ACUERDOS DE LA REUNIÓN CONFEDERAL INTERNA DE CC.OO Análisis preliminar y propuestas de CC.OO. respecto al proyecto de Plan Hidrológico Nacional CC.OO. considera muy necesaria la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional que modernice la política hidrológica, reorientándola con criterios de sustentabilidad, de manera que nuestro país cuente con una planificación que gestione la demanda y distribuya de manera sostenible el agua disponible. En este sentido, el proyecto de Plan Hidrológico Nacional presentado por el Gobierno el 5 de septiembre ante el Consejo Nacional del Agua necesita profundas modificaciones. La primera de ellas es que debe incorporar los requerimientos derivados de las nuevas directivas europeas, especialmente de la Directiva Marco, de próxima aparición. No sería aceptable que en un Plan que pretende orientar la política hidrológica para las próximas décadas no tenga en cuenta las obligaciones de planificación contempladas en dicha Directiva. Esta modificación afecta directamente a todos los Planes de Cuenca que fueron elaborados sin tenerla en cuenta. Dichos Planes deben de ser revisados de manera que incorporen los objetivos planificados de recuperación de calidad del agua, tanto en lo que se refiere a su buen estado químico, como a su buen estado ecológico y los programas precisos para alcanzarlos en los próximos 20 años en los términos que obliga la Directiva. Esta no es una cuestión menor, que se puede resolver con una corrección posterior, ya que determina, entre otros aspectos, los caudales necesarios, por ello la revisión de los Planes de Cuenca es imprescindible para adoptar un PHN que a su vez tiene las mismas obligaciones comunitarias. La actualización de los Planes de Cuenca debe hacerse en un breve espacio de tiempo, con el fin de que no retrase excesivamente el trámite del PHN. El proyecto de PHN también debe ser adoptado con los siguientes cambios: Debe orientarse hacia la gestión de la demanda en vez de continuar con las políticas de oferta, cuyo efecto es el de disparar una demanda cada vez más difícil de satisfacer. En este sentido, los ahorros contemplados en el proyecto son muy insuficientes y están muy por debajo de lo que la propia experiencia ha permitido conseguir, tanto en abastecimiento urbano e industrial como en usos agrícolas. Debe permitir resolver de forma definitiva los problemas derivados del mal estado de las redes de distribución que siguen siendo el mayor factor de pérdida del recurso y establecer un adecuado mantenimiento de las mismas, lo que generará interesantes empleos, en calidad y cantidad. Debe revisar los proyectos de nuevos embalses, particularmente en los casos donde las afecciones sociales y ambientales son más significativas. Debe contemplar las posibilidades reales de aplicación de los nuevos avances tecnológicos que permiten la reutilización, la potabilización, la desalación. Otra de las cuestiones a resolver paralelamente a la adopción del PHN es la referida a la gestión. Es necesaria una modernización de los sistemas de gestión, pero no en el sentido de la privatización de la gestión de un recurso que para algunos sectores en vez de un bien público es considerado como una simple oportunidad de negocio a costa de los usuarios. La modernización debe contemplar, desde nuestra perspectiva, un reforzamiento de la función de las Confederaciones Hidrográficas y de sus recursos técnicos en vez de su progresivo deterioro y desmantelamiento. Igualmente debe incorporar criterios de seguridad en el mantenimiento de las presas y de protección medioambiental. En cuanto a la propuesta contemplada en el proyecto de PHN de transvasar 1.000 Hm3 desde el Ebro a las diferentes cuencas mediterráneas, consideramos que esa propuesta no está suficientemente justificada. Entre otras cuestiones nos inquieta particularmente el asunto de los costes, que en el caso del uso del agua para actividades económicas deben tener en consideración un riguroso análisis coste-beneficio y la recuperación integra de los costes recomendada por la Directiva Marco. A la luz de nuestros primeros análisis el coste imputado en el proyecto de 52 ptas./m3 de agua transvasada no está suficientemente razonado, siguiendo los procedimientos adecuados de análisis de coste, y todo indica que el coste real supera ampliamente esa cifra, lo que podría hacer inviable económicamente el proyecto. A no ser que se pretendiera cobrar a los ciudadanos lo que se les regalaría a los propietarios agrícolas, tal como se indica en el propio texto del proyecto cuando se afirma que "la distinta imputación de costes (del agua transvasada) según los usos rebajaría el coste del regadío a costa del abastecimiento", algo que en el caso de que se hiciera así sería de todo punto de vista inaceptable. También es necesario estudiar mejor los costes de la desalación, que en realidad son muy inferiores a los contemplados en el proyecto de PHN (en Canarias hay desaladoras que consiguen el m3 en el entorno de 60 ptas. a cota de 130 m.). En todo caso para poder adoptar una posición definitiva sobre esta cuestión del precio del m3 transvasado es necesario que el Gobierno aporte todos los datos a partir de los cuales ha calculado los costes y que se estudien con la precisión y el rigor técnico que correspondan para llegar a una conclusión objetiva aceptable por todos del coste y se realice el necesario análisis coste/beneficio. En este contexto sería muy conveniente estudiar también otras alternativas para resolver los problemas que se plantean en algunas áreas mediterráneas, especialmente en la Cuenca del Segura. Otra de las inquietudes es la referida a la garantía de realización de la cantidad ofertada en el transvase. La reducción progresiva de los caudales medios en el bajo Ebro, el deterioro del Delta y áreas costeras cuyo mantenimiento está también contemplado en la Directiva Comunitaria, los adversos efectos del cambio climático, …, todo ello permite albergar dudas razonables sobre las posibilidades reales de transferir tal cantidad de forma continuada y en el transcurso de las próximas décadas. Sería pues necesario estudiar mejor la posibilidad de aportes, teniendo en cuenta estas consideraciones, pues de no poder garantizarse los caudales de transvase, sería imprudente generar unas expectativas que fomentaran una demanda imposible de satisfacer precisamente en áreas con límites severos de recursos hídricos, lo que a la larga generaría problemas sociales y de empleo indeseables. Por último, el debate que se abre sobre la planificación hidrológica, en el que se debe dar cabida a todos los sectores afectados, debe ser una ocasión para resolver dos cuestiones que requieren una solución duradera: La democratización de los órganos de participación relacionados con el agua (Consejo Nacional del Agua y organismos de las Cuencas Hidrográficas) dando cabida a los nuevos agentes sociales afectados y redimensionando el excesivo poder de determinados sectores a su vez dominados por los grandes propietarios agrícolas. La adopción de un modelo de desarrollo territorial sostenible y equilibrado entre las distintas área territoriales, incluyendo la corrección de las desigualdades territoriales en el seno de las mismas áreas. Desde estas premisas, CC.OO. realizará un estudio en profundidad del proyecto de PHN para realizar ante el Consejo del Agua y en los demás ámbitos donde corresponda las propuestas oportunas, con el ánimo de sacar delante de forma consensuada un PHN que consideramos una oportunidad histórica para orientar la política hidrológica durante el próximo siglo de manera sostenible en términos medioambientales y de empleo.