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Ante la presentación por parte del Ministerio de Medio Ambiente del anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional (PHN) que plantea como única solución para resolver los llamados "desequilibrios hidrológicos", la realización de grandes trasvases y en concreto el que partiendo del Ebro debe aportar a las cuencas del litoral mediterráneo 1.050 hectómetros cúbicos al año, los partidos políticos y las organizaciones abajo firmantes, reunidos en Zaragoza el 7 de octubre de 2000, manifiestan: 1.-La reciente reforma de la Ley de Aguas, que propicia la creación de un "mercado del agua"; y las conclusiones del denominado Libro Blanco del Agua (cuyos dictados sigue fielmente el PHN apuntando a la realización de grandes trasvases de las cuencas consideraradas "excedentes" a las áreas que considera estructuralmente deficitarias), habían preparado ya el terreno para una propuesta de esta naturaleza. 2.-La aplicación de
una política hidráulica no debe suponer un enfrentamiento
territorial ni de Aragón contra Murcia, Andalucía o el Pais
Valencià, ni de las comunidades de la Cuenca del Ebro contra el
resto del Estado. Se trata, por el contrario, de un debate de fondo, muy
importante, que enfrenta dos modelos:
-uno: anticuado, caduco, agotado, anacrónico, desarrollista, desequilibrador e insostenible, basado en un incremento sin límites del consumo del agua, que es por el que apuesta el Ministerio y su PHN (propuesto en nombre de un supuesto interés general);Por eso, este segundo modelo, puede defenderse no sólo en Aragón, Navarra o La Rioja (supuestas perjudicadas), sino también en las comunidades supuestamente beneficiarias del trasvase, como el País Valencià, Murcia, Andalucía o determinadas zonas de Catalunya. Así lo hacemos las diferentes organizaciones que suscribimos esta declaración. 3.- El Parlamento Europeo aprobaba el pasado 7 de septiembre (sólo dos días después del Consejo Nacional del Agua, en el que se dio a conocer públicamente el PHN), la Directiva Marco del Agua (DMA), que establece un objetivo ambiental claro: el buen estado de las aguas, tanto de las subterráneas como de las de superficie. Igualmente, proporciona un marco para la aplicación coordinada de toda la legislación existente sobre el agua: la cuenca fluvial. En otras palabras, consagra el principio de unidad de cuenca, ya establecido en la Carta Europea de Agua, suscrita por el Estado español. Este hecho no le ha impedido al ministro Matas dar por sentado que este trasvase (que agudizaría los desequilibrios territoriales, sociales, medioambientales y de desarrollo) contará (paradójicamente) con aportaciones de fondos europeos denominados "de cohesión" 4.-El PHN pretende llevar a cabo grandes obras de infraestructura (trasvases y ciertos embalses) que, más allá de necesitar cuantiosos recursos públicos, produciría un enorme impacto medioambiental y social, hipotecando el desarrollo de territorios interiores y de montaña, y promoviendo un grave desequilibrio interterritorial. Así pues, nos encontramos con un Plan del hormigón que, sin solucionar los auténticos problemas hídricos, servirá, en cambio, para beneficiar a las grandes constructoras que realizarán las obras o a las empresas distribuidoras de las aguas obtenidas a partir de nuevas concesiones. 5.-El anteproyecto de PHN no apuesta por un verdadero cambio con el fin de crear una política de aguas sostenible, utilizando para ello mecanismos de control de la demanda. Pretende corregir los déficits hídricos provocados por un ineficiente uso del agua en la agricultura, por la utilización de técnicas de riego totalmente obsoletas, por la explotación de grandes zonas de regadío ilegales y por una descontrolada y especulativa expansión turística, aumentando sin control la oferta de agua disponible. El PHN concibe el agua como un mero recurso cuantitativo y no como un recurso natural escaso y con necesidades complejas para asegurar su recuperación y calidad, que afectan primordialmente a la salud de vegetales, animales y ecosistemas y, por tanto, a la salud de las personas. 6.-El PHN no tiene en cuenta las previsiones calculadas por la ONU en las que apunta que en la Península Ibérica descenderán las precipitaciones un 15%, como media, en los próximos años, por lo que este cambio climático supondrá que ninguna cuenca, incluida la del Ebro, sea excedentaria. Ignora los efectos medioambientales, sobre fauna y flora, y sobre las producciones agrícolas que tendría en el Delta u otras comarcas del Ebro y, por supuesto, en las zonas receptoras. Tampoco tiene en cuenta –ni siquiera valora- la utilización de nuevas tecnologías: Utilización de nuevas tecnologías: desalación, modernización de regadíos, reutilización, sistemas de ahorro en los domicilios, pérdidas en redes de distribución, etc. 7.-El PHN apuesta por lo irreversible, por aquello que no nos permitiría restituir la situación de partida. Desconoce los principios y valoraciones que suscribe la comunidad científica (universidades europeas, Congreso Ibérico del Agua, Agencia Europea del Medio Ambiente...) de forma prácticamente unánime, por los que rechaza los planteamientos en los que se basa este PHN y su apuesta por los trasvases. 8.-Los trasvases no son la solución. Basta con aprender de nuestros propios errores: el trasvase Tajo-Segura (única experiencia anterior contrastable) ha resultado un fracaso al no resolver los problemas para los que se llevó a cabo. Aún peor, los ha agudizado acrecentando el déficit de partida: en 15 años se ha pasado de un déficit de 50.000 has. de regadío a uno de 87.000. Sólo el hecho de que se plantee en Murcia una nueva Ley del Punto final para legalizar los desvaríos de los últimos años es suficientemente significativo. 9.-Observamos a diario las urbanizaciones en secarrales sin dotaciones, las captaciones ilegales de agua, los desmontes y roturaciones para nuevos regadíos en el área levantina, mientras los poderes públicos miran para otro lado. Lo mismo que sucedió, sucedería con un nuevo trasvase, cuyas expectativas producirían –están produciendo ya- una espiral de difícil vuelta atrás. Mientras se 'proclama' el déficit hídrico, se continúa permitiendo que aumente la contaminación de los acuíferos como consecuencia de malas prácticas agrícolas, y la salinización de acuíferos debido a la sobreexplotación de pozos cercanos al mar. Dado que el regadío supone el 80% del consumo del agua, se hace indispensable la elaboración y aprobación previa del Plan de Regadíos, donde se contemplen las nuevas transformaciones en regadíos y la modernización de los ya existentes valorando el consumo y ahorro de agua. 10.-El PHN apuesta por un modelo desarrollista donde el crecimiento de demandantes y expectantes de agua se habrá de convertir en gran negocio. Por tanto, el Plan Hidrológico Nacional es el Plan del Trasvase del Ebro. De lo contrario, sin trasvase, bastaría con la aplicación de los respectivos Planes de Cuenca. La novedad, el objeto, la razón y la causa de este Plan no otra que el trasvase. 11.-El debate sobre el PHN ha vuelto a poner de manifiesto la falta de democracia de las Confederaciones Hidrográficas y del Consejo Nacional del Agua. Por ello, exigimos introducir la cogestión de las Comunidades Autónomas en las Confederaciones Hidrográficas, con la transferencia de ciertas competencias a las Administraciones Autonómicas, así como la democratización de los órganos de gobierno y participación de la Administración hidráulica, incorporando a los nuevos agentes sociales afectados y redimensionando el excesivo peso de determinados sectores. En consecuencia, por estas y otras razones, las organizaciones firmantes nos comprometemos a impulsar cuantas iniciativas resulten necesarias para avanzar hacia una política hidráulica sostenible y difundir nuestras propuestas alternativas ante el conjunto de la sociedad, así como rechazamos el anteproyecto del PHN, amparados en la fuerza que nos dan las razones y los argumentos contrastados, superando en todo caso los estériles enfrentamientos territoriales. Es más, incidimos en aquellos razonamientos que resultan igualmente defendibles en Murcia y en Aragón, en el Delta del Ebro y en el resto de Catalunya que en Andalucía, en ambas Castillas o Euskadi que en el País Valencià.
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