Los hay empeñados en prender la mecha de la “caza del moro” en el Campo de Cartagena. Los hay sedientos de nuevos El Ejidos. Vemos en El Algar o en Dolores de Pacheco como circula a lo largo y ancho del tejido social la relación entre inseguridad ciudadana (robos, criminalidad, etc.) y presencia de inmigrantes. Vemos en La Palma una banda de cuarenta jóvenes armados de palos y navajas a la caza de un marroquí que tuvo que protegerse en un supermercado para evitar un apaleamiento en toda regla. Afortunadamente lo que los sociólogos llamamos reflexividad está funcionando para limitar esas preocupantes tendencias: en muchos pueblos hay gente que ha reflexionado sobre lo ocurrido en El Ejido y no quiere que su pueblo reproduzca aquel vandalismo racista. Y parece que es esa gente la que en El Algar o en La Palma está conteniendo a la “jauría humana”.

       Tenemos racismo. Un racismo bien inscrito en la estructura social murciana, se le quiera reconocer o no, y por mucho que se empeñen en negarlo los discursos inmaculados de algunos políticos e intelectuales, su presencia está expresándose ya desde hace unos años con una violencia difusa. El que esa violencia degenere en un nuevo El ejido o no depende de si se producen cambios en las condiciones sociales y políticas de producción del racismo.

       Hay demasiada violencia simbólica en circulación por muchas de las zonas rurales de la Región. Los inmigrantes magrebíes llevan diez años concentrándose en muchos pueblos de la geografía regional, viviendo en chabolas, “cochineras” y otros infiernos, han sufrido situaciones laborales de sobreexplotación y han conocido múltiples formas de humillación de innumerables capataces o “amos” (calificativo con el que a veces llaman los trabajadores magrebíes a sus jefes, como en los mejores tiempos de la esclavitud...), han sido chantajeados o estafados por mafias de las más diversas procedencias.

       Dediqué varios años a estudiar las relaciones laborales en el campo murciano, y conozco muy bien las tensiones que anidan en su interior, como por ejemplo esos traficantes de mano de obra, verdaderas mafias del “trabajo temporal”, que recorren con sus furgonetas las carreteras murcianas llevando de un lado para otro trabajadores hacinados en su interior, sin ningún papel en regla, y expuestos a algún desgraciado accidente, como ya ha ocurrido, con las consiguientes mutilaciones o muertes de trabajadores “no vinculados formalmente a ninguna empresa” . El que haya pensado que se puede prolongar durante más tiempo esta situación, sin que proliferen robos, altercados, peleas, “trapicheos”, es un irresponsable. 

       Pierre Bourdieu nos ha alertado sobre la ley de conservación de la violencia . La violencia ni se crea ni se destruye, se transforma. Si un grupo humano es sometido al nivel de violencia simbólica al que ha sido sometida la población magrebí en el campo murciano, esa violencia terminará derivando en otras formas de violencia, afectando al conjunto del espectro social. Urge, pues, absorber los niveles de violencia inyectados en la estructura social murciana más vinculada a la agricultura industrial. Y ello significa cuestionar en profundidad el modelo de relaciones de trabajo dominante en el agro murciano.

       ¿Recuerdan el inicio de “El Proceso” de Franz Kafka: “Alguien debió de haber calumniado a Josef K., puesto que, sin haber hecho nada malo, fueron a arrestarlo una mañana”? A partir de ese momento toda la biografía del “acusado” Josef K. transcurre sobre un mundo de poderes ocultos e imprevisibles, donde todo el mundo le acusa, pero él nunca conoce las causas que se le imputan, y su vida es progresivamente expropiada por “el proceso” al que es sometido, perdiendo la capacidad de controlar sus propios actos o de autogestionar su propia vida. La biografía de Josef K. se torna imprevisible, sobre su cabeza hay un perpetuo riesgo, y en cada rincón descubre un indicio de la existencia de “el tribunal” que, terminará descubriendo con horror, está en todas partes.

       La inseguridad que el neoliberalismo introduce en la vida social lleva a muchos a ver en el inmigrante un chivo expiatorio de sus propias miserias. Como Josef K., un inmigrante es señalado como “un acusado”. Las políticas de extranjería y de control de fronteras han tejido alrededor del inmigrante una compleja red burocrática, que le convierten en un sujeto sometido constantemente al interrogatorio de alguién del “tribunal”, en “un proceso” permanente. Es una biografía del riesgo químicamente pura: riesgo de ser expulsado, detenido, sobrexplotado, malpagado, alojado en infravivienda,... El agobio de Josef K. es la imprevisibilidad a la que se ve sometido. Una biografía del riesgo es una espada de Damocles suspendida sobre alguien. Josef K. es un inmigrante en el campo murciano.

       Si una crisis grave ocurre (y mucha gente vive fenómenos crisis en forma de desempleo, precariedad, pobreza, penuria económica y vital, etc.), los inmigrantes K. se convierten a los ojos de la sociedad local en chivos expiatorios, en enemigos interiores. Son públicamente designados, sacrificados, excluidos, y así la sociedad local puede mantener la “integridad” del cuerpo social. Este mecanismo ha estado presente en El Ejido con el máximo grado de virulencia, pero también está presente, con menos grado de violencia, en el Campo de Cartagena o en el Valle del Guadalentín.
 
 

        El modelo de relaciones de trabajo existente en el campo murciano ha de ser politizado y cuestionado en profundidad. Es insostenible que siga fomentando las situaciones de sobreexplotación del trabajo, de precariedad y de economía sumergida que lo caracterizan. Es necesario un pacto salarial de amplio alcance que involucre a todos los agentes sociales e institucionales implicados, donde se consolide un círculo virtuoso de contrapartidas recíprocas: a cambio de unas condiciones de trabajo dignas y unos derechos de ciudadanía reconocidos, los trabajadores se implican en la generación de ganancias de productividad, ganancias que permiten al empresariado seguir invirtiendo en la política de recursos humanos.

        Este pacto salarial deberá extirpar del agro murciano la economía sumergida y la informalidad en el empleo. La externalización del trabajo manual de recolección o plantación hacia esa red de subcontratas que han proliferado en los campos (“furgoneteros”), auténticas mafias especializadas en el tráfico de mano de obra, también debe extinguirse. Igualmente ha de potenciarse al máximo la formación contra la discriminación laboral, implicando en la misma tanto a la gerencia como a la plantilla, y especialmente a los capataces o mandos intermedios, cuyas relaciones con la cuadrilla, han de cambiar sustancialmente, pues en la actualidad atentan contra la más mínima racionalidad humana.