Existen numerosas razones para oponerse al pantano de Santaliestra, una mal llamada "regulación hidráulica" que ha sido contestada con un frontal rechazo en la zona donde se pretende realizar y que amenaza directamente la vida de miles de personas.

Considero, de entrada, que es una verdadera prostitución del lenguaje llamar "regulaciones" a obras que secan los cauces de los ríos durante muchos kilómetros, alteran sus flujos habituales y destruyen los ecosistemas naturales de los cursos hídricos, pero esa no es sino una de las muchas falacias que se crean en torno a la construcción de grandes obras hidráulicas y su más que discutible necesidad.

Hablemos un poco del pantano que nos ocupa. La tramitación del proyecto de construcción de un embalse en Santaliestra ha estado rodeada de numerosas irregularidades aún antes de que se planteara la necesidad de sacarlo adelante. Durante este proceso, sus promotores han extrapolado resultados de unas zonas con otras para hacer cuadrar sus estudios, han ocultado interesadamente numerosos datos, han traspapelado informes contrarios que alertaban sobre la posible peligrosidad del embalse diseñado, han realizado múltiples promesas sistemáticamente incumplidas y han actuado con un oscurantismo altamente preocupante en un régimen de libertades públicas.

Solamente por estos motivos hay que desconfiar de un proyecto que condiciona totalmente el futuro de la utilidad de las aguas del Esera ignorando sistemáticamente la opinión de quienes están directamente afectados por el embalse previsto. Y hay que recordar que éstos no son sólo los habitantes de Santaliestra, Morillo, Navarri y Las Colladas –cuyas tierras serían anegadas privándoles de sus actuales medios de subsistencia- sino que todos los ribereños del río veríamos condicionadas todavía más nuestras posibilidades futuras de utilizar las aguas del Esera como factor de potenciación económica de la comarca. Nos estamos jugando mucho más de lo que nos cuentan en este tema sin que la mayoría de los políticos, aragoneses o nacionales, expliquen claramente a los afectados qué es lo que realmente se está dilucidando con una obra que supondría la desvertebración definitiva de un territorio que ha sido rehén de la política hidráulica de los últimos cien años.

En unas recientes manifestaciones al periódico La Verdad de Murcia, el propio presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para justificar su negativa a los trasvases argumenta que desde el punto de vista económico, ecológico y del necesario equilibrio del país, éstos agravarían todavía más la situación. ¡Qué curioso!; exactamente lo mismo ocurre en Aragón: las zonas más desarrolladas expolian a aquellas más deprimidas aunque, en este caso, con la mirada cómplice de quien se dice presidente de todos los aragoneses. Extrapolando la argumentación de Marcelino Iglesias al caso del tan cacareado Pacto del Agua aprobado por las Cortes de Aragón, no podemos sino concluir que las obras en él recogidas suponen el definitivo saqueo de los recursos de unas zonas con gravísimos problemas de falta de población, en los que se ha producido una interesada desinversión y descapitalización favorecida desde el poder y que en la actualidad presentan una total ausencia de porvenir económico y social "gracias" a los desvelos de una clase política aragonesa que tiene la cantera de votos en otras latitudes.

Exactamente lo mismo que ocurre con las demandas del arco levantino. Los mismos planteamientos, las mismas falsedades, idéntico desprecio a la voluntad de los afectados, similar desfase entre los beneficios que se espera obtener y la enorme cantidad de dinero público que es necesario invertir. E idéntica vista gorda ante los desmanes e ilegalidades que se están cometiendo con la puesta en regadío de enormes cantidades de hectáreas sin ningún tipo de regulación, la práctica de cultivos con alto consumo hídrico en terrenos no adecuados, el desprecio por la utilización responsable del agua o la carencia de afecciones para quienes son exclusivamente beneficiarios de una desquiciada política del agua. Todo eso por no hablar del libre mercado del agua, que propicia la paradoja de que son los concesionarios particulares los auténticos propietarios de unos caudales públicos embalsados, para mayor sarcasmo, en presas construidas con dinero público y en tierras expropiadas con una ley de expropiación forzosa que se aplica sólo al beneficio público.

Pero es que, además, en el caso concreto de Santaliestra los vecinos que han protagonizado hasta la fecha la oposición al pantano previsto han sufrido demasiadas presiones y chantajes, han visto sus tierras ocupadas cuasi militarmente y han sido tratados como delincuentes con desproporcionadas demostraciones de fuerza. Resulta significativo este cúmulo de circunstancias que parece diseñado para quebrar la voluntad de defensa de –digámoslo claramente- los habitantes de Santaliestra y para advertir al resto de ribagorzanos y a otros colectivos que se oponen a pantanos similares de lo que les puede pasar "si no se portan bien" y pasan por el aro sin protestar demasiado.

Y eso que en Santaliestra nos estamos jugando algo realmente precioso; la vida de las más de 3000 personas que residen aguas abajo de la proyectada presa. Diversos informes que obran en poder de nuestro ayuntamiento –que hemos hecho llegar, por lo que se ve con muy pocos resultados, a los representantes de la clase política aragonesa y que han sido hechos públicos por todos los medios siendo sistemáticamente denigrados o, directamente, ignorados por esos políticos y técnicos que alientan esta obra- alertan sobre el alto potencial de riesgo de esta presa ya que la zona donde se pretende construir el pantano presenta una tipología geológica que la hace altamente peligrosa.

El proyecto final de construcción de la presa de Santaliestra fue aprobado técnica y definitivamente por el entonces Secretario de Estado de AGUAS Y COSTAS, Benigno Blanco, el 26 de mayo de 1997, aún cuando era consciente de que en su elaboración se habían cometido múltiples irregularidades. Estas irregularidades, que se van haciendo de dominio público poco a poco, fueron la base que alentó al Ayuntamiento de Santaliestra a plantear una batalla legal ahora en curso. La más grave de estas irregularidades fue el diseño de un proyecto en base a hipótesis y extrapolaciones de datos y el corolario de actuaciones que diferentes departamentos de la Administración tomaron después para ocultar lo que, a todas luces, es una ilegalidad.

En julio de 1997, el consistorio de Santaliestra interpuso un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, que fue argumentado en diciembre de ese mismo año. Fue el comienzo de una dura batalla legal que todavía continua con contenciosos en el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorizaba la expropiación urgente de los terrenos afectados por el embalse previsto. Y un nuevo contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por ser el organismo judicial que entendía de la expropiación de los terrenos, sendas querellas criminales contra nueva altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) y de la CHE, incluidos el propio Benigno Blanco y el anterior presidente del organismo intercuencas, Tomás Sancho, -causa en la que el juzgado de instrucción número 38 de Madrid reconoce ya cinco de los siete delitos imputados- o incluso una nueva querella criminal ya admitida a trámite por la presunta falsedad documental cometida por funcionarios de la CHE en las actas de ocupación de los terrenos son algunos de los capítulos legales de una lucha desigual ante el Estado y las múltiples triquiñuelas de una administración prepotente.

Pero Santaliestra acude ante los tribunales con la razón que le da el estar luchando por su propia supervivencia. Informes privados, pero también públicos que "misteriosamente" habían desaparecido se están conociendo y alertando a la opinión pública –y esperemos que a la clase jurídica- del desatino que se pretende hacer en el cauce del Esera. En este sentido, el informe del consulting CIVILTEC S.A., una de las empresas más prestigiosas de España en este campo, señala textualmente que "...las laderas (de la zona que ocuparía el vaso del embalse) presentan una nada desdeñable probabilidad de precipitarse rápida y bruscamente sobre las aguas del embalse... lo que ocasionaría una ola de desbordamientos sobre la coronación de la presa. Este caudal podría provocar una fuerte erosión en el pie de aguas debajo de la presa con peligro para su estabilidad. Estas consideraciones, con una base de probabilidad geológica muy objetiva, sobre los riesgos catastróficos que pueda ocasionar el embalse, bastan por sí solas para retirar este proyecto de su tramitación oficial en curso por la autoridad administrativa que proceda".

En parecidos términos se expresan el profesor Antonio Casas, de la Universidad de Zaragoza -quien recuerda además la alta sismicidad de la zona y hace especial hincapié en el alto riesgo para las poblaciones situadas aguas abajo que conllevaría la presa-, los técnicos de la Universidad Autónoma de Barcelona que elaboraron un Estudio Geológico y Geoambiental de los procesos gravitatorios del lugar en donde se pretende ubicar la presa e, incluso, diversos técnicos de la propia Administración que están siendo silenciados sistemáticamente. Los ejemplos más palmarios son los de Moisés Rubin de Célix, autor de un nuevo informe –ocultado por la Administración hasta que una orden judicial le obligó a hacerlo público- que considera de MAXIMO RIESGO la zona donde se pretende ubicar el embalse, o de Francisco Ayala, un alto cargo por entonces en el Instituto Geominero que fue enviado a la zona por la propia Isabel Tocino cuando era ministra y cuyo informe final no gustó en las altas esferas del Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM). Su posterior denuncia pública de los oscuros tejemanejes y las ocultaciones propiciadas desde el MIMAM le han costado el puesto y su catalogación como una especie de paria para la Administración cuando está considerado y es reconocido internacionalmente como uno de los mayores expertos del mundo en su campo.

Y todo esto sin entrar en análisis más profundos. Un nuevo informe, una Evaluación Técnica del consulting CIVILTEC del informe realizado por el CEDEX, con fecha 17 de febrero de 2000, por encargo de la empresa Aguas de la Cuenca del Ebro S.A. (ACESA) sobre el estado actual del estudio de las condiciones geológicas-geotécnicas del vaso del embalse de Santaliestra es, sencillamente, estremecedor. Tras analizar exhaustivamente el informe presentado por CEDEX, el responsable de CIVILTEC, Arturo Rebollo –posiblemente el mayor especialista en construcción de grandes presas que existe actualmente en España- plantea que existen dos posibilidades morfológicas de los deslizamientos en las masas de derrubios de las laderas bajo las que se asentaría el previsto pantano.

Es interesante constatar que nadie, ni siquiera CEDEX, parece negar que esos deslizamientos sucederán si se construye el embalse, pero la tesis minimalista recogida por CIVILTEC en su informe antes citado de 1997 parte de la base de que las masas deslizarán sobre sí mismas con espesor constante y con pendiente paralela a la misma que tienen actualmente sobre la ladera. Claro que existe una tesis maximalista, defendida entre otros por Francisco Ayala -sin lugar a dudas uno de los expertos más capacitados en problemas geológicos aplicados a la Ingeniería Civil (el subrayado es de Arturo Rebollo)- quien puntualiza sobre el mecanismo formal del deslizamiento de la masa de derrubios de las laderas, a partir de la inundación de las zonas basales o pies de las mismas, sumergiendo íntegramente bajo las aguas aquellas zonas basales. Pues bien, según el ingeniero Ayala, este mecanismo de deslizamiento de las masas de derrubios se realiza íntegramente sobre la superficie de contacto de dichas masas de derrubios con las margas eocenas, formación directamente encajante y soporte de estas masas. Con lo cual, los volúmenes de las masas deslizadas al fondo del embalse, serán, sin duda, notablemente mayores que en la tesis minimalista anterior.

Como curiosidad, cabe reseñar que en el INFORME realizado por CIVILTEC en 1997, después de describir el mecanismo general de deslizamiento y cuantificación de las masas de derrubios, se apunta textualmente: "Todo ello sin contar que estas masas así cuantificadas sostienen también a formaciones superiores que pueden quedar a su vez desestabilizadas, añadiendo más materiales al embalse en ulteriores episodios de deslizamiento". Lo cual indica un determinado grado de convergencia con la tesis maximalista antes comentada.

Retomando la tesis minimalista, que señala que pueden deslizarse hasta el fondo del embalse hasta un total de 28 hm3 de derrubios, Arturo Rebollo explica en su informe que este hecho produciría dos episodios catastróficos diferidos en el tiempo y diferenciados en magnitud:

1. La caída de esta masa de derrubios sobre el máximo embalse originaría como primer episodio catastrófico el desplazamiento instantáneo, tanto hacia aguas arriba como hacia aguas abajo, de una masa de agua del orden de 1-1,5 hm3, habida cuenta de los volúmenes del embalse en aquella zona. Aguas arriba, esta ola de gran energía dinámica destruiría las zonas bajas de las localidades de Murillo, Navarri, Campo y Seira. Mientras sobre la coronación de la presa se presentaría otra ola gigante instantánea de unos 20-30 metros de altura, que arrasaría las poblaciones situadas aguas abajo, incluyendo las zonas ribereñas de Graus.
2. El problema verdaderamente grave causado por el deslizamiento de esta masa sobre el embalse, consiste en que provocaría el cierre del mismo al originar una presa de materiales sueltos de insospechadas dimensiones que provocaría un segundo episodio catastrófico que, si se provocara en días de máximas avenidas, llegaría a almacenar en 3 o 4 días un volumen del orden de 150-200 hm3. En cualquier caso, Rebollo puntualiza que sobre esta presa no se podría actuar por falta de accesos, lo que quiere decir que las localidades de Murillo, Navarri, Campo y Seira, situadas aguas arriba, quedarían irremediablemente inundadas. La rotura de la presa con un volumen de estas características provocaría una espiral de acontecimientos a cuál más dantesco. En primer lugar, un caudal continuado con puntas superiores a 1 hm3/seg. No podría soportarlo la presa de Santaliestra, que también se colapsaría al vuelco. Evidentemente desaparecerían todas las localidades asentadas en la ribera del Esera, incluyendo también la rotura de la presa de Barasona; las zonas bajas de Graus, Monzón, Fraga y el cauce del Cinca quedarían totalmente arrasadas. Y el problema sería si la presa de Ribarroja aguantaría el empuje de una ola como la que irrumpiría en su embalse durante 20-30 segundos. Cabe recordar que este embalse tiene una capacidad de 300 hm3 y que la rotura de esta presa nos lleva a plantearnos qué sucedería con la central nuclear de Ascó, donde podrían presentarse caudales instantáneos de 1, 2, 3 o más millones de m3/seg.

Que después de este informe el nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, José Vicente Lacasa, siga emperrado en la construcción del pantano es una más de las incoherencias que rodean el "asunto Santaliestra". Porque la tramitación de este pantano es una continua sucesión de despropósitos. Hagamos un poco de memoria. La alternativa Santaliestra fue planteada -como bien se encarga de repetir la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y su empresa títere Aguas de la Cuenca del Ebro (ACESA)- por los alcaldes ribagorzanos en una primera reunión celebrada en Campo y ratificada meses después en la propia localidad de Santaliestra. Lo que no se dice es que ésta fue una reunión y un compromiso impuesto; la oposición vecinal había desbaratado los proyectados pantanos de Lorenzo Pardo, el que se denominó "Campo pequeño" y el de Comunet y las presiones de los distintos grupos interesados en embalsar agua del Esera –regantes, sí, pero también grandes constructoras, hidroeléctricas y la misma Generalitat de Cataluña- eran por aquellas fechas angustiosas.

Las reuniones de Campo y de Santaliestra supusieron la voluntad de los ribagorzanos de dar carpetazo definitivo a la espada de Damocles que ha pendido permanentemente en los últimos cien años sobre la posibilidad de desarrollo de la comarca: "Haced este pantano –venía a decir el acuerdo firmado por los alcaldes- pero permitidnos después diseñar nuestro futuro sin más presiones". Era una rendición, pero no en toda regla ya que el cónclave de representantes ribagorzanos marcó unas estrictas condiciones consideradas como innegociables para dar su visto bueno al proyecto hidroeléctrico de Santaliestra.

Todas las condiciones planteadas –que se circunscribían básicamente a una amplia política de vertebración comarcal, de mejora de las comunicaciones, de creación de empleo en la comarca, de veto a nuevos embalses y, sobre todo, de ubicación de la presa en la cerrada de San Martín y con unas condiciones estrictas de coronación- fueron admitidas tácitamente por la CHE y, en una demostración de prepotencia, fueron sistemáticamente incumplidas después cuando se empezó a proyectar el pantano. La situación de cansancio e impotencia que existe en la comarca hacia todo lo relacionado con los pantanos consiguió que nadie reaccionara en un primer momento.

Ni siquiera la gente de Santaliestra protestó entonces, pero el cambio unilateral del emplazamiento de la presa y su ubicación a las puertas del pueblo comenzó a alertar a los vecinos y a generar un incipiente movimiento de oposición al pantano. La posterior alarma creada por el alcance de los estudios técnicos cohesionó el sentimiento de oposición al pantano y desembocó en la campaña de movilizaciones que hemos vivido en los últimos meses.

Resulta lamentable que la clase política aragonesa –con la honrosa excepción de la CHA- haya hecho oídos sordos a la posibilidad de tragedia que conlleva este embalse. Y eso que debería estar especialmente sensibilizada tras lo ocurrido en Biescas. Y es curioso constatar que el mismo Francisco Ayala marginado ahora por incómodo advirtiera años antes en un mapa de riesgos sobre la peligrosidad del camping Las Nieves. Una paradójica circunstancia que debería hacer pensar a nuestros responsables políticos.

El peligro que emana del proyecto es una razón más que suficiente para oponerse al embalse. Se argumentará que la Administración, conscientemente, no aprobaría un proyecto que amenazara la vida de nadie. De hecho se está argumentando este extremo, pero lo cierto es que el pantano previsto sobrepasa ampliamente el denominado factor de seguridad que exige la ley para obras de estas características.

Otros aspectos se suman a la hora de plantear un rotundo no a la presa: sin entrar en alternativas menos costosas al pantano previsto –que pueden, por lo extenso, pormenorizarse en otra ocasión si se considera interesante-, el proyecto supone una seria agresión a Ribagorza que podría ocasionar daños incalculables a la economía comarcal. En una zona abocada a la explotación de su potencial turístico como principal fuente de ingresos, el hecho de tener la carretera que comunica con el Valle de Benasque, su principal polo de atracción turística, con cortes e inconvenientes para la circulación –como sin duda ocurrirá si se empieza a hacer la presa- supondrá un duro mazazo económico del que será muy difícil recuperarse.

Pero es que, además, la carretera que sustituiría el tramo inundado entre Santaliestra y Morillo de Liena se plantea con unas condiciones inasumibles: proyectada por el lado opuesto al actual, tendría una pendiente del 6,9%, una longitud aproximada de 10 km., una anchura de 7,5 m. y una velocidad media de ¡60 km./h!. El propio proyecto reconoce que los deslizamientos de las laderas del vaso destruirían periódicamente esta vía de comunicación aunque no explica la forma de evitarlo. El anexo 21.3 del tomo X del Proyecto de Presa de Santaliestra, referente a la variante de la carretera aprobada, reconoce textualmente que "la estabilidad de las laderas sobre las que debe emplazarse la carretera es en varias zonas precaria y puede hacer imposible, a un costo razonable, situar en tales lugares el trazado". Así mismo, este anexo señala que "...al construirse la Presa y llenarse el embalse, las margas se reblandecerán y tenderán a deslizar... los efectos sobre la carretera pueden considerarse graves".

En un sector tan móvil como es el turístico, las dificultades de comunicación pueden acabar con el importante foco de atracción en que se ha convertido Benasque.

Pero aún hay más. Por si no bastara con el pantano de Santaliestra, la lectura atenta del proyecto de embalse no deja de deparar sorpresas. En el anexo 8 de la Normativa del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (1995) se relatan las previsiones de futuro de los valles del Esera y del Isábena como almacenes de agua para no se sabe qué ni quién. Este Plan Hidrológico contempla una nueva inversión de otros 12.000 millones (de 1995) para complementar demandas de regadío actuales y potenciales en el sistema Esera/Noguera Ribagorzana en una localización no definida y una nueva inversión de 5.000 millones en un embalse regulador en el Isábena que se ubicaría, probablemente, aguas arriba de Beranuy. Es decir, nuevos chantajes a la comarca y nuevas paralizaciones en su actividad económica que pueden suponer la puntilla definitiva a un territorio que se está desertizando de una forma acelerada.

Hay otras muchas razones –ecológicas, económicas, estratégicas, medioambientales, sociales e incluso sentimentales- para oponerse a este pantano cuya construcción supondría la desvertebración definitiva de una comarca suficientemente castigada por la política hidráulica de los últimos cien años.

Con el actual marco socioeconómico, los ribagorzanos nos deberíamos oponer a éste y a cualquier pantano en nuestras tierras aunque no existiera el más mínimo peligro sobre la vida de nuestros convecinos. El agua es un factor de generación de riqueza, cada vez lo va a ser más, y deberíamos poder opinar sobre su utilización y sus servidumbres futuras. Una vez marcadas líneas de actuación y de explotación racional del recurso, de reinversión de las plusvalías generadas o de garantías de uso, habría que empezar a plantear un tema que parece tabú: la asunción de la parte alicuota de afecciones por los que hasta ahora han sido exclusivamente beneficiarios. El tema de los embalses de cola, las balsas de regulación interna en los sindicatos de riego, la modernización de regadíos, el pago de tasas e impuestos específicos a favor de las zonas afectadas por parte de las hidroeléctricas o el reconocimiento y asunción de una "Deuda histórica" con los territorios inundados son asuntos que es de justicia plantear antes de reivindicar cualquier nueva actuación en las zonas de montaña.

Las líneas macroeconómicas nos han relegado a un plano muy secundario: fuera de los grandes ejes de comunicación y sin que exista una voluntad clara de hacer grandes inversiones que posibiliten la creación de alternativas económicas al monocultivo turístico que parece habernos tocado en suerte, nuestras potencialidades de futuro son muy escasas y tenemos que aprovecharlas a fondo.

Nuestros activos más importantes son el paisaje (el medio natural) y el agua; el uno está amenazado por una serie de proyectos de grandes infraestructuras que en nada benefician a Ribagorza –y la línea de alta tensión Graus-Sallente es un perfecto ejemplo de ello- y sobre la otra hay demasiados intereses en juego para alejarla de nuestros pueblos. No parece que ni la clase política ni la ciudadanía ribagorzana sean conscientes de esta realidad pero Santaliestra es el campo de batalla donde, literalmente, se está jugando nuestro futuro y el de nuestros hijos y es hora de que empecemos a ser conscientes de ello.

Un último apunte: resulta curioso, y sumamente triste por lo que tiene de desprecio para las gentes de la montaña, constatar que el Gobierno de Aragón utiliza unos argumentos muy similares para oponerse a los trasvases y que no es capaz de aplicar el mismo rasero a la hora de tratar con sus ciudadanos más desfavorecidos y sistemáticamente expoliados.