Si el nuevo milenio se presenta modelado por determinados referentes civilizatorios ligados a la idea de Sociedad Europea de la Información, sucesos tales como con el que nos despertamos el pasado 3 de enero de 2001 (‘Doce ecuatorianos mueren al ser arrollados por un tren en Murcia’ era el titular de un periódico de tirada estatal), muestran el reverso tenebroso de la ‘nueva economía’. Y a Murcia le ha tocado jugar en ese lado de horror a raudales. De repente se descubre una región reproduciendo prácticas laborales de sobreexplotación e ilegalidad que nos sitúan en las antípodas del modelo de civilización al que decimos pertenecer. 

Esto es la Murcia del Siglo XXI: un territorio donde la economía sumergida y las relaciones de trabajo más intensivas y sobreexplotadoras deterioran las condiciones de vida de muchas personas y erosionan sus derechos de ciudadanía. Esto es la Huerta de Europa: una agricultura a la californiana –por el uso masivo e intensivo de categorías sociolaborales vulnerables (mujeres e inmigrantes)- aderezada con prácticas sicilianas -por el recurso frecuente a la economía negra, a la irregularidad laboral y a la contratación de trabajadores inmigrantes indocumentados-. Los topónimos que vamos conociendo del mapa de la Huerta de Europa han de llevarnos a la urgente reflexión, dada su lúgubre configuración: viviendas ruinosas donde se hacinan los inmigrantes magrebíes en el Campo de Cartagena; mujeres de las conserveras de Cieza y Archena que consumen Nolotil y otros estimulantes para aguantar los ritmos de trabajo; furgonetas sobrecargadas de trabajadores hacinados en su interior que circulan entre las explotaciones agrícolas, predispuestas a accidentes con trágicos efectos; agresiones racistas contra trabajadores inmigrantes como las ocurridas en El Ejido y en menor escala en el campo murciano; trabajo infantil; cocheras de economía sumergida donde se limpian las alcachofas en las Torres de Cotillas o El Sabinar de Moratalla; etc.

       Hoy sabemos que el recorrido de un brócoli desde el campo a las estanterías de un supermercado londinense deja atrás un reguero de sudor, sangre e indignidad. Hemos llegado a este extremo, y no atender a la urgente necesidad de replantear las bases sociales del modelo agroindustrial existente en la región murciana es perpetuar una serie de situaciones como las que hemos visto estos días, que ni son nuevas -pues ya han sucedido en otras ocasiones- ni se resuelven con cuatro decisiones coyunturales, pues como defenderé en este artículo, existe una lógica estructural subyacente a estas situaciones, que las explica y determina. Es precisamente la lógica estructural de las relaciones de trabajo del campo murciano lo que requiere ser abordado, pues de lo contrario, pasado mañana podemos encontrarnos con otro titular periodístico absolutamente deplorable que obligue a la Unión Europea a abrir una investigación para evaluar en qué condiciones se recolecta el tomate que consumen sus eurofuncionarios.

       La historia del éxito de la agricultura exportadora murciana es la historia de la presencia de un suministro continuo de mano de obra barata. Si anteayer eran gitanos, andaluces o manchegos, después fueron mujeres, y finalmente inmigrantes procedentes de países subdesarrollados. Primero llegaron marroquíes, y cuando estos trabajadores habían obtenido ciertas (raquíticas) conquistas laborales, las estrategias empresariales optaron por trabajadores ecuatorianos y procedentes de los Países del Este, para segmentar aún más el mercado de trabajo, y perpetuar la precariedad laboral. La presencia de una bolsa de trabajadores inmigrantes indocumentados garantizaba una mano de obra extremadamente disciplinada y muy barata. Incluso se llegó a aplicar una auténtica clasificación sustancialista de los trabajadores inmigrantes en función de ‘cualidades’ laborales diferenciadas étnicamente. Así un discurso empresarial, con ecos en instancias políticas, empezó a imponerse. Básicamente ese discurso plantea que la mano de obra marroquí es ‘conflictiva’, ‘improductiva’, etc., y se muestra una inusitada preferencia por los inmigrantes ecuatorianos y de los países del Este (‘son más disciplinados’, ‘más trabajadores’, etc.). La atribución de actitudes laborales a individuos en función de su etnia o nacionalidad es racismo puro y duro, y en la región murciana estas intenciones se han expresado en medios de comunicación en más de una ocasión. En cualquier caso este tipo de prácticas o discursos ha respondido siempre a la necesidad de perpetuar continuamente una bolsa de trabajo barato y vulnerable. El accidente de la furgoneta de Lorca no ha sido un hecho episódico. Ha puesto en evidencia, al igual que lo hiciera El Ejido hace unos meses, la existencia de un específico régimen de explotación, marginación y segregación de la población inmigrante en los enclaves de agricultura intensiva mediterránea. Manifiesta dramáticamente la enorme concentración de violencia simbólica que late en este régimen de marginalidad del inmigrante. Las sucesivas leyes de extranjería aplicadas en este país desde 1985 hasta la que entra en vigor el 23 de enero del presente año, no han hecho otra cosa que perpetuar esta situación, al modelar un trabajador sumiso, vulnerable, dependiente del laberinto de papeles de la burocracia, con derechos de ciudadanía de excepción, cuando no directamente expulsado de los más mínimos derechos en caso de estar ‘indocumentado’, etc.

       En la agricultura murciana se ha buscado sistemáticamente extinguir la relación laboral directa entre empresa y trabajador. Se trata de apostar por una flexibilidad laboral extrema, y para ello se recurre a toda una serie de subcontratistas o intermediarios, que son con quienes los trabajadores han de arreglárselas. Ese mundo de furgonetas llevando trabajadores de un lado a otro en condiciones deplorables, ese crecimiento repentino de las empresas de trabajo temporal en el campo, responde a una lógica de externalización de la relación de empleo. La empresa se desatiende de la relación laboral, la descentraliza o externaliza. Los contratistas o intermediarios son personas con una prolongada experiencia y antigüedad como obreros agrícolas, que les ha dotado de un amplio bagaje en las reglas del juego del mercado de trabajo agrícola y la posibilidad de establecer redes de reclutamiento de mano de obra. A partir de esa información construyen un poder de control sobre el mercado de trabajo. Ejercen de transportistas y de capataces de la cuadrilla de jornaleros. Son los encargados de mantener la disciplina en el tajo, imponer los fuertes ritmos de trabajo, enseñar a los recién incorporados a la cuadrilla, coordinar la organización de las tareas de trabajo, vigilar el estricto cumplimiento de las formas de trabajo, reclutar la gente de la cuadrilla, etc. Esta lógica de subcontratación hace que los trabajadores manuales tengan una relación laboral muy débil y/o informal con la empresa para la que trabajan, que incluso a veces desconozcan a la ‘empresa-cabeza’, y que obvien sus de por sí raquíticos derechos laborales. La relación de empleo se establece con el encargado. Las condiciones de transporte en las ‘furgonetas’ son bastante deplorables, a menudo abarrotadas de personas por encima del mínimo legal, y también con frecuencia realizan viajes hasta el ‘tajo’ que pueden durar dos o tres horas de tiempo. Esta malla de subcontratas de mano de obra, sobre la que cada vez más se está organizando el suministro de trabajo a la agricultura industrial, recorre con sus furgonetas las carreteras murcianas llevando de un lado para otro trabajadores hacinados en su interior. En caso de accidente, estos trabajadores no tienen ni se les reconoce vinculación formal a empresa alguna. 

       Defiendo que en el sistema de la agricultura industrial hay inteligencia productiva. Hay agricultores, cooperativas, empresas que han desarrollado importantes innovaciones organizacionales y tecnológicas sobre la base de la cooperación productiva. Esta inteligencia y cooperación ha de ser movilizada urgentemente de nuevo para parar la espiral de prácticas sicilianas que domina el campo murciano. Al mismo tiempo la movilización de los trabajadores y su organización es tarea prioritaria para replantear las bases del modelo agrícola, pues solamente desde el disenso y el conflicto se construye el cambio. El silencio y el encubrimiento no conducen a nada.

       He dedicado dos libros, basados en sendas investigaciones sobre el terreno de campo, a entender los procesos que estructuran las relaciones de trabajo presentes en el campo murciano: 1) ‘Del Jornalero Agrícola al Obrero de las Factorías Vegetales’, editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (1999), y 2) ‘Ruralidad Globalizada’, editado en Murcia por Diego Marín Editores (2000). Con este respaldo científico, firmo el presente artículo, y a causa del mismo expreso mi desasosiego ante lo que estos días estoy leyendo en la prensa a raíz del accidente de Lorca. Doce cadáveres de trabajadores inmigrantes no están sirviendo para cambiar nada, y eso es muy grave. Si los políticos supieran leer deberían leer sociología.