La presentación del Plan Hidrológico Nacional por parte del Gobierno ha abierto una polémica, particularmente intensa en el Valle del Ebro y en el Eje Mediterráneo en torno a los grandes trasvases. Ante esta situación el PLENO ESTATAL de la Plataforma Rural – ALIANZA POR UN MEDIO RURAL VIVO , celebrado el pasado día 27 de septiembre de 2000 ,acuerda:

1. Promover un amplio debate ciudadano que permita pasar de la pura "polémica" al debate de argumentos, desde el conocimiento de los problemas y de las posibles soluciones, entendiendo que sobre este debate social se podrá superar el enfoque de enfrentamiento entre pueblos que a menudo alimentan sectores de la clase política.

2. Exigir al Gobierno tiempo y medios para ese debate, entendiendo que cuando menos se requiere un año antes de que Las Cortes tomen decisiones sobre el citado Plan.

3. Apoyar la solicitud de una moratoria de 5 años para los proyectos de grandes embalses y trasvases que amenazan impactos sociales y ambientales graves e increíbles. En este tiempo debería de abordarse las reformas profundas que exige la Directiva Marco recientemente aprobada en la UE. En definitiva se trata de detener esa política apresurada de hechos consumados que parece haber lanzado el Gobierno, amenazando acabar en poco tiempo con muchos de los objetivos que la propia Directiva promueve.

4. Hacer un llamamiento para que se difunda y se conozca la información sobre los graves impactos sociales y ambientales que estos faraónicos proyectos supones. En concreto la amenaza de inundación sobre pueblos y valles del Pirineo (con cientos de familias afectadas directamente y miles indirectamente) los grandes embalses que exigen esos trasvases motiva una convocatoria de Huelga General en el Pirineo Central el 25 de Octubre. El Delta del Ebro, donde viven 50.000 personas se alza también en movilizaciones ante la amenaza que suponen estos trasvases para la existencia misma de este territorio, en crisis donde hace años por falta de aguas y sedimentos y exceso de contaminación.

5. Denunciar el populismo demagógico que emplea la Administración al hablar de esa pretendida SOLIDARIDAD de pueblos del interior, generalmente pobres, hacia negocios que tiendan a instalarse en zonas más desarrolladas del litoral mediterráneo. En este sentido abogamos por un nuevo modelo de desarrollo territorialmente equilibrado y sostenible que frene el desarrollo especulativo e insostenible del Eje Mediterráneo y ampare las potencialidades de las comarcas del interior desde un uso razonable de sus recursos naturales.

6. Denunciar la sobreexplotación integral de acuíferos y su contaminación por intereses privados, exigiendo que los poderosos especuladores que encabezan esta dinámica de gobierno sean obligados a respetar la ley, al tiempo que se protegen los derechos de agricultores y ciudadanos en general frente al imperio de estos delincuentes que para colmo se presentan como "inversores" que generan riqueza.

7. Denunciar en este sentido como inaceptable la Ley de Punto Final que la Administración propone desarrollar de la mano de esos trasvases, por cuanto implicaría amparar y alentar el desgobierno, la ilegalidad y la política de hechos consumados desarrolla hasta hoy, lo cual sin duda alimentará nuevas espirales de ilegalidad e insostenibilidad.

8. Promover una Nueva Cultura del Agua en la que la eficiencia en el uso y la conservación de nuestros patrimonios hídricos y de naturaleza se compatibilizan con la sostenibilidad de la explotación familiar agraria en el medio rural, rompiendo la demagogia de quienes utilizan a regantes y agricultores para justificar socialmente lo que finalmente acaban siendo negocios del hormigón, del Kilovatio y del mercadeo especulativo de aguas.

Madrid a 30 de septiembre de 2.000.