El Segura era la base económica de Murcia. Foto:Jaime Garrido

El debate sobre el Plan Hidrológico Nacional se ha situado en unas claves poco proclives a la reflexión atemperada. De hecho, uno no habría imaginado peor escenario de discusión que un intercambio de excesos lingüísticos entre dos comunidades autónomas, aderezado por severas amenazas a las voces disidentes y otras joyas por el estilo. El que esto escribe lo hace desde el convencimiento de que el debate racional y crítico es una necesidad para avanzar en la democracia participativa, y que hoy la búsqueda de soluciones a los problemas territoriales y ambientales requiere ante todo de escenarios plurales y reflexivos.

       Esta región ha estado durante muchos años jugando a la ruleta rusa con los temas ambientales. Se han permitido todo tipo de destrucciones. Desde la omnipresencia de substancias dañinas en todos los ríos que cruzan la región, a la parálisis de casi todos los intentos de planificación ambiental previstos (directrices del Mar Menor, directrices de Portman, planes de protección de espacios, desarrollo de la ley de protección del medio ambiente), se conforma un historial impresentable ante cualquier instancia. Esta irresponsabilidad organizada era tan fácil de prever que tarde o temprano pasaría factura.

       Este periódico, en su anterior número, ha dado en el quid de la cuestión a la hora de analizar el estatus de la Región de Murcia ante el debate sobre el Plan Hidrológico: haber permitido durante años el desarrollo de regadío ilegales, la sobreexplotación de acuíferos, la apertura clandestina de pozos de extracción de agua, etc., erosiona la credibilidad y legitimidad de los poderes regionales para posicionarse con cierta racionalidad en ese debate. La irresponsabilidad organizada sobre la gestión del agua en la Región de Murcia nos sitúa ya dentro del terreno de los perdedores en el debate sobre el Plan Hidrológico Nacional. Este es un efecto boomerang característico de la Sociedad del Riesgo en la que vivimos: los riesgos ambientales se vuelven en contra de quienes los producen, por una lógica social que en sociología llamamos reflexividad. Si como dice Ulrich Beck, en su teoría de la Sociedad del Riesgo, ‘el medio ambiente no es medio ambiente, sino la base económico-existencial de otras ramas’, entonces la destrucción medioambiental es la destrucción de nuestra base económico-existencial.

       Dice el sociólogo francés Pierre Bourdieu que los grupos sociales tienen habitus o estilos de vida resultado de procesos históricos interiorizados en los cuerpos. Determinadas posiciones sociales con autoridad económica y política en esta región tienen bien interiorizados los habitus propios de aquella burguesía decimonónica, cuya inherente concepción señorial del suelo (y del agua) como bienes patrimonializados (el mundo de las grandes propiedades, las fincas urbanas y la estabilidad del latifundio), generó una lógica de acumulación económica basada en la apropiación lucrativa o especulativa del suelo (y del agua). Esta configuración del espacio según un habitus patrimonialista ha venido corrompiendo o disolviendo la concepción ciudadanista del territorio como un espacio público o comunal. Con la llegada de la democracia y del Estado de las Autonomías, este habitus especulador y acaparador del territorio ha tenido una increible capacidad de seguir reproduciéndose y corrompiendo la vida política y social. Para Bourdieu, los habitus en cuanto historia encarnada en los cuerpos forman un sistema de disposiciones perdurable (están fuertemente enraizadas en nosotros, y se resisten al cambio) y transponible (las disposiciones adquiridas, por ejemplo, en las formas de formación del beneficio empresarial, tienen efectos sobre otras esferas de la experiencia, por ejemplo, en el ámbito político de la toma de decisiones). Esta historia de la concepción patrimonialista, lucrativa y especulativa de los recursos, en cuanto historia encarnada en los cuerpos, en forma de habitus de aquellos que poseen y controlan el capital económico, se manifiesta de diferentes formas en la Región de Murcia, entre otras, en la expansión de toda clase de ilegalidades en cuestión de regadíos o extracción de agua subterránea, y por transposición, en el descontrol administrativo de la gestión del agua. Mientras una acción pública decidida no fortalezca habitus propios de la concepción ciudadana y democrática de los bienes públicos, el siglo XIX seguirá entre nosotros, haciendo válido aquello de ‘... por los siglos de los siglos, amén’.

       El trasvase Tajo-Segura fue posible dentro de una determinada estructura territorial. Un estado fuertemente centralizado, que concentraba el poder político, y un territorio nacional circundante sin instancias de poder propio. Este modelo político definía unas relaciones territoriales típicas de centro-periferia de carácter jerárquico y vertical. Desde el centro del poder político y económico se asignaban las funciones que habían de cumplir los espacios periféricos. Este fue el contexto de la determinación del trasvase Tajo-Segura, que se configuró estrictamente como una ‘obra de Estado’, en la lógica de un modelo fuertemente piramidal de estructuración territorial (polos centrales de desarrollo-hinterland circundante).

       A mi parecer los grandes trasvases de agua solamente son viables políticamente en el contexto descrito anteriormente, es decir, como obras de una determinada forma estatal (hipercentralista), y que tiene unas específicas relaciones con el territorio (de subsunción de sus recursos). Pero esa ya no es nuestra realidad. Los procesos de descentralización productiva y económica, así como los de descentralización política (Estado de las Autonomías), han transformado radicalmente la estructura territorial, y como analiza el geógrafo Pierre Veltz, ‘se está produciendo un predominio de las relaciones horizontales (polo-polo) sobre las relaciones verticales (polos-hinterland). En este nuevo modelo territorial, las relaciones adoptan una estructura en red (no piramidal ni arborescente). Así, en este contexto, una obra de la envergadura de un trasvase a larga distancia (que no es comparable con una autovía como algunos pretenden, pues un transvase implica llevar un recurso arraigado en un territorio a otro donde falta), está llamada a la contestación.

       Resulta de gran interés la aportación realizada por un economista tan serio y riguroso como José Manuel Naredo en el número de octubre de la versión en castellano de Le Monde Diplomatique, de ‘dar mayor flexibilidad al régimen concesional para promover el trasvase voluntario entre usuarios próximos’, ‘facilitando acuerdos voluntarios entre agricultores de regadío y otros usuarios de mayor rango para transferirles total o parcialmente sus disponibilidades de agua en momentos de dificultad, recibiendo como contrapartida ingresos que los resarcen holgadamente de los perdidos por la cesión’. Esta propuesta se adapta a la lógica de redes territoriales polo-polo en la que vivimos, por tener un carácter descentralizado, dar prioridad al acuerdo entre usuarios, y apostar por una pequeña infraestructura y no por una grande. Los grandes trasvases a larga distancia pertenecen a un contexto donde un Estado fuerte ordenaba el territorio según un esquema de centro periferia. Este orden espacial ya no existe. La actual descentralización política y productiva impone una lógica de territorio de redes, y la propuesta de un régimen concesional de agua a través de pequeños trasvases acordados entre usuarios, parece muy adecuada a esa nueva lógica político-territorial. ‘Pero desbloquear esta situación, añade Naredo, exige culminar el paso desde la política de obras hidráulicas (de oferta) hasta ahora predominante, hacia otra que trate de gestionar el agua como recurso en régimen de escasez, superando el antiguo paternalismo intervencionista que, junto con el agua, ha traído la irresponsabilidad entre los usuarios’.