España, como el resto de los países mediterráneos, se caracteriza por unos recursos hídricos escasos que han de ser gestionados con un exquisito cuidado para garantizar el uso sostenible de los mismos, el mantenimiento de la cantidad y calidad del agua disponible, la adecuada compaginación entre las múltiples funciones ambientales, sociales y económicas del agua y la conservación de los bosques de ribera, manantiales, humedales y en general de los ecosistemas terrestres ligados al agua.

Sin embargo la gestión y planificación del agua en España se ha caracterizado desde hace décadas por un modelo hidráulico centrado en el regadío y en la ejecución de múltiples obras hidráulicas, principalmente embalses y trasvases. Pese a la creciente contestación social, la gestión del agua sigue dirigida desde y para los intereses de los sectores económicos directamente beneficiados por su uso, principalmente regantes y empresas hidroeléctricas. El rígido mantenimiento de tal política hidráulica y sus enormes impactos ambientales y sociales ha desembocado en una situación que ha reducido al mínimo el agua existente en los ríos y en general en los sistemas naturales, ha eliminado el régimen natural de los ríos, ha contaminado de forma generalizada las aguas superficiales y subterráneas, ha eliminado paisajes y valles de singular bellezar y valor ambiental para la construcción de múltiples embalses, ha destruido o degradado buena parte de los ecosistemas asociados al agua como ríos, ramblas y humedales, arriesgando con ello uno de los patrimonios de biodiversidad que más pueden contribuir a la red Natura-2000 y amenaza gravemente no sólo la generalidad de los usos ambientales del agua sino también la propia sostenibilidad a medio y largo plazo de los sistemas socioeconómicos actuales. Los impactos sociales son asimismo muy considerables especialmente en las áreas de montaña donde se han construido los embalses. Así, los más de mil grandes embalses que existen en España han supuesto la desaparición de alrededor de 500 pueblos y la inundación de múltiples valles con sus correspondientes bosques, campos de cultivo y valores historico-culturales.

El férreo mantenimiento de esta política hidráulica anacrónica y ajena tanto al desarrollo sostenible como a la creciente importancia de las políticas ambientales en la Unión Europea tiene su más clara y preocupante expresión en el proyecto de Plan Hidrológico Nacional recientemente presentado, que propone un gran trasvase de 1.050 Hm³ desde el Bajo Ebro, donde se sitúa el Parque Nacional del Delta del Ebro, hasta las cuencas del Jucar y el Segura en el Levante. De llevarse a cabo el trasvase y los nuevos embalses previstos en el proyecto de PHN, algunos de los cuales son además necesarios para el propio trasvase, se producirían gravísimos impactos ambientales y sociales entre los que cabe destacar los siguientes:

- Desalojo forzoso de diversos núcleos rurales habitados y población dispersa en los valles afectados por embalses, cuya población habría de abandonar para siempre su casa y su entorno más inmediato. Así, el recrecimiento de la presa de Yesa, en Navarra, implica por sí solo el desalojo de 400 personas.

- Ocupación de espacios de alto valor ecológico incluyendo bosques bien conservados y hábitats de especies en peligro de extinción como el lobo, la nutria, el lince, o el águila imperial, afectando también a diversos espacios protegidos, zonas declaradas como ZEPA y áreas propuestas como Lugares de Interés Comunitario.

- Destrucción de restos paleontológicos arqueológicos e hitos de gran valor artístico, histórico y cultural. Como ejemplo, los embalses previstos supondrían inundar, entre otros muchos, patrimonios tan valiosos y únicos como huellas de dinosaurios, necrópolis de la Edad del Hierro o 15 kilómetros del Camino de Santiago.

- Pérdida de paisajes y ríos de gran belleza y valor escénico que además han empezado a constituir la base del desarrollo sostenible de muchas comarcas de montaña en Pirineos y otras áreas, a través de emergentes iniciativas socioeconómicas en torno al turismo de la naturaleza y los deportes ligados al agua.

- Impactos ambientales ligados a la construcción de las grandes conducciones necesarias para el trasvase previsto, incluyendo grandes desmontes, movimientos de tierra y degradación paisajística.

- Probable intrusión salina en el bajo Ebro, especialmente en los años secos, lo que afectaría negativamente al Parque Nacional del Delta del Ebro.

- Creación de expectativas acerca de un incremento sustancial del agua disponible en el Levante para regadío, abastecimiento y turismo, lo que aumentaría aún más el intensivo uso del espacio y de los recursos naturales en esta zona, los impactos ambientales ocasionados por un regadío en continuo crecimiento y por un turismo ya saturado, y en definitiva alimentaría un modelo de desarrollo totalmente insostenible en la franja costera mediterránea española, dependiente de recursos externos y por tanto muy vulnerable frente a incertidumbres como las derivadas del cambio climático.

El proyecto de PHN presentado, en la práctica se reduce a justificar el gran trasvase desde el Ebro hacia el Levante y a incluir un largo listado de nuevos embalses, de manera que los más directos beneficiarios son las grandes empresas constructoras. Este proyecto incumple además de manera flagrante varias Directivas europeas en materia de agua y medio ambiente, en particular la Directiva de Hábitats, la Directiva de Aves y la Directiva Marco del Agua, obligando esta última además a integrar un registro de zonas protegidas, incluyendo ZEPA’s y areas de la Red Natura-2000, dentro de la planificación y gestión del agua.

De hecho, el proyecto de PHN se ha realizado a espaldas de las nuevas directrices que emanan de la Directiva Marco de Agua, cuyos objetivos se centran en el uso sostenible del agua y en el mantenimiento de la calidad ecológica y ambiental de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres que dependen del agua, justo lo contrario de lo que cabe esperar del PHN previsto y su listado de grandes embalses y trasvases.

Así, de aprobarse el proyecto actual, el gobierno español pone en serio peligro el cumplimiento efectivo de la DMA y de los objetivos ambientales especificados en su artículo 4, puesto que que la degradación de los ecosistemas acuáticos generada por la construcción y puesta en marcha de los grandes embalses y trasvases previstos coincidiría plenamente con los plazos especificados en la Directiva para alcanzar y garantizar tales objetivos ambientales.

Por otro lado el proyecto de PHN y el gran trasvase Ebro-Jucar-Segura, de forma contraria a lo establecido en la DMA, no considera de forma prioritaria la cuenca hidrográfica como el ámbito preferente para la planificación y gestión del agua, proponiendo en cambio un gran trasvase inter-cuencas, y otros muchos de menor entidad, contrarios a cualquier principio de cautela ambiental y de gestión sostenible del agua y que actualmente ya han sido descartados por sus grandes impactos ambientales y sociales en casi todos los países con gran experiencia en gestión hidráulica y sólida tradición democrática.

El PHN sigue ignorando en la práctica las aguas de transición y las aguas costeras, que como especifica la Directiva en su artículo 3, han de ser consideradas de forma conjunta e integradas en la planificación y gestión del agua. Del trasvase Ebro-Júcar-Segura previsto en el PHN cabe esperar importantes impactos negativos en el Delta del Ebro y en las aguas costeras del entorno, por la sustancial reducción de los aportes de agua y caudal sólido que implicaría, de desastrosas consecuencias sobre el mantenimiento ecológico del Delta del Ebro, la dinámica litoral o el mantenimiento de recursos estratégicos como las playas y las pesquerías dependientes de tales aportes. Además, la reducción real de aportes será probablemente mucho mayor de la esperada teniendo en cuenta los previsibles impactos del cambio climático y el aumento de las demandas en la propia cuenca del Ebro.

Por otra parte el PHN no considera los efectos sobre el estado ecológico del agua, la zona ribereña de los ríos, los ecosistemas acuáticos y los flujos naturales, que caben esperar de las drásticas alteraciones provocadas por el nuevo listado de embalses y trasvases, efectos cuya caracterización viene claramente determinada en el artículo 8 y en los Anexos II y V de la Directiva. Estas ausencias parecen responder a un intento deliberado de mantener la planificación y gestión del agua en España al margen de las directrices de la Directiva Marco de Agua y al margen de la creciente contestación social y científica por los grandes impactos ambientales y sociales de unas obras que interesan sobre todo a las grandes empresas constructoras e hidroeléctricas.

Igualmente, el proyecto de PHN ignora en la práctica el artículo 9 de la DMA, que establece el principio de recuperación de costes, incluidos los medioambientales, puesto que las obras previstas y los mecanismos de financiación establecidos, además de excluir los costes ambientales, prevén un considerable grado de subvención pública que no es justificable además ni en términos económicos ni en términos sociales, dado que los principales beneficiarios de los nuevos recursos hídricos serán grandes empresas agrícolas exportadoras y el sector turístico de la costa mediterránea, ambos caracterizados por sus altos niveles de ingresos.

En definitiva el proyecto de PHN presentado ignora de forma generalizada las nuevas directrices establecidas por la DMA para la planificación y gestión del agua en la Unión Europea, suponiendo en realidad un profundo retroceso en relación con la gestión sostenible del agua, la conservación de la calidad ecológica del agua y de los ecosistemas acuáticos y terrestres que dependen de la misma y el mantenimiento de su valiosa biodiversidad, entre los que se incluyen áreas de montaña con especies en peligro de extinción que serán inundadas por los nuevos embalses, ríos bien conservados de alto valor ecológico o el propio Parque Nacional del Delta del Ebro, entre otros espacios protegidos. De aprobarse este proyecto, y de forma paralela a los plazos establecidos en la DMA para la consecución de sus objetivos ambientales, se asistirá a la destrucción de unos valiosísimos patrimonios ecológicos, ambientales y sociales en España en beneficio de las grandes empresas constructuras e hidroeléctricas así como de los sectores más especulativos e insostenibles de los grandes agronegocios y crecimientos turísticos del Levante mediterráneo español.

Por todo ello desde Ecologistas en Acción pedimos al gobierno español la retirada inmediata del proyecto presentado y la elaboración de un nuevo Plan Hidrológico acorde con las directrices de la DMA, la protección ambiental y el uso sostenible del agua. Este nuevo Plan debería basarse en la gestión de la demanda, la ordenación territorial, el ahorro y la reutilización del agua, retomando la cuenca hidrográfica como el ámbito primordial para su adecuada planificación y gestión. Pedimos igualmente a la Unión Europea que realice cuantas iniciativas estén en su mano para garantizar el cumplimiento efectivo de la Directiva Marco del Agua y resto de Directivas Europeas como la de Aves y la de Hábitats, así como la conservación de la singular biodiversidad de las áreas de montaña y ecosistemas acuáticos existentes en España, puestos en serio peligro por el proyecto de PHN presentado.