y humedales. La Directiva establece inequívocamente la necesidad de desarrollar la gestión desde el ámbito de cada cuenca hidrográfica, lo que exige, en el caso de las cuencas compartidas internacionalmente, la superación de las fronteras para promover la elaboración de planes de cuenca coherentes.

• La Directiva establece el objetivo de recuperar el “Estado Ecológico” de ríos y humedales, lo que significa garantizar, desde criterios no sólo fisico-químicos, sino biológicos, la salud de los ecosistemas hídricos y de sus entornos. La Directiva exige la integración de deltas, estuarios y litorales en la gestión de cuencas, dando máxima relevancia a los impactos que se pueden generar sobre los ricos ecosistemas de estas zonas, que generalmente albergan las más altas cotas de riqueza biológica, con sus correspondientes costes socioeconómicos directos e indirectos. Se urge a las administraciones portuguesa e española a establecer un programa urgente de investigación sobre la medida del estado ecológico de ríos, lagos, humedales, estuarios, deltas y zonas costeras de forma coordinada entre ambos países. Urge igualmente el establecimiento de protocolos de muestreo homologados para ambos países, así como el establecimiento de una red de estaciones de referencia de ecosistemas en buen estado ecológico.

• El Convenio Luso-Español, aún siendo positivo, en la medida que supone una voluntad de acuerdo y respeto entre ambos Gobiernos, resulta claramente insuficiente desde la nueva  perspectiva que aporta la Directiva. El objetivo de elaborar Planes Hidrológicos en cada cuenca compartida exige revisar los planes existentes en uno y otro país diseñados desde criterios parciales, para abrir un proceso coherente en el ámbito de toda la cuenca con amplia participación de las poblaciones de la cuenca de uno y otro país. En concreto, es preciso superar el enfoque de caudales medios del actual Convenio para establecer condiciones adecuadas de caudales diarios, semanales, mensuales y anuales, al tiempo que referir las condiciones de garantía en años secos, medios y húmedos. Es necesario considerar el análisis de valores de ordenación territoriales, ambientales, sociales y económicos en la perspectiva de garantizar la seguridad ambiental.

• El proyecto de Plan Hidrológico Nacional Español (PHN) con sus más de cien nuevos embalses y la previsión de grandes trasvases, entra en contradicción general con el enfoque que exige la Directiva Marco, en la medida que promueve una estrategia de oferta subvencionada en lugar de promover estrategias de gestión de la demanda y de conservación de la calidad de las aguas y de la salud de los ecosistemas hídricos.

• Los trasvases del Ebro previstos en el proyecto de PHN están motivando la construcción de nuevos grandes embalses en el Pirineo que, pretextados para nuevos grandes regadíos que el propio plan reconoce como inviables, servirían como base de la regulación plurianual que estos grandes trasvases exigen. Los impactos sobre los últimos ríos que mantienen su estado ecológico natural y sobre las poblaciones que serían desplazadas, entra en contradicción con la Directiva Marco.

• Estos trasvases supondrían graves impactos sobre el Delta del Ebro, en proceso actualmente de grave degradación por falta de aflujos sedimentarios, recesión de caudales y contaminación. Hoy los procesos de subsidencia, salinización y eutrofización no sólo ponen en peligro los ricos ecosistemas deltaicos (el segundo territorio en biodiversidad tras Doñana) sino la propia existencia del Delta. En este sentido, y desde la coherencia de la Directiva Marco, resulta temerario valorar que existan caudales excedentarios en el Ebro susceptibles de ser trasvasados.

• La caracterización del llamado “déficit estructural” en algunas cuencas y zonas que se hace en proyecto de PHN, exigiría como cuestión previa la implantación efectiva de la ley, acabando con la generalizada extensión de nuevos regadíos y pozos ilegales que están produciendo graves procesos de sobreexplotación y degradación de ríos y acuíferos. Por otro lado resulta esencial abordar la elaboración y aplicación de planes de ordenación territorial y urbanísticos sostenibles que acoten el crecimiento de los negocios urbano-turísticos y agrarios, que suscitan una espiral insostenible de demandas.

• La precipitación del Gobierno Español reduciendo plazos para aprobar el PHN y la falta efectiva de medios para articular un verdadero debate cientifico-técnico y ciudadano, suponen una grave contradicción respecto al espíritu y la letra de la Directiva. La posibilidad de que esta premura sea parte de una política de hechos consumados resulta alarmante por cuanto podría hipotecar los objetivos de la Directiva.

• La aplicación de la Directiva exige incluir medidas de control que garanticen que el tiempo de transición sea de aproximación a los objetivos de la Directiva desde sus enfoques y criterios de gestión, y no un tiempo en el que puedan ignorarse esos criterios poniendo en peligro los citados objetivos.

• Por otro lado, es urgente asegurar la integración coherente de las políticas ambientales, agrarias y de aplicación de fondos comunitarios respecto a la Directiva Marco. Especial atención merecen los fondos de cohesión que en forma alguna deberían servir para financiar desde los planes hidrológicos actuales proyectos que entren en contradicción con la Directiva Marco u otras directivas medioambientales (directiva Hábitats y Directiva Aves). La implantación de la Directiva Marco exige un cambio en profundidad del precepto jurídico del “Interés General”, adecuando el mismo a los nuevos objetivos derivados del paradigma del Desarrollo Sostenible.

• Todos estos cambios exigen reformas institucionales en profundidad que permitan gestionar las cuencas internacionales, y que permitan integrar el nuevo enfoque pluridisciplinar que plantea la Directiva superando la falta de medios materiales, humanos y de especialización en los campos que demandan los nuevos modelos de gestión.

• En lo que se refiere a los mercados de aguas en el Congreso se han defendido enfoques contradictorios. Desde la premisa de consenso que deben concretarse normativamente las restricciones que el Desarrollo Sostenible y los objetivos ambientales previstos en la Directiva impongan a los usos de ríos y acuíferos, se han presentado trabajos en los que se defiende la acción libre del mercado como forma de gestión a desarrollar, mientras por otro lado se han presentado otros enfoques que enfatizan la insensibilidad del mercado a trascendentales valores sociales, ambientales y de ordenación territorial que están en juego.

• Se considera que el criterio de la recuperación integra de costes y la integración de valores de oportunidad en circunstancias de escasez planteados por la Directiva, quedan enunciados de forma excesivamente ambigua y dependiente de la voluntad de los respectivos gobiernos, lo que puede a la postre desactivar su aplicación efectiva. Seria preciso al respecto concretar metodologías rigurosas de evaluación y asignación de costes, estimación de valores de oportunidad y estrategias tarifarias o de precios que permitan incorporar progresivamente estos criterios de racionalidad económica con la adecuada sensibilidad social.

• En cualquier caso se generó amplio consenso a la hora de valorar críticamente la liberalización de mercados en el ámbito descontrolado de derechos concesionales y de propiedad que rige actualmente en España, lo que, sin duda generará sesgos especulativos que, lejos de hacer converger las demandas a valores de equilibrio, dispararán más las espirales insostenibles actuales.

• Respecto a los objetivos de control de la contaminación, la Directiva vuelve a ser ambigua en cuanto a la obligatoriedad de aplicar con rigor el principio de que “quien contamina paga”.

• En cuanto a aguas urbanas, se insiste en la necesidad de distinguir el uso de boca como alimento respecto al resto de usos domésticos, comerciales o industriales. El agua como alimento debe de llevar a proveer aguas de absoluta garantía para la salud, superando las incertidumbres y riesgos que hoy inevitablemente comportan las redes urbanas, motivando la necesidad de valorar como patrimonios públicos de alto valor las aguas fósiles y los acuíferos con altas garantías de calidad.

• La educación ciudadana por una Nueva Cultura del Agua basada en el ahorro, la eficiencia y el respecto a nuestros ríos y patrimonios de naturaleza, es y será una de las prioridades en las que se debe perseverar en todos los ámbitos sociales.

• La Directiva formula insistentemente la necesidad de desarrollar la participación ciudadana en materia de gestión de aguas superando el concepto tradicional estrecho de usuario (regantes, hidroeléctricos...). Al respecto se constata la falta de una verdadera participación ciudadana en al gestión de aguas, tanto en España como en Portugal. Hoy es preciso desarrollar estrategias de comunicación y participación que integren a los diversos colectivos sociales que de forma creciente y con discursos cada vez más consistentes reclaman su incorporación a la toma de decisiones en la gestión de aguas.