El agua es un recurso natural esencial. Su creciente escasez y progresiva contaminación supone uno de los desafíos ecológicos fundamentales para el futuro y, en la actualidad, resulta ya un problema crucial en muchos países del Sur: un tercio de la población mundial no tiene acceso a agua en las debidas condiciones higiénicas, lo que según los informes de la OMS es el origen directo de más de seis millones de muertes anuales. En el futuro, de mantenerse los actuales criterios de gestión del agua, la situación se agravará rápidamente: junto al crecimiento incontrolado del consumo, el cambio climático supondrá una reducción de los recursos hídricos en buena parte del Planeta, en especial en la cuenca mediterránea.

De espaldas a las consecuencias en el Estado español de esa crisis global, particularmente graves dada la realidad geográfica y climática de la península, el PHN del Gobierno supone de nuevo renunciar a una gestión integrada de los recursos hídricos en el conjunto del Estado. Lejos de adoptar medidas que corrijan el uso insostenible del agua en numerosos territorios y preparen un futuro próximo de mayor escasez, la política hidrológica del Gobierno sigue basándose en la oferta, como si contáramos con un acceso ilimitado al agua.
 
En realidad, el documento aprobado no es un Plan Hidrológico Nacional (PHN) sino la justificación de un trasvase. Más allá de la construcción de un centenar de nuevos embalses (sobre los más de 1.000 ya existentes) y la puesta en marcha de otras 26 desaladoras, lo que realmente justifica el Plan y su carácter Nacional es la realización de un trasvase del Ebro, de 1.050 Hm3 de caudal y una longitud de 1.024 Km., que recorre la costa mediterránea desde las Cuencas internas de Cataluña hasta la Cuenca Sur en Almería. Ese trasvase protagoniza el debate de las instituciones y es la principal causa de un rechazo que ha producido la mayor movilización social contra el actual Gobierno de José María Aznar, lo que también explica las prisas en la tramitación parlamentaria del PHN. El propio ministro Jaume Matas, subrayando que lo único innegociable son los 1.050 Hm3 del trasvase del Ebro, demuestra claramente para qué se hizo este Plan.

Por ello, Ecologistas en Acción ha elaborado una crítica al trasvase del Ebro, a la metodología en la gestión del agua que pretende justificarlo y a sus indeseables consecuencias para el futuro, avanzando los criterios básicos para un uso sostenible de los recursos hídricos de la cuenca mediterránea que, entre otras ventajas, prescinde de la construcción de trasvases.

Una metodología insostenible y obsoleta

La planificación hidrológica del Gobierno sigue basándose en una metodología alejada de la realidad y que propicia una política cada vez más costosa, ineficaz e insostenible. En síntesis, se parte de estimar las necesidades de cada cuenca estableciendo el gasto de agua que permite cubrir los usos actuales y previsibles a medio plazo, a continuación se calculan los recursos de agua realmente disponibles en esa cuenca y, finalmente, si los recursos son superiores se declara “excedentaria” la cuenca, si por el contrario los recursos son menores la cuenca sería “deficitaria”. Sobre esa base analítica la “planificación” consiste en superar los “déficit” por medio de la construcción de nuevos embalses, encauzamientos y trasvases y, últimamente, recurriendo masivamente a la desalación. Así, la política hidrológica de los sucesivos gobiernos se resume en el intento de superar, a base de hormigón, la clásica diferenciación entre la “España húmeda” y la “España seca”. Y el resultado, por utilizar su propia terminología, es el constante crecimiento del “déficit” de recursos hídricos, aunque ya seamos el segundo país del mundo en embalses por habitante.

Sólo la constante referencia a unos hipotéticos excedentes de agua trasvasable permite explicar que, en un país como el nuestro, el ahorro en su utilización no haya jugado ningún papel real en la planificación hidrológica. Para hacerse una idea de la dimensión del problema cabe señalar que en 1999, según datos del INE, se perdieron en todo tipo de redes de distribución 5.480 Hm3 de agua, es decir, más de cinco veces el total del caudal que se pretende trasvasar del Ebro.

Lo mismo puede decirse de la escasísima eficiencia en el uso del agua. En la agricultura, que supone el 80% del consumo total, a las pérdidas en conducciones hay que sumar la utilización de técnicas de riego muy ineficaces y la extensión de cultivos que necesitan un gran aporte de agua. Ese derroche es posible por una política de precios (3,3 pta./m3 de media estatal para ese uso, inferior al 10% de su coste real) sólo entendible si se contara con una cantidad inagotable de agua. En cuanto al sector urbano siguen sin desarrollarse suficientemente sistemas de reutilización de aguas residuales depuradas para usos menos exigentes en calidad, y los dobles circuitos o los circuitos cerrados en el sector industrial son todavía una anécdota.

Pero si en el pasado esa gestión del agua nos ha conducido a una situación insostenible, continuarla hacia el futuro es estrictamente imposible. Según los pronósticos más fiables  el Cambio Climático producirá una reducción de los recursos hídricos en la costa mediterránea que puede cifrarse en: –16% en la Cuenca del Ebro; –6% en las Cuencas internas de Cataluña; –22% en la Cuenca del Júcar; –28% en la Cuenca del Segura; –31% en la Cuenca Sur. A esta reducción de recursos habría que sumar el mayor consumo de agua en los cultivos como consecuencia del aumento de las temperaturas y, todo ello, siempre que se garantice un control estricto de las emisiones de CO2 que evite la aceleración en el aumento de las temperaturas. Éste es el escenario al que deberá enfrentarse la política hidrológica en un futuro próximo. En estas condiciones decidir el trasvase de “excedentes” desde la Cuenca del Ebro es una irresponsabilidad manifiesta. 

Por último, queremos adelantar nuestra oposición a la desalación masiva de agua de mar que desde diferentes ámbitos se ha presentado como alternativa al trasvase. Al margen de otras consideraciones e impactos medioambientales, se trata de un proceso con un alto coste de energía conseguida a partir de la combustión de carbón, fuel o gas. Es decir, para desalar agua hay que quemar carbono y producir CO2, lo que acelera el Cambio Climático y reduce los recursos hídricos, obligando a desalar más agua y así sucesivamente. El volumen de emisiones para desalar una cantidad apreciable de agua de mar es enorme (5.500 toneladas de CO2 por Hm3 de agua desalada). 

La crítica del trasvase

Ecologistas en Acción ha realizado una crítica del trasvase contenido en el Plan Hidrológico Nacional que cabe resumir en cuatro aspectos.

1. El trasvase es físicamente imposible 

Siguiendo la metodología anteriormente expuesta, desde el ministerio se ha calculado que la cuenca del Ebro es “excedentaria” en 5.200 Hm3 al año, lo que permitiría realizar el trasvase asegurando el mantenimiento del “caudal ecológico”  del río fijado en 3.154 Hm3. Otras estimaciones más realistas sitúan en 11.600 Hm3 el caudal de agua necesario para sostener todas las funciones de la cuenca del Ebro y del Delta, incluidas las medioambientales. Es decir, desde hoy mismo el trasvase sólo es posible a costa de graves consecuencias para la cuenca “donante”.

Pero incluso aceptando las cifras del Ministerio, en un plazo de tiempo inferior al periodo de amortización del trasvase, el resultado será inevitablemente el mismo. Suponiendo un aumento de la temperatura de 1,6ºC en el año 2050 y aplicando el criterio utilizado en el Libro Blanco del Agua (Ley Budyko), el resultado obtenido supone que el caudal del Ebro se reducirá en 4.220 Hm3 para el año 2040, y en 6.394 Hm3 para 2060. Luego, de mantenerse la actual política hidrológica, el futuro inmediato del Ebro es convertirse en un río “deficitario”. Lo peor vendrá cuando se constate que es imposible trasvasar un agua inexistente, pero el enorme gasto económico y los costos sociales y medioambientales del trasvase serán irreversibles.

Los resultados en las cuencas “receptoras” tampoco serán mejores. Está demostrado que la posibilidad de realizar un trasvase dispara la demanda en las cuencas supuestamente beneficiadas, por encima de la cantidad de agua que puede llegar. En este sentido, cabe señalar que recientemente el Gobierno de la Región Murciana ha desprotegido 11.000 hectáreas de espacios naturales, cuyo uso sólo puede ser la nueva urbanización o el aumento del regadío. Igualmente, durante el año 2000, el Seprona puso en la Región Murciana y las provincias de Alicante y Almería, 72, 8 y 51 denuncias, respectivamente, por roturación de zonas de monte para transformarlas en regadío, a lo que debe añadirse la transformación de cultivos de secano en regadio.

Por último, resulta obligado referirnos a la experiencia del trasvase Tajo-Segura. En la actualidad el Ministerio sigue considerando “excedentaria” la cuenca del Tajo en 2.500 Hm3 anuales, pero del trasvase calculado para 600 Hm3 al año únicamente ha conseguido enviar una media de 300 Hm3 anuales y es previsible que ese volumen tienda a disminuir en los proximos años. Hoy la situación de la Cuenca del Segura es indiscutiblemente peor que antes del trasvase. En lugar de corregir una gestión del agua a todas luces insostenible, el Gobierno ha decidido que esa cuenca sea la principal receptora del trasvase del Ebro con un total de 450 Hm3 anuales. Las graves consecuencias de esa decisión no tardarán en notarse.

2. El trasvase es económicamente inviable

La Ley de Aguas y la Directiva Marco Europea obligan a la recuperación del total de la inversión pública realizada en el trasvase, a través del cobro a los usuarios de una tarifa por m3 de agua consumida. La mayor parte del Estudio Económico del PHN se dedica a fijar ese precio. En su cálculo hay algunos costos que simplemente no se contabilizan (como la construcción de embalses y encauzamientos necesarios para el trasvase), otros se fijan arbitrariamente bajos (como los costos sociales y de compensación ecológica) y finalmente, en contra de lo que dictaría el sentido común, se considera que todos los años podrá realizarse el total del trasvase. A partir de estas premisas se establece un precio medio de 52 pta./m3 de agua trasvasada, para un periodo de amortización de 50 años. Un estudio  que parte de una estimación moderada del conjunto de costos, establece un precio medio real superior a las 100 pta./m3. Por último, el propio estudio del PHN termina reconociendo que la tasa de recuperación de la inversión pública se situará alrededor del 25%, en el mejor de los casos.

Pero incluso a 52 pta./m3 las cuentas siguen sin salir, porque ese precio supone triplicar el más elevado que se paga hoy en las cuencas receptoras (15,3 pta./m3 de media en Murcia) y no está al alcance de la mayor parte del regadío de la costa mediterránea, que dejaría de ser rentable. Para evitarlo el Estudio Económico propone diferenciar el precio según los usos, es decir, multiplicar el precio del uso urbano en favor del agrícola. Por otra parte, establecer un precio medio ponderado, independiente de las diferencias en el costo de acceso al agua en los distintos tramos del trasvase, significa favorecer unos territorios frente a otros, por ejemplo: Un regante de Castellón paga por su agua una parte del precio de llevar agua hasta Almería, aunque su regadío sea menos rentable.

En suma, el trasvase no es viable económicamente, para realizarlo el Gobierno deberá saltarse la legislación española y europea, renunciando a la recuperación de la inversión pública. De igual forma deberá establecer, por medio de los precios, fórmulas más o menos encubiertas de subvención que permitan trasvasar el agua que se pueda a precio de saldo, lo que no es precisamente un mecanismo que incentive el ahorro, sino que alentará un uso cada vez más insostenible del agua.

3. El trasvase tiene graves consecuencias sociales

Supone un paso más en la estrategia que focaliza el desarrollo en algunas grandes ciudades y el llamado eje mediterráneo, mientras amplias zonas del interior van siendo progresivamente abandonadas, dejan de recibir inversiones públicas y ven reducirse sus servicios sociales. En particular, nuevos pueblos se sumarán a los más de 500 ya inundados en España, con ellos desaparecerán valles, bosques, ríos, distintos enclaves de interés histórico y arqueológico y, sobre todo, otros miles de personas serán víctimas directas de un modelo de desarrollo deshumanizado e insostenible.

Pero es en las zonas teóricamente beneficiadas donde las consecuencias serán más graves. Los 400 Hm3 trasvasados para usos urbanos suponen el asentamiento de al menos otros 3,5 millones de residentes permanentes en la costa mediterránea, lo que tendrá consecuencias inmediatas en las condiciones de habitabilidad y en la degradación del mercado turístico.

Por otra parte, el aumento del regadío que se producirá y su repercusión sobre los precios agrícolas pondrá a miles de pequeños y medianos agricultores en una situación crítica, intensificando el proceso de sustitución o absorción por grandes empresas, ligadas a la industria agroalimentaria y otros capitales. Incentivará las “prácticas competitivas” que han llevado a algunas de esas zonas más allá de cualquier límite de sostenibilidad, como la sobreexplotación de los recursos hídricos (degradación del Júcar y el Segura y salinización de los acuíferos). Es el modelo que desarrolla una agricultura extraordinariamente agresiva en la utilización de fitosanitarios y fertilizantes, que producen una contaminación irreversible y deja el terreno devastado e inutilizable. La rentabilidad tiene también su origen en el recurso sistemático a la mano de obra inmigrante “ilegal”, que se ve obligada a aceptar salarios miserables, carece de cualquier derecho y en muchos casos vive en condiciones infrahumanas.

En realidad, a poco que se analice, los únicos beneficiarios del trasvase serán las constructoras, las compañías eléctricas, algunos promotores urbanísticos y los grandes regantes.

4. El trasvase tiene un gran impacto medioambiental

En su redactado, tramitación y realización se infringen las directivas de Hábitat y de Aves de la Unión Europea, afectando a 54 Zonas de Especial Protección de Aves y 80 zonas propuestas como Lugares de Importancia Comunitaria, todas ellas incluidas en la Red Natura 2000. Producirá el deterioro de distintas zonas húmedas, en particular el Delta del Ebro (el segundo humedal en importancia de Europa), por la reducción de los aportes de agua y caudal sólido que implicarán los embalses y el trasvase, con graves consecuencias sobre su equilibrio ecológico, la dinámica litoral y el mantenimiento de recursos como las playas y pesquerías de la zona. 

Igualmente se producirá el deterioro de los ecosistemas de ribera, resultando especialmente afectada la fauna piscícola peninsular por la alteración de su hábitat, el efecto barrera de los embalses y la introducción de especies foráneas. Por último, cabe señalar que la reurbanización de la costa y la construcción de nuevas infraestructuras que acarrea, tendrá los consabidos impactos ambientales negativos.

A continuación, vamos a exponer las alternativas que Ecologistas en Acción propone al gran trasvase desde el Bajo Ebro hacia la costa mediterránea, propuesto en el Plan Hidrológico Nacional (PHN). Para ello, nos basamos, fundamentalmente, en los datos técnicos aportados desde el propio Ministerio de Medio Ambiente, tanto en el Libro Blanco del Agua como en la documentación técnica que acompaña al PHN.

En el PHN se contempla, aparte del trasvase, la realización de una serie de actuaciones encaminadas a fomentar el ahorro y mejorar la eficiencia en la utilización del agua. Es importante señalar que el presente documento se cuenta ya con la adopción de esas medidas. Por tanto, la alternativa que a continuación se describe consiste en la realización y adopción de otras actuaciones y medidas no contempladas en el PHN, y que, como se verá, harían innecesaria la realización del trasvase.
 

Alternativa al trasvase desde el bajo Ebro a la costa mediterránea.

En el artículo 13 del PHN, se autorizan las siguientes trasferencias:

• La transferencia de un volumen anual de hasta 190 Hm3, con origen en el Bajo Ebro y destino en el ámbito territorial del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña.

• La transferencia de un volumen anual de hasta 315 Hm3, con origen en el Bajo Ebro y destino en el ámbito territorial del Plan Hidrológico del Júcar.

• La transferencia de un volumen anual de hasta 450 Hm3, con origen en el Bajo Ebro y destino en el ámbito territorial del Plan Hidrológico del Segura.

• La transferencia de un volumen anual de hasta 95 Hm3, con origen en el Bajo Ebro y destino en el ámbito territorial del Plan Hidrológico del Sur.

Cuencas Internas de Cataluña

Como ya se ha señalado, en el PHN se prevé una transferencia de 190 Hm3 para esta cuenca. Sin embargo, según la propia documentación técnica del PHN “el diagnóstico de la situación actual se resume en la ausencia de fallos de garantía”, por lo que se reconoce que hoy no sería necesario el trasvase, basándose éste en el crecimiento de la demanda que se prevé en el abastecimiento de la región metropolitana de Barcelona.

Consideramos que dicho crecimiento de la demanda está sobredimensionado y no va a corresponderse con la realidad, al estimarse un crecimiento de la demanda de un 23% para el año 2025. De hecho, esta previsión contrasta con lo que ocurre en otras grandes conurbaciones de nuestro país, donde en los últimos años el consumo se ha estabilizado o, incluso, ha disminuido.

De todas maneras, y aún no reconociendo esa previsión de crecimiento en el consumo, se pueden llevar a cabo una serie de actuaciones que incrementarían los recursos hídricos disponibles, eliminando la sobreexplotación de acuíferos, garantizando el abastecimiento y asegurando unos caudales ambientales adecuados para los ríos. No hay que olvidar que en esta zona la mayor parte del consumo va dirigido al abastecimiento urbano e industrial, que produce un retorno aproximado del 80%.

En este sentido, se propone adoptar las siguientes medidas:

Reasignación de recursos, empleando el agua de calidad utilizada en los regadíos para abastecimiento, sustituyéndola por agua reciclada, procedente de las depuradoras de aguas residuales. De esta manera, podrían obtenerse como mínimo unos 19 Hm3 anuales.

Reutilización de aguas residuales para el riego de parques, jardines y calles, estimándose aproximadamente en un 10% del consumo. Actualmente se está realizando parcialmente en Barcelona, pero apenas se usan esta aguas en los grandes municipios del entorno metropolitano. Esta medida podría aportar al menos unos 15-20 Hm3 anuales.

Actuaciones previstas en el anteproyecto de Agenda Local 21 de Barcelona, actualmente en fase de discusión ciudadana. En él se propone reducir en 28 Hm3 anuales las actuales demandas de la ciudad a la red de suministro, tan sólo mediante el aprovechamiento para riego y baldeo de aguas subterráneas infrautilizadas (8 Hm3), la potabilización del freático de mejor calidad por parte de Aguas de Barcelona (15 Hm3), la reutilización de aguas depuradas (4 Hm3), y el inicio del aprovechamiento de las aguas pluviales (1 Hm3). 

Construcción de la depuradora del Prat del Llobregat. Esta depuradora, cuya construcción está prevista en el PHN, aportaría un volumen anual de efluente de al menos 200 Hm3 anuales, pudiéndose emplear esos recursos para recargar el acuífero del Delta del Llobregat, que podría después utilizarse en el abastecimiento urbano, o emplearlo en el abastecimiento industrial, especialmente en la industria situada en la zona del Baix Llobregat. Asimismo, podría remontarse agua hasta Sant Boi, y aportar al Llobregat los caudales ambientales que necesita en su tramo bajo. Lógicamente, la depuradora debería contar con tratamiento terciario. 
El Plan de Saneamiento de la Generalitat de Catalunya, ya en marcha, permite depurar 693 Hm3 anuales, de los que sólo un 4% tienen un aprovechamiento posterior. La propia Junta de Saneamiento considera en sus publicaciones oficiales que un 41% es reaprovechable, lo que asciende a 283 Hm3 anuales, que se podrían reutilizar para riegos u otros usos si tuvieran un tratamiento terciario adecuado.

Ahorro en la industria. El consumo industrial anual del área de Barcelona es de 156 Hm3 anuales. Sin embargo, según el Instituto Catalán de la Energía, dependiente de la Generalitat de Catalunya, podría conseguirse un ahorro de hasta un 30%, lo que liberaría también varias decenas de hectómetros cúbicos anuales de agua.

Ahorro en los hogares. La Generalitat de Catalunya sobrestima, tanto el crecimiento de la población previsto para los próximos años, como el gasto de agua en los hogares. En concreto, si tenemos en cuenta, aparte del consumo doméstico, el comercial, el de servicios, el municipal y las pérdidas en las redes de distribución, el consumo previsto se elevaría a 300 litros por habitante y día. Entendemos que esta cifra es exagerada, siendo más real la de 250 litros por habitante y día (incluyendo todos los consumos mencionados, aparte del doméstico). 

Estimamos que el consumo puramente doméstico debería situarse entorno a los 150 litros por habitante y día. Además, ha quedado plenamente demostrada la eficacia de las campañas de sensibilización ciudadana encaminadas a reducir el consumo de agua en los hogares. Por ejemplo, tenemos el caso de la Comunidad de Madrid, donde la campaña de sensibilización ciudadana que llevó a cabo el Canal de Isabel II durante la sequía de 1990 a 1995, produjo un ahorro neto en el consumo de los ciudadanos de aproximadamente un 10%. Por cierto, en este caso el consumo no se recuperó una vez finalizada la época de sequía, a pesar de los mensajes subliminales que mandaba el Canal de Isabel II a través de los medios de comunicación –anunciando que “la sequía había terminado”–, claramente dirigidos a la “recuperación” del consumo. 

En este sentido, una campaña de ahorro y sensibilización ciudadana realizada en la región metropolitana de Barcelona, podría conseguir una reducción en el consumo doméstico cuanto menos similar a la obtenida en la Comunidad de Madrid. 

El hecho de que el abastecimiento urbano en el área de Barcelona lo realice una empresa privada, hace que esta campaña debiera ser realizada desde la Agencia Catalana del Agua, recientemente creada por la Ley de Aguas 6/1999 aprobada por el Parlamento de Cataluña, pues resulta un contrasentido que una empresa privada promueva una reducción de sus ventas y, por tanto, de sus beneficios económicos.

Fomento del establecimiento de la separación de las aguas pluviales y residuales en los nuevos crecimientos urbanísticos, así como del establecimiento de una doble red para el riego de jardines privados y otros usos con aguas recicladas procedentes de depuradoras. Los crecimientos en el consumo se están produciendo principalmente en la corona metropolitana, debido sobre todo a la tipología constructiva, siendo muy elevado el porcentaje de viviendas unifamiliares con jardín. Son estos jardines el principal consumo de la vivienda, pues un metro cuadrado de césped consume del orden de 1.500 litros de agua al año. De hecho, un estudio realizado por Ecologistas en Acción en un municipio de la Comunidad de Madrid, mostró cómo las viviendas unifamiliares con jardín (en general, de reducidas dimensiones) consumían anualmente más del triple de agua que los pisos y las viviendas unifamiliares sin jardín. 

En este sentido, si se obligase en los nuevos crecimientos urbanísticos al establecimiento de una doble red de distribución, empleando aguas residuales depuradas para el riego de los jardines de las viviendas unifamiliares y otros usos como las cisternas del inodoro, se conseguiría paliar ostensiblemente el crecimiento del consumo en los nuevos crecimientos. El Atlas Ambiental del Área Metropolitana de Barcelona estima, por ejemplo, que las descargas de los inodoros representan un consumo mínimo de 5 m3 por persona y año, y ascienden a 20 Hm3 en el conjunto del área metropolitana. Los sistemas de cisterna con doble tecla y bajo flujo podrían reducir ese consumo a la mitad, mientras que los sistemas de doble red podrían suministrar aguas reutilizadas para diversas funciones.

Recogida de aguas pluviales en cisternas. En algunas zonas catalanas con alto riesgo de inundación por precipitaciones otoñales, como la comarca del Maresme, donde el PHN prevé seguir canalizando y cubriendo arroyos (las rieres catalanas) con hormigón, debería considerarse una prioridad absoluta la recogida de aguas pluviales en cisternas, tanto en las casas unifamiliares como en los invernaderos agrícolas y los polígonos industriales. Según el Atlas Ambiental del Área Metropolitana, la población residente sometida a un alto riesgo de inundación aumentó un 23% en el Maresme entre 1981 y 1991, pasando de 253.477 a 312.163 personas. Si se añaden las zonas del Besós y el Llobregat con residencias en zonas inundables, la población expuesta ha aumentado un 15%, pasando de 1.219.791 a 1.396.053 residentes. Además de laminar avenidas y prevenir riesgos evitables, una política decidida de captación de aguas pluviales en superficies impermeabilizadas aportaría unos recursos hídricos suplementarios de calidad.

Caudal ecológico del Ter. La problemática del caudal ecológico del Ter no puede separarse de la presencia de minicentrales que derivan los caudales. Los 3 m3/seg, actualmente previstos por la legislación que deberían circular por el bajo Ter harían que el río tuviera una calidad ecológica aceptable. Si esto no ocurre es debido a las minicentrales que derivan el agua. Esta situación se solucionaría regulando las extracciones de las minicentrales y fijando un caudal mínimo al río en cada tramo.

Oferta pública de compra temporal de agua. Si además de todos esos recursos no convencionales disponibles aún se considerase necesario aumentar la garantía de suministro de las zonas urbanas en las Cuencas Internas de Cataluña, en previsión de unos ciclos futuros de sequía más pronunciados y prolongados que los actuales debido al cambio climático –aunque, según las previsiones, no parece que en esta área vayan a producirse reducciones importantes de los recursos hídricos por esta causa–, existiría la posibilidad de establecer, como recurso puntual y extraordinario, una oferta pública de compra temporal de agua por parte de la Agencia Catalana del Agua de un porcentaje de las dotaciones de riego más cercanas a las poblaciones con dificultades de abastecimiento de agua de boca. Eso podría hacerse con unos precios públicos y unas garantías legales que ayudasen a los propios regantes a invertir en mejorar la eficiencia futura de sus propios regadíos.

Como hemos mostrado, con la adopción de las medidas propuestas se garantiza sobradamente las demandas actuales y futuras de la región metropolitana de Barcelona, la recuperación de los acuíferos, y los caudales ambientales de los ríos Ter y Llobregat, sin necesidad de realizar ningún tipo de trasvase, ni del Ebro ni del Ródano.

Cuenca de Júcar

Del trasvase del Bajo Ebro hacia la costa mediterránea se pretenden aportar 315 Hm3 anuales a la cuenca del Júcar, con el objetivo de solventar unos supuestos déficit. 

Ecologistas en Acción entiende que lo primero que habría que hacer en la cuenca del Júcar es frenar el crecimiento de la demanda, pues la puesta de nuevas tierras en regadío no ha cesado en los últimos años. De hecho, en el País Valenciano, tan sólo la superficie de cítricos se ha incrementado, desde 1989 hasta el pasado año 2000, en 34.000 ha. A ello podemos añadir que ya en este momento, ante la expectativa de llegada de aguas del Ebro, las organizaciones agrarias exigen que se prevea dotación de agua para dar un llamado riego de apoyo a la mayor parte de los cultivos de especies leñosas del secano valenciano. Esta espiral incontrolada de demanda agraria, tanto la que ya se está produciendo como la que se adivina, se ha disparado también en lo que se refiere al consumo de abastecimientos urbanos debido a la incesante construcción de urbanizaciones de carácter turístico.

Estas actuaciones están produciendo daños ambientales muy graves pues, por una parte, están suponiendo la destrucción de la vegetación natural y su sustitución por campos de cultivo. Por otra parte, el crecimiento urbanístico que se está autorizando está prácticamente completando la destrucción del litoral levantino.

Asimismo, si continúa este crecimiento desmesurado de la demanda de agua, el “déficit” actual no dejará de incrementarse, por lo que tanto el trasvase propuesto como la desalación de agua de mar en ningún caso solventarían el problema, que iría agravándose año tras año.

Ecologistas en Acción entiende que la responsabilidad de esta situación de deterioro ambiental progresivo y de que la zona de Levante se sitúe en una situación de cada vez mayor insostenibilidad ambiental, reside plenamente en el Gobierno de la Generalitat Valenciana, que está fomentando tanto el desarrollo urbanístico ligado al turismo, como la creación de nuevos regadíos y, por tanto, favoreciendo el crecimiento desmesurado de las demandas de agua. Una prueba la tenemos en la derogación del artículo 2 de la Ley Forestal Valenciana, que convertía en suelo forestal los terrenos agrícolas abandonados durante más de 10 años, lo que está permitiendo nuevas roturaciones y la puesta en regadío de terrenos agrícolas abandonados, con el consiguiente incremento de la demanda de agua de riego.

De todas maneras, en la Cuenca del Júcar todavía se está a tiempo de modificar esa política medioambiental, social y económicamente insostenible, sin necesidad de tener que llevar a cabo actuaciones que puedan producir un fuerte impacto social y económico, aunque para ello, insistimos, es fundamental que se frene desde ahora el crecimiento de las demandas de agua. En este sentido, parece imprescindible empezar a hablar de una moratoria urbanística en el litoral mediterráneo, como la única medida que puede frenar el incesante crecimiento de la demanda urbana, siguiendo la estela de lo que se plantea ya en el ámbito oficial en algunas zonas de Baleares y Canarias (moratoria al establecimiento de campos de golf en Ibiza, al aumento de camas hoteleras en algunas islas, etc.).

Partiendo del supuesto de que se frenase el crecimiento de las demandas de agua (de hecho, el PHN apunta en esa dirección), los 315 Hm3 del “déficit” existente actual, que se pretenden cubrir mediante el trasvase, podrían perfectamente obtenerse de otras fuentes. A continuación pasamos a especificar algunas de las medidas que se podrían adoptar en este sentido.

Reutilización de aguas residuales. Según la documentación técnica del PHN, actualmente se depuran en la cuenca del Júcar un total de 139 Hm3 anuales, de los que se reutilizan 92,6 Hm3, alrededor de las dos terceras partes del total. Asimismo, se estima que esa reutilización podría elevarse en un futuro en 9,7 Hm3 más, alcanzando los 102,3 Hm3 por año.

Sin embargo, según datos recientes de la Generalitat Valenciana, en concreto del Segundo Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana, en la actualidad se depuran en el País Valenciano 378 Hm3 anuales, por lo que previsiblemente para el 2008 se superarán con creces los 400 Hm3 depurados. Por otra parte, recientemente la Consellería de Agricultura anunció que antes del 2006 se ampliará la reutilización de aguas residuales en 211 Hm3 (62 en Alicante, 29 en Castellón y 120 en Valencia), hasta alcanzar la cifra de 334 Hm3 totales ahorrados por esta medida.

Si tan sólo tomamos como base la reutilización de las dos terceras partes del agua depurada, tal y como se establece en el PHN, aunque existen datos técnicos de que ese porcentaje podría ser mayor, nos encontramos con que la reutilización podría elevarse en breve a los 266 Hm3 anuales, es decir, 164 Hm3 más de los previstos en el PHN aunque, insistimos, la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana pretende ampliar la actual reutilización hasta alcanzar los 334 Hm3 ahorrados, 232 Hm3 más de los que se prevé reutilizar en el PHN.

En cualquier caso, más de la mitad del volumen que se pretende trasvasar se podría obtener mediante el incremento de la reutilización de las aguas residuales depuradas.

Mejora de las técnicas de riego. Actualmente, de las 211.235 hectáreas de cítricos existentes en el año 2000 en la Comunidad Valenciana (Generalitat Valenciana), aproximadamente la mitad se riegan por inundación. Todavía en 1998, en una comarca como es el Alto Vinalopó –que ha reclamando reiteradamente transferencias externas para cubrir su déficit hídrico–, el 43% de las 7.714 hectáreas pertenecientes a su Comunidad de Usuarios se regaba con esta despilfarradora técnica.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente se argumenta que las mejoras en las técnicas de riego no es competencia suya, sino del Ministerio de Agricultura o de la Comunidad Autónoma correspondiente. Sin embargo, lo cierto es que los cítricos que se riegan por inundación consumen del orden de 9.000 – 10.000 m3/hectárea anuales, mientras que en los que se emplea el riego localizado se consume alrededor de 6.000 - 7.000 m3 anuales. De esta manera, si tan sólo se pasaran 50.000 hectáreas de riego por inundación a riego localizado, menos de la mitad de las que existen en la actualidad, se obtendría un ahorro anual de 150 Hm3.

En definitiva, tan sólo con la adopción de estas dos medidas (aunque también podrían emplearse otras, como son una mayor inversión de la prevista en la reducción de las pérdidas en las redes de distribución) se cubre el volumen hídrico que se pretende trasvasar anualmente a la Cuenca del Júcar. Además, tanto las cifras de reutilización empleadas, como las de mejoras de las técnicas de riego planteadas, son prudentes, siendo técnicamente posible incrementar más los recursos obtenidos mediante reutilización y mejora de las técnicas de riego actuales.

Cuenca del Segura.

La problemática hídrica de la Cuenca del Segura es distinta de la existente en las dos cuencas anteriores, y la solución a los supuestos déficit existentes también, tal y como señalamos a continuación. 

La experiencia demuestra que los regadíos aumentan en la Cuenca del Segura por la vía de los hechos consumados. Este incremento se ha seguido produciendo después de la aprobación del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, habiéndose incluso acentuado en los últimos meses por las expectativas del trasvase, y muy recientemente por la desprotección –aprobada por el Gobierno de la Región Murciana y a la que ya nos hemos referido– de 11.000 hectáreas de espacios naturales protegidos, incluyendo algunas de las zonas donde son más frecuentes las roturaciones y los regadíos ilegales. Como prueba de esta afirmación están las denuncias impuestas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) durante el año 2000 y los dos primeros meses de 2001. En concreto, en la Región Murciana, contabilizando sólo las transformaciones de monte para el establecimiento de regadíos, se denunciaron 72 casos en el año 2000 y 17 en el 2001. Entre los hechos denunciados no se incluyen, por supuesto, las tierras de secano que se han transformado ilegalmente en regadío, por lo que la superficie de nuevos regadíos es mayor a la reflejada en las denuncias.

Otro ejemplo lo tenemos en el hecho de que en el área de Mazarrón y Águilas, en la zona litoral, más del 40% del regadío total existente en 1999 no estuviese incluido en las estadísticas oficiales de la Comunidad Autónoma.

Este descontrol en el crecimiento del regadío está siendo en buena medida consentido, cuando no fomentado, por las autoridades regionales. Así, titulares en periódicos donde los máximos responsables de agricultura de la Región Murciana señalan que no verían mal una ley de punto final para todos los regadíos ilegales, no ayudan precisamente a frenar el crecimiento del regadío ilegal, sino que, con claridad, tienen un efecto contrario.

Las consecuencias ambientales de estas actuaciones están siendo muy negativas, pues están suponiendo la eliminación de amplias extensiones de vegetación natural, que están siendo roturadas. De hecho, en las sierras litorales de Mazarrón y Águilas se está eliminando matorral de alto valor ecológico, afectándose a Hábitats de Interés Prioritario y Comunitario según la Directiva Europea de Hábitats.

Asimismo, están suponiendo la apertura de pozos ilegales, que están sobreexplotando acuíferos y eliminando fuentes, manantiales y humedales. De hecho, se están creando conflictos con los titulares de otros pozos legales próximos, e incluso se está afectando al abastecimiento urbano de algunas pequeñas poblaciones. Frente a esta situación de ilegalidad generalizada, la Confederación Hidrográfica del Segura apenas hace nada para atajarla.

Este modelo de regadío intensivo conlleva la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por nitratos y otras sustancias de origen agrícola. Por ejemplo, la contaminación difusa del Campo de Cartagena ha generado una fuerte contaminación por nitratos del acuífero cuaternario, y está generando procesos de eutrofización en el Mar Menor, una laguna hipersalina de excepcional valor ecológico y socioeconómico.

El PHN no realiza un análisis de la gestión realizada hasta el momento en relación con las aguas subterráneas en general y de reserva en particular, gestión que tiene en los acuíferos sobreexplotados y en los pozos de sequía su máxima expresión. Existe un notable, aunque incompleto, número de acuíferos con declaración provisional de sobreexplotación, declaración que en nada ha variado el ritmo de agotamiento. Tampoco se han elaborado los planes de ordenación de los acuíferos sobreexplotados, tal y como exige la Ley de Aguas. Por otro lado, la Cuenca del Segura es la única en la que se autorizan pozos de sequía para riego, mientras que en el resto del Estado español son siempre para abastecimiento. Dado lo excepcional de la medida, el control de los mismos debería ser muy riguroso, pero en esta cuenca, sin embargo, parte de los pozos de sequía han dado lugar a nuevas ampliaciones ilegales de regadíos.

Asimismo, nos parece más que cuestionable que los regadíos dependientes de los acuíferos con grados elevados o extremos de sobreexplotación deban tener una alta prioridad en el acceso a nuevos recursos, pues esto equivale a premiar la gestión insostenible del agua, cuando no la infracción continuada de la normativa existente.

En definitiva, el descontrol existente está conduciendo a la Cuenca del Segura a lo que podríamos calificar de colapso ambiental y socioeconómico, por lo que urge la adopción de medidas urgentes que modifiquen esta situación. En la situación actual, la aportación de recursos externos lo único que produciría es que se acentuase y favoreciese este crecimiento descontrolado. Si a ello añadimos los pronósticos de reducción de los recursos hídricos previstos para las próximas décadas como consecuencia del cambio climático –que en esta cuenca se estiman muy importantes–, se hace necesaria la adopción urgente de una serie de medidas para evitar ese colapso al que antes nos hemos referido y que acarrearía muy graves consecuencias ambientales y sociales.

En este sentido, resulta imprescindible la adopción de medidas de una entidad importante, medidas que tarde o temprano habrá que poner en marcha y que cuanto más tarde se adopten más traumáticas serán.

En otras cuencas la eficiencia en la utilización del agua es reducida, por lo que, con algunas inversiones, se puede liberar un volumen elevado de recurso. Sin embargo, en la Cuenca del Segura esto no es así. De hecho, tal es la sobreexplotación que la modernización de regadíos, especialmente en el caso de los regadíos tradicionales, además de poco eficaz (se estima que el ahorro medio global sería de tan sólo un 10%), resultaría ambientalmente negativa: estos regadíos tradicionales, constituyen valiosos agropaisajes de gran valor ecológico, social y cultural, encontrándose entre los últimos espacios y áreas húmedas que todavía subsisten en la Región Murciana. De esta manera, a diferencia de otras cuencas, la modernización de regadíos, aparte de no aportar apenas recursos globales netos, sería más que cuestionable.

En cuanto al abastecimiento urbano, las pérdidas en las redes de distribución se sitúan, dependiendo de las fuentes, entre un 20 y un 30%. A pesar de las elevadas previsiones de crecimiento en el consumo recogidas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, no es previsible que se produzca un crecimiento importante del mismo, pudiendo enmascarar este crecimiento un aumento de los usos lúdicos y turísticos (campos de golf y nuevas urbanizaciones) altamente demandantes de agua, y que son incompatibles con las condiciones de aridez de la Cuenca del Segura.

Excluyendo estos posibles proyectos, que en ningún caso deberían llevarse a cabo si se pretende reconducir la situación de la cuenca hacia una mayor sostenibilidad, no es previsible un incremento significativo de la demanda en abastecimiento urbano en la Cuenca del Segura. Sí se deberían reducir las pérdidas en las redes de distribución, aunque esos recursos no deberían utilizarse para cubrir déficit de regadíos sino para fines ambientales, pues en la mayoría de los ríos de esta cuenca no se respeta caudal ecológico alguno.

En cuanto a los regadíos, en primer lugar consideramos necesario llevar a cabo una rigurosa auditoría jurídica, ambiental, social y económica del regadío en la Cuenca del Segura. Dicha auditoría debería determinar con toda nitidez qué perímetros de riego existen realmente, dónde se ubican, a quién pertenecen, cuál es su estatus jurídico, y cuáles son sus beneficios y costes socioeconómicos y ambientales.

Dicha auditoría permitiría sentar las bases para reordenar el regadío y la demanda agraria, en función de la situación jurídica de todos los perímetros de riego existentes y a la luz de los recursos renovables realmente disponibles. Esta reordenación supondría, en primer lugar, hacer cumplir de forma estricta la normativa vigente en materia de aguas y de medio ambiente, procediendo, por tanto, a eliminar de forma definitiva todos los regadíos ilegales, alegales o con autorizaciones en precario.

En definitiva, y dado el estado de insostenibilidad de la Cuenca del Segura en lo que a la gestión del agua se refiere, así como de escasa legalidad de buena parte de los perímetros de riego, consideramos que lo más adecuado sería proceder a la reducción progresiva del regadío de esta cuenca, empezando por los regadíos y perímetros de riego ilegales, alegales o con autorizaciones en precario. Es difícil aventurar cifras, pero con toda probabilidad, a la luz de dicha auditoría externa del regadío, sería necesario proceder a eliminar varias decenas de miles de hectáreas de regadío, hasta conseguir un cierto equilibrio hídrico en esta cuenca entre los recursos renovables y los aportados por el acueducto Tajo Segura y las demandas de la cuenca, garantizando también de forma mínima los caudales ambientales de los ríos.

Entendemos que se trata de una medida que puede resultar traumática, pero lo cierto es que en la situación actual el trasvase desde el Ebro no es más que una huida hacia delante, además de que tarde o temprano será necesario proceder a realizar una importante reconversión del sector agrícola en la Cuenca del Segura. Por ello, consideramos más adecuado, tanto desde el punto de vista ambiental como social, el que el reequilibrio previsto se lleve a cabo ahora y no cuando el deterioro ambiental y la superficie de regadíos a desmantelar sean aún mayores. Es necesario que esta reconversión se inicie cuanto antes y de forma progresiva, enmarcada dentro de un Plan Regional de Regadíos y, de forma más amplia, dentro de un Plan Regional de Desarrollo Sostenible, que permita diversificar las alternativas socioeconómicas disponibles y proporcione a los trabajadores afectados por esta reducción de parte del regadío otros empleos, tal y como se ha hecho cuando ha sido necesario llevar a cabo determinadas reconversiones industriales.

Cuenca del Sur.

En el PHN se determina el envío de 95 Hm3 anuales, a través del trasvase propuesto desde el bajo Ebro a la costa mediterránea, al ámbito de la cuenca del Sur, con el fin de abastecer a los regadíos de Almería.

En lo que a la expansión del regadío se refiere, al igual que en las cuencas del Júcar y del Segura, existe un descontrol muy importante, cuyas consecuencias ambientales están siendo muy negativas, y a las que ya nos hemos referido sobradamente en las dos cuencas anteriormente analizadas.

Una prueba de ese descontrol lo tenemos en el hecho de que desde 1984 está prohibido incrementar la superficie de regadíos en la provincia de Almería, así como la apertura de nuevos pozos. Sin embargo, esta norma no se está cumpliendo en absoluto. Así, desde 1995 a 1999 se incrementó la superficie de regadíos en Almería de 60.456 a 74.509 hectáreas. Los primeros responsables de esta situación son, lógicamente, las autoridades competentes, en concreto la Confederación Hidrográfica del Sur, que no controla apenas la apertura de nuevos pozos, y la Junta de Andalucía, que no ha conseguido hacer cumplir la prohibición establecida. Sin embargo, también tienen en este caso una importante dosis de responsabilidad los dirigentes provinciales de las principales organizaciones agrarias, que no cesan de presionar a las administraciones correspondientes para que permitan la extensión masiva del regadío en Almería.

Un ejemplo reciente que confirma esta actitud por parte de las principales organizaciones agrarias lo tenemos en la zona de Alquián, donde durante el mes de marzo y primeros días de abril del presente año, dirigentes provinciales de una importante organización agraria han estado roturando de manera ilegal terrenos forestales para la construcción de invernaderos. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha ordenado la paralización de los trabajos, a lo que se ha hecho caso omiso pues las obras han continuado. La propia Junta de Andalucía reconoce que estas roturaciones han afectado ya a quinientas hectáreas, aunque según Ecologistas en Acción son dos mil las hectáreas afectadas. Ecologistas en Acción ha criticado el escaso interés de la Junta de Andalucía en hacer efectiva las órdenes de paralización dictadas, permitiendo que en la zona sigan trabajando alrededor de ochenta tractores, excavadoras, camiones y bulldozer, que deberían haber sido precintados por las administraciones competentes, haciendo efectiva la paralización de las obras.

Dada la situación, parece evidente que la primera acción a llevar a cabo en esta cuenca, y más concretamente en la provincia de Almería, es hacer efectiva la prohibición de poner nuevas tierras en regadío. Efectivamente, a un ritmo de creación de casi 3.000 hectáreas anuales de nuevos regadíos (que, además, se está acentuando notablemente en los últimos meses, probablemente debido a las expectativas creadas por el trasvase previsto en el PHN) el actual “déficit” se verá incrementado año tras año, lo que implicará que se acentúe la sobreexplotación de los acuíferos y actuaciones similares que deterioran el medio ambiente y que aumentan aún más la insostenibilidad del sistema. 

Sin embargo, una vez frenado el establecimiento de nuevos regadíos ilegales, la alternativa a los 95 Hm3 anuales que se plantean en el trasvase previsto en el PHN es bastante simple: si se estima el consumo de una hectárea bajo plástico en 5.000 m3/ha, con el desmantelamiento de las 14.000 hectáreas ilegales creadas entre 1995 y 1999 se eliminaría una demanda anual de 70 Hm3, cifra muy próxima a los 95 Hm3 anuales que se pretenden trasvasar.

Los 25 Hm3 restantes pueden obtenerse sustituyendo algunos de los cultivos más consumidores de agua por otros de menor consumo, pues no hay que olvidar que en 1995 de las 60.000 hectáreas de regadío que había en la provincia de Almería, alrededor de 40.000 hectáreas eran de hortalizas, muy demandantes de recursos hídricos.

Así, tal y como ocurre con el resto de cuencas hidrográficas analizadas, se liberarían dentro de la propia cuenca esos 95 Hm3 anuales que se pretenden trasvasar desde el bajo Ebro, no siendo, por tanto, necesario la realización del trasvase a la Cuenca del Sur. 
 
 

Conclusión

En el presente documento hemos pretendido resumir nuestra crítica al trasvase que, con la disculpa del PHN, el Gobierno pretende realizar desde el Bajo Ebro hacia el resto de cuencas de la costa mediterránea. Consideramos que supone un nuevo paso, de especial gravedad, en una política hidrológica basada desde siempre en la oferta de unos supuestos recursos excedentes, que ha llevado a la gestión del agua en nuestro país a una situación crítica, particularmente en esa misma costa mediterránea.

Pero sobre todo avanzamos los ejes básicos de una gestión sostenible del agua en las cuencas receptoras que, prescindiendo del trasvase, permita cubrir las demandas socialmente prioritarias y adelante las medidas para enfrentarse a un futuro de mayor escasez. En algunas cuencas el recurso sistemático al ahorro y la eficiencia en los usos permite hoy cubrir esos objetivos y establecer los criterios para modificar la actual situación. Pero en otras zonas, donde desde hace tiempo se ha traspasado todo límite racional en el uso del agua y se han producido daños irreversibles, cualquier alternativa sensata pasa por recortar el consumo. Somos conscientes de que esto tendrá consecuencias sociales y económicas que pueden ser graves, cuyos responsables son quienes han desarrollado y desarrollan políticas hidrológicas insostenibles. Pero estamos convencidos de la necesidad de adoptar hoy medidas drásticas o, en un futuro próximo, inevitablemente estallará esa crisis con una dimensión mucho mayor y se estará en las peores condiciones para afrontarla.

Ecologistas en Acción cree que a medio plazo el trasvase va a perjudicar tanto a las regiones cedentes de agua como a las receptoras. El Gobierno y el partido que lo apoya no pueden seguir ignorando la mayor movilización social de los últimos años y deben retirar su PHN, abriendo un proceso de debate que garantice una mayor participación social. De no hacerlo así demostrará su falta de sensibilidad frente a la opinión pública y cometerá una gravísima irresponsabilidad política cuyas consecuencias pagaremos durante generaciones.