| Las organizaciones convocantes
reivindicamos un Plan Hidrológico que modernice la actual política
hidrológica, gestione la demanda de este recurso crecientemente
escaso y lo distribuya de forma sostenible. Exigimos una profunda modificación
del proyecto presentado por el Gobierno al Consejo Nacional de Agua, reelaboración
que debe ser coherente con la Directiva Marco aprobada por la Unión
Europea. Por todo ello:
1) Nos oponemos a una política
basada en el crecimiento continuo de la oferta de agua, cuya consecuencia
es una sobrexplotación de este recurso auspiciada por intereses
especulativos que se mueven impunemente en la ilegalidad.
2) Nos oponemos a este Plan
Hidrológico cuyo principal objetivo sigue siendo la construcción
de grandes obras hidráulicas: un centenar de grandes embalses, encauzamientos
y trasvases que, como el injustificable trasvase del Ebro, tendrían
graves impactos sociales, culturales y ambientales.
3) Nos oponemos a ampliar
las diferencias económicas y sociales entre distintas zonas del
Estado, consolidando una ordenación del territorio cada vez más
desequilibrada e injusta entre el interior y el litoral, entre la montaña
y el llano, entre la ciudad y el medio rural.
4) Nos oponemos a fomentar
en áreas con una grave escasez de agua una demanda insaciable que
no podrá satisfacerse, creando así graves problemas socioambientales
a medio y largo plazo. Resulta inaceptable la justificación de tales
demandas desde el llamamiento a una solidaridad interesada, por realizarse
desde intereses especulativos y exigir sacrificios a los más desfavorecidos.
5) Nos oponemos a profundizar
el deterioro ambiental de ríos, lagos, deltas, humedales, bosques
de ribera, montañas... sin tener en cuenta que el agua, además
de su importante función económica, es la base de la vida
de todos los ecosistemas y un elemento esencial de nuestra salud y bienestar.
6) Nos oponemos al mercadeo
del agua: El agua es y debe seguir siendo un recurso público. Por
otro lado los costes de este Plan superarían los beneficios esperables,
quebrantando la lógica económica defendida por la Directiva
Marco Europea en beneficio, una vez más, de las empresas constructoras,
las eléctricas y las multinacionales de gestión de aguas.
7) Nos oponemos a la especulación
con unos supuestos recursos hídricos excedentarios, que infravalora
la creciente reducción de los recursos hídricos a consecuencia
del cambio climático
Hay que cambiar radicalmente
esta vieja política del agua cuyos resultados conocemos y padecemos.
Para ello es imprescindible abrir un amplio debate social con garantías
de participación en plano de igualdad de todos los territorios y
sectores afectados, objetivo que obligará a la democratización
real de los órganos de participación relacionados con la
planificación y gestión del agua. Sólo tras ese debate
podrá elaborarse un Plan Hidrológico cuyo desarrollo asegure:
1) Una planificación
del uso sostenible de los recursos de las diferentes cuencas, basada en
el conocimiento exhaustivo de los consumos reales de cada actividad y en
la gestión conjunta de los recursos superficiales y subterráneos.
2) Un uso racional del agua
cuyo eje central sólo puede ser el ahorro, apostando por incrementar
sustancialmente la eficiencia, reduciendo las pérdidas en las redes
de distribución, fomentando el empleo de técnicas de riego
más eficientes, la depuración y la reutilización de
las aguas.
3) La implantación
efectiva de la legalidad acabando con la sobrexplotación, los vertidos
incontrolados, las captaciones y las roturaciones ilegales.
4) Una planificación
territorial que impulse un desarrollo sostenible, equilibrado y armónico
basado en la utilización responsable y solidaria de los recursos
existentes.
5) La recuperación
de nuestros ecosistemas hídricos, que después de años
de agresión y desidia se encuentran muy deteriorados, asegurando
la protección efectiva del dominio público hidráulico,
la restauración hidrológico forestal, la conservación
de los ríos, humedales y acuíferos, así como la reducción
de la contaminación.
6) La planificación
integrada entre España y Portugal de las cuencas compartidas tal
y como exige la Directiva Marco. |