Los socialistas nos comprometemos en el diseño de una nueva política del agua, solidaria y orientada a la gestión de la demanda , en los términos recogidos en nuestro último programa electoral, en la que la planificación hidrológica nacional sea una herramienta fundamental que garantice, entre otras cosas, el control público de esta política.

Nuestra apuesta por la planificación hidrológica nacional la demostramos cuando se aprobó, bajo mandato socialista y con el voto en contra de Alianza Popular, la Ley de Aguas de 1985 -referencia cierta de la actual legislación europea-; la demostramos desarrollando las directrices de los planes hidrológicos de cuenca y, sobre todo, presentando un Anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional PHN) en 1993, que llegó a ser informado por el Consejo Nacional del Agua.

Si en España no se dispone hoy de un PHN se debe a la actitud del PP que bloqueó su tramitación parlamentaria, exigiendo condiciones previas (aprobación de los planes hidrológicos de cuenca y del Plan Nacional de Regadíos) que ahora el Gobierno desvirtúa sin la menor coherencia.

Los socialistas consideramos absolutamente necesario la puesta en marcha de un PHN.
 
 

La modificación de la Ley de Aguas de 1985, aprobada por el PP en 1999 con el voto contrario del PSOE, ha vaciado de contenido la planificación hidrológica nacional, en la medida que permite la creación de mercados privados sobre los derechos del agua. Los socialistas seguimos exigiendo la modificación de esta normativa, de forma que se mantenga y se garantice el control público del agua.
 
 

El Gobierno no ha presentado en realidad un PHN, sino un conjunto de alternativas de trasvase a todo el litoral mediterráneo, desde Cataluña a Almería. Las conclusiones del Gobierno sobre las posibles alternativas, escasamente argumentadas, parecen prefijadas de antemano por razones políticas. De hecho, los estudios técnicos que acompañan al proyecto resultan sesgados a favor del trasvase desde el Ebro, que el Gobierno presenta como la opción "destacada" (sic) , infravalorando sus costes e impactos y el correspondiente precio del agua trasvasada.

Tampoco consideramos objetivo el análisis de las demandas de agua en las diferentes cuencas potencialmente receptoras. El Gobierno ha "eliminado" los déficits existentes -según el Libro Blanco y los planes hidrológicos de cuenca, aprobados por el propio Gobierno- en las cuencas del Ebro, del Guadiana, del Guadalquivir y del Sur, con argumentos poco consistentes.

Lo que el Gobierno ha presentado, en síntesis, no cumple los requisitos de una correcta planificación hidrológica, ya que no quedan explícitos ni su diagnóstico, ni sus objetivos, ni sus instrumentos, ni los compromisos públicos que comporta, ni realiza un tratamiento suficiente de las aguas subterráneas y de los ecosistemas hídricos, ni incluye mecanismos de coordinación entre los planes hidrológicos de cuenca y el PHN, ni da respuesta a numerosos problemas hídricos existentes en toda España.

Los socialistas exigimos un diseño más riguroso de la planificación, que abarque todos los territorios y que considere, con seriedad, todas las opciones existentes -con sus costes reales- para atender los problemas de calidad y de cantidad de los recursos hídricos. Para ello es imprescindible, entre otras cosas, disponer de un Plan Nacional de Regadíos (PNR), que incluya la totalidad de las zonas regadas y establezca su escenario de desarrollo acorde con la política de la UE.
 
 

La Unión Europea considera la posibilidad de los trasvases entre cuencas siempre que se esté realizando una correcta gestión integral de cada cuenca y resulte una opción justificada. Los socialistas así lo contemplamos en nuestro programa electoral. Aznar se opuso expresamente a los trasvases con carácter general cuando, desde la oposición, se limitaba a descalificar cualquier propuesta del PSOE: debería explicar las razones de su cambio de posición. Desde luego, un PHN tiene que ser mucho más que la eventual cobertura legal para efectuar trasvases.

Los socialistas defendemos un desarrollo sostenible y equilibrado territorialmente para el conjunto de España. Para ello, el PHN, además de resolver la endémica falta de agua de las zonas con graves déficits de las cuencas del Segura, Guadiana, Sur, Guadalquivir y Ebro de acuerdo con la alternativa que resulte más correcta, debe ser mucho más. El PHN tiene que ser coherente con el Plan Nacional de Regadíos, con el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración, con el Plan Director de Infraestructuras y con las orientaciones y directivas europeas en materia de aguas y de desarrollo rural, así como con el futuro Plan sobre Humedales. El PHN tiene, además, que garantizar la coordinación y ejecución de los planes hidrológicos de cuenca y su gradual ajuste a las nuevas exigencias europeas.

Los socialistas queremos que el PHN, en un contexto de redistribución solidaria de los recursos presupuestarios, esté encaminado a lograr un mayor equilibrio territorial, contribuya a reducir los problemas hídricos y a frenar los procesos de despoblación y de desertificación, creando nuevas oportunidades de empleo y de calidad de vida, y estableciendo mecanismos que garanticen en toda España un uso sostenible del agua. El proyecto del Gobierno no tiene esta ambición y, por el contrario, acentuaría los desequilibrios territoriales, comportaría graves impactos ambientales y no garantizaría en absoluto una gestión sostenible del agua.
 
 

Lejos de aumentar la racionalidad económica en la gestión del agua, el Gobierno introduce muchas incógnitas sobre la repercusión efectiva de costes del agua, en particular del coste del trasvase "destacado" (sic) por el Ministerio de Medio Ambiente, ni en el resto de loas alternativas de trasvase presentadas. Los textos plantean la posibilidad de modular las repercusiones, encareciendo los abastecimientos urbanos; pero la discrecionalidad es absoluta, ya que, además, la aportación del agua trasvasada podrá efectuarse por parte de un concesionario a usuarios concretos, y no al conjunto de la cuenca receptora. Es decir, ni siguiera se garantiza que resulten "beneficiados" por el trasvase los usuarios cuyos déficits justifican, en teoría, el propio trasvase. Se podría dar la paradoja de que se perpetuaran situaciones de infradotación -o de sobreexplotación de acuíferos- en los regadíos consolidados, mientras se atienden demandas urbanas o turísticas a un coste similar al de la desalación o la reutilitización de aguas depuradas.

Los socialistas reivindicamos una gestión pública del agua de cualquier procedencia, que garantice todos los usos actuales con criterios de sostenibilidad, y que evite la especulación sobre el agua y sus consiguientes efectos sociales, territoriales y ambientales.
 
 

El anexo de inversiones que acompaña al proyecto del PHN, cuantificado por el Gobierno en más de 3 billones de pesetas, constituye un auténtico fraude a la opinión pública. Se trata de obras, en su gran mayoría, en tramitación o en ejecución desde hace años -algunas incluso acabadas-, para las que, además, no se cuantifica la aportación, en cada caso, de la inversión estatal, ni se establece un calendario de compromisos. El Gobierno no fija, pues, prioridades: ni siquiera podría hacerlo en gran parte de las actuaciones cuya ejecución está ya encomendada a las nuevas -y casi inéditas- Sociedades de Aguas de las cuencas, de forma que resulta imposible conocer la repercusión de sus costes -que dependerán de la participación efectiva de la financiación privada- ni su calendario de desarrollo.

El Gobierno tampoco dice ni cuándo ni cómo va a financiar las actuaciones contempladas en los planes hidrológicos de cuenca que no aparecen en el anexo de inversiones del Anteproyecto del PHN. El Gobierno: debe explicar si dichas actuaciones se van a llevar a cabo o no.

Los socialistas queremos poder debatir sobre las prioridades reales de la política del agua, que deberían, de forma inmediata, resolver el problema generalizado de mala calidad del agua -que el propio Gobierno reconoce en sus estudios- que afecta muy negativamente a la disponibilidad efectiva de agua y a la calidad del suministro de casi la mitad de los asentamientos urbanos.
 
 

A los socialistas nos preocupa la compatibilidad de la propuesta del Gobierno con la Directiva Europea sobre política del agua, así como con los criterios -cada vez más exigentes en materia ambiental- para la obtención de fondos europeos que faciliten la financiación de las actuaciones previstas. Por lo pronto, los estudios que acompañan al proyecto del Gobierno carecen del suficiente rigor en el análisis de los ecosistemas de las diferentes cuencas, y en los efectos sobre las mismas de las actuaciones previstas, así como de los procesos de cambio climático y de avance de la desertificación y, por lo tanto, no son válidos para iniciar el proceso de convergencia hacia los objetivos establecidos por la Directiva.

Los socialistas queremos un PHN en el que la recuperación y mejora de los espacios forestales y de la diversidad biológica de nuestros recursos hídricos sean objetivos auténticamente preferentes, acorde con las orientaciones europeas en esta materia y con las necesidades ambientales específicas de España.
 
 

A pesar de las continuas manifestaciones del Gobierno sobre la "modernidad" de su oferta en materia de política de agua, cabe decir con rotundidad que el proyecto presentado se corresponde con una visión obsoleta, en la que no juegan el papel que merecen los mecanismos necesarios para garantizar el uso racional del agua y la máxima eficiencia de las infraestructuras, ni se plantean las posibilidades de explotación conjunta aguas superficiales-aguas subterráneas, ni se tiene suficientemente en cuenta la evolución previsible de las tecnologías de desalinización, reutilización de aguas residuales y potabilización. En particular, resulta imprescindible coordinar la política del agua con la política de regadíos para favorecer la modernización del sector agrícola, la correcta dotación de los regadíos legales infradotados y la erradicación de los regadíos ilegales.

Los socialistas queremos una política del agua realmente innovadora, que incorpore los valores de la sostenibilidad y la eficiencia y los cambios tecnológicos y de gestión previsibles a medio plazo.
 
 

Los socialistas queremos que las Confederaciones Hidrográficas se adapten a los nuevos retos de la política del agua y al desarrollo del Estado autonómico. El Gobierno ha vaciado de contenido a las Confederaciones Hidrográficas mediante la creación de las Sociedades de Aguas; lo que significa hurtar al control público importantes decisiones que afectan a un recurso público como es el agua. El Gobierno ha reducido, además, los medios técnicos y humanos de los que disponen las Confederaciones Hidrográficas, impidiendo que desarrollen con eficacia su labor.

Los socialistas consideramos urgente un cambio de actitud del Gobierno en esta materia, mediante el compromiso de reestructurrar las funciones de los organismos de cuenca de acuerdo con la actual distribución de competencias –transfiriendo, además, de una vez, las Confederaciones Hidrográficas cuya cuenca se corresponda con una única Comunidad Autónoma-, así como de dotarlas adecuadamente y de profundizar en la participación de instituciones y colectivos en sus órganos de gobierno. Asimismo, seguimos cuestionando la existencia y funcionamiento de las Sociedades de Aguas en cuya gestión ni siquiera se ha llamado a participar a las Comunidades Autónomas de las correspondientes cuencas.

Ningún PHN, por adecuado que sea su diseño, podrá desarrollarse con éxito en ausencia de organismos públicos de cuenca bien diferentes a los existentes en la actualidad.