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La política del agua
debe contribuir al equilibrio territorial y a la sostenibilidad del desarrollo.
El texto alternativo
del PSOE prevé un debate en el Senado sobre ordenación
del territorio, cuyas conclusiones deben tenerse en cuenta en la planificación
hidrológica.
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La política del agua
debe desarrollarse conforme a los principios constitucionales del Estado
autonómico
El texto alternativo
del PSOE crea la Conferencia Sectorial de Política del Agua,
como órgano de cooperación y coordinación institucional,
para promover el consenso entre el Gobierno central y las CCAA en materia
de agua y garantizar la correcta articulación de las respectivas
competencias.
Se mandata la reforma
de las Confederaciones Hidrográficas para contribuir al objetivo
señalado en este punto, y para adaptarlas al reto de la aplicación
de la legislación europea en materia de agua.
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Las decisiones en materia
de política de agua deben incorporar el máximo de participación
ciudadana y de conocimientos profesionales
Se mandata la reforma
del Consejo Nacional del Agua para favorecer su carácter consultivo
y de participación.
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La planificación hidrológica
es un proceso continuo en el que se tienen que incorporar los compromisos
ambientales derivados de la pertenencia a la Unión Europea
El texto obliga a la
revisión de los Planes Hidrológicos de cuenca, en
un período de tres años, de forma que se comiencen ya a incorporar
los compromisos europeos derivados de la Directiva marco sobre política
de agua.
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Los problemas hídricos
más graves (de cantidad y de calidad) deben ser abordados desde
el tratamiento de sus causas socioeconómicas, a través de
una mejor gestión
El texto define ámbitos
deficitarios en los que se pone en marcha, inmediatamente, un plan
de gestión que incluye, entre otras medidas, la suspensión
de nuevas concesiones y la creación inmediata del Banco Público
del Agua.
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Se deben arbitrar medidas
urgentes de inversión pública para atender los problemas
más graves identificados, apostando por el ahorro y las nuevas tecnologías
El texto define medidas
urgentes en las cuencas con problemas más graves, recurriendo al
potencial ahorro en todo tipo de infraestructuras (regadío
y abastecimiento), a la reutilización de aguas residuales depuradas
y a la desalación. Parta esta última, se fijan condiciones
para minimizar su impacto ambiental. Asimismo, se instrumentan dotaciones
concretas para iniciar la actuación de los bancos públicos
de agua.
Se recogen también
actuaciones en otras cuencas, básicamente ligadas a la mejor
gestión del agua en las mismas, a la prioridad a dar a las garantías
de abastecimiento y a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
Se considera, además,
urgente en todas las cuencas el establecimiento de planes para la
prevención de sequías y de inundaciones, así como
para evitar la contaminación por nitratos, la protección
de las aguas subterráneas y del dominio público hidráulico
y para garantizar la seguridad de las presas.
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El principio de recuperación
de costes de agua, obligado por la Unión Europea, debe comenzar
a incorporarse gradualmente en una política de precio del agua cada
vez más vinculada al consumo efectivo
El texto obliga al inicio
inmediato de los estudios, a nivel general y de cuencas, sobre las repercusiones
de costes de agua según lo previsto en la Directiva marco europea.
Asimismo, fija plazos para la aplicación de tarifas de agua basadas
en el consumo real.
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Se crean los bancos públicos
del agua, como instrumentos que garanticen la asignación eficiente
de los derechos del agua, bajo control público
Los bancos públicos
del agua realizarán ofertas públicas de adquisición
de concesiones y procederán a su cesión, estableciendo precios
de compra y venta acordes con los costes de obtención del recurso
y su rentabilidad económica. Actuarán de forma inmediata
en los ámbitos deficitarios. Su eficacia ha sido ampliamente probada
en varios estados norteamericanos, y constituye nuestra alternativa
a la creación de mercados de agua entre particulares, propuesta
por el PP en su reforma de la Ley de Aguas de 1999, y que, hasta ahora,
sigue inédita al no haber aprobado el Gobierno el correspondiente
reglamento.
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Los derechos concesionales
no pueden seguir sumidos en el caos administrativo y al margen de cualquier
criterio de eficacia en el uso del agua
El texto establece plazos
para la reordenación y revisión de las concesiones
conforme a dotaciones de referencia, así como para la instalación
de medidores que permitan controlar el uso del agua y su adecuación
a las dotaciones de referencia.
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Los trasvases son la última
solución a los déficit y pueden abordarse en el futuro si
no resultan suficientes las medidas establecidas en este texto
El texto del PSOE prevé
que en la Conferencia Sectorial se analice la eficacia de las medidas que
contiene y el avance en la racionalización de la demanda de agua
antes de plantearse transferencias entre cuencas.
El texto establece requisitos
para favorecer el acuerdo de las CCAA de las cuencas cedentes, así
como para garantizar el control público sobre el uso de las
aguas trasvasadas.
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Obligación de programación
urgente de actuaciones previstas en este texto y en los planes hidrológicos
de cuenca
El texto alternativo
del PSOE obliga al Gobierno a definir una programación urgente,
con los correspondientes compromisos presupuestarios, de actuaciones previstas
en los Planes Hidrológicos de cuenca ya declaradas como obras de
interés general y con declaración de impacto ambiental ya
realizada.
Asimismo, establece
los compromisos presupuestarios complementarios y específicos para
las medidas de carácter urgente propuestas en el texto.
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Coordinación entre
el Plan Hidrológico Nacional y el Plan Nacional de Regadíos
Se introducen mecanismos
de coordinación que garanticen la coherencia entre la política
del agua y la política de regadíos, incluyendo el seguimiento
conjunto de ambos planes.