El Estado español y Portugal comparten las cuencas del Miño, Duero, Tajo y Guadiana. Como es sabido, los territorios portugueses corresponden a las zonas bajas de esas cuencas, lo que significa que cualquier acción en la parte española tiene repercusiones e impactos sobre los ecosistemas y utilidades de las aguas en Portugal.

En el Estado español, buena parte de las casi 1.300 grandes presas y el gran transvase Tajo-Segura generan ya grandes impactos en las cuencas compartidas, con especial transcendencia en las zonas bajas en Portugal y en las desembocaduras: la drástica disminución de caudales, la fuerte contaminación y eutrofización de las aguas, la reducción de arenas y aportes sólidos, la destrucción de flora y fauna, y los fuertes impactos sobre la biodiversidad en los estuarios y plataformas litorales marinas, son ejemplo de ello.

Habiéndose establecido en el Estado español desde principios de siglo la necesidad de gestionar las aguas de cada Cuenca Hidrográfica en un marco temporal, tal enfoque jamás se ha aplicado a las cuencas compartidas con Portugal, y el diseño y la realización de proyectos hidráulicos, así como los propios Planes Hidrológicos de Cuenca, no han integrado en ningún momento las realidades y necesidades de los territorios portugueses.

En Portugal comienzan a dejarse sentir los efectos acumulativos de una política de construcción de presas tanto en los ríos internacionales, como también en los cursos de agua nacionales, construcciones realizadas con una ausencia manifiesta de orientación clara por la gestión de los recursos hídricos. Portugal se prepara, de hecho, para construir el mayor embalse de la Península Ibérica en Alqueva, basado en la perspectiva de un desarrollo de grandes áreas de regadío, sin ninguna prueba de sostenibilidad. Tanto este proyecto, como las obras de la presa de Sabugal, comienzan ahora a mostrar la opción por una política de trasvases, que se desarrolla en un contexto de falta de planificación a nivel nacional y a nivel cuenca hidrográfica.

Recientemente se ha firmado un Convenio entre Portugal y el Estado español en materia de aguas, lo cual es positivo en tanto en cuanto refleja una voluntad de diálogo entre nuestros gobiernos. Sin embargo entendemos adolece de una falta de perspectiva y de voluntad política hacia la gestión sostenible compartida de cada cuenca.

El Convenio parece presidido, más por una voluntad de repartir el agua como si fuera un simple recurso productivo, que por entender que cada cuenca es un ecosistema vivo. Dicho Convenio abre, de hecho, la puerta para desarrollar grandes infraestructuras en cada una de las cuencas bajo la iniciativa de uno u otro gobierno, tanto presas como transvases, que romperían definitivamente la perspectiva de sostenibilidad que la nueva Directiva Marco Europea pretende.

Ante todo ello, las asociaciones y sindicatos, españoles y portugueses, firmantes proponemos y reclamamos:

1 – Una urgente revisión de los Planes Hidrológicos del Estado español vigentes en las cuencas compartidas, con la participación de representantes de las comarcas e intereses implicados en los territorios españoles y portugueses de cada cuenca.

2 – La necesidad de que Portugal impulse rápidamente la definición de un Plan Nacional del Agua y los Planes de Cuenca que se encuentran en elaboración.

3 – Una MORATORIA de 5 años de construcción de grandes presas y transvases en las cuencas compartidas, con el fin de que pueda entrar en vigor la nueva Directiva Marco y no queden hipotecados sus objetivos a causa de estas grandes obras en la fase de transición.

4 – Priorización y desarrollo urgente de planes de modernización del regadío con apoyo a las explotaciones agrarias de tipo familiar, modernización de las redes de distribución y saneamiento urbanas y su gestión, y preservación de la calidad del agua y de los ecosistemas hídricos.

5 – Diseño y desarrollo conjunto de Planes de previsión y gestión de los períodos de sequía para cada cuenca.

6 - Una urgente intervención del Gobierno español para frenar el Desgobierno Hidrológico, vigente en zonas sobreexplotadas de la costa mediterránea, La Mancha y cuenca del Guadalquivir, que desemboca en una demanda de trasvases tanto desde el Ebro como desde las cuencas compartidas. Detener la creciente sobreexplotación de acuíferos y ríos y asegurar un modelo de ordenación y desarrollo territorial sostenible es una exigencia que no sólo se demanda por parte de las asociaciones españolas sino que es compartida por los grupos portugueses, por cuanto esta dinámica de sobreexplatión tensiona y amenaza el orden hidrológico global de toda la Península Ibérica.

7 – Nuestra oposición a la política de grandes trasvases que el Gobierno español, y en los últimos tiempos el portugués, proponen para resolver esos llamados "déficits" y que en realidad son consecuencias de la falta de planos serios de ordenación territorial equilibrada y sostenible.

8 – El estudio conjunto de los impactos ambientales y del estado ecológico de nuestros ríos con especial énfasis en los estuarios y plataformas litorales marinas.

9 – Implantación de una nueva política de precios y tarifas del agua, desde la perspectiva de la "recuperación integra de costes" prevista en la Directiva Marco, con adecuados plazos de implantación y apoyos pertinentes a las explotaciones familiares de regadío y otros sectores económicos endebles, de forma tal, que se pueda asumir la transición sin traumas sociales graves, a un nuevo modelo de gestión del agua.

AEMS, Amigos de la Tierra, CCOO, CGT, CIDN, COAGRET, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO-BirdLife, USO, WWF/Adena.

APRIL, Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, FAPAS, GEOTA, LPN, QUERCUS