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José Manuel Nicolau Ibarra, Miembro de COAGRET. SIETE DE ARAGÓN n.º 281: 10-11, del 26 de junio al 2 de julio de 2000 Los lectores del Siete ya saben desde hace tiempo que el trasvase estaba servido. Que el Pacto del Agua era la antesala del trasvase, el catálogo de embalses necesarios para el trasvase, que convertiría a los regantes monegrinos y bardeneros en aguatenientes, comerciantes de agua a costa de los valles y gentes pirenaicas. Que Sancho, Lanzuela, Mur, Iglesias habían hecho el trabajo sucio. Y los regantes el de dar la cara a cambio de unas cuantas concesiones hidráulicas. Y las hidroeléctricas, constructoras y compañías de abastecimiento urbano, mientras, agazapadas frotándose las manos. ¿Por
qué se oponen al trasvase del Ebro y sin embargo están construyendo
los trasvases del Aragón, Gállego, Ara y Ésera? ¿Por
qué en un caso no está justificado y en los otros sí?
¿O el Pacto del Agua no incrementa el desequilibrio territorial
en favor de El Llano? ¿O el Pacto del Agua no supone más
despoblación, descohesión social, sufrimiento humano y deterioro
ambiental para la montaña? El problema no es trasvase sí,
trasvase no. El problema es el de dos grupos con intereses económicos
-”inversores mediterráneos” y “aragoneses interesados”- que quieren
hacerse con el control del agua del Pirineo para realizar sus negocios.
Ambos comparten una ambición sin límites y un modelo de crecimiento
económico puro y duro en el que se encuentran ausentes las consideraciones
humanas, sociales y ambientales. ¿O es que los regantes y los poderes
políticos aragoneses han tenido consideración por la montaña?
¡Pero si no les dejaron ni criar truchas en su propio río
a los de El Grado! ¡Pero si ningún presidente ha subido a
hablar con los montañeses, ni siquiera Iglesias, el del consenso!
En la lucha entre “inversores levantinos” y “aragoneses interesados”, sin duda, los primeros llevan las de ganar. Desde los valores socioeconómicos imperantes hoy en día, no hay argumentos de peso para oponerse al trasvase del Ebro. Los levantinos van a crear más puestos de trabajo que los aragoneses, sus modernos regadíos van a alzar el P.I.B. mucho más que los regadíos subsidiados de aquí. Y sus campos de golf y complejos de ocio y turismo todavía más. Además están las razones electorales: hay muchos más votos allá que aquí. Las opciones de los “aragoneses interesados” vienen de su capacidad de alimentar el victimismo en la región -lo que incrementa el coste político de la operación de sus adversarios- y de aferrarse al Pacto del Agua -que les garantiza las concesiones de agua. Ya se ve, que este Pacto no era más que un catálogo de obras. Solamente
desde otra escala de valores cabe afrontar la gestión del agua en
Aragón. El agua vista no exclusiva, ni principalmente como un factor
productivo para el enriquecimiento de minorías privilegiadas, sino
como un bien de la Naturaleza, del que se beneficie el conjunto de la sociedad
actual y las generaciones futuras. Un bien natural cuya gestión
ha de tener una prioridad máxima para ser sostenible: garantizar
la supervivencia del propio recurso y de los ecosistemas y sociedades que
lo albergan, tras ser utilizado. Una gestión que satisfaga nuestras
necesidades de desarrollo aplicando de forma no compulsiva la tecnología
(infraestructuras), para así preservar los bienes y servicios que
recibimos de la Naturaleza, que son imprescindibles para mantener nuestro
bienestar. Por que necesitamos de suelos productivos para obtener alimentos,
madera, fibras; del agua de calidad y de las cuencas reguladas que nos
proporcionan los bosques; de los insectos polinizadores de las cosechas
que nos da la diversidad biológica; de un clima regulado; de una
atmósfera con sus gases en equilibrio para respirar; de paisajes
para el reposo y la serenidad, para el ocio y para mantener las señas
de identidad de los pueblos.
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