Para los científicos el PHN se centra en satisfacer una demanda insostenible de agua

Cuando el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunció, ajeno a los micrófonos, que la aprobación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) iba a ser un "paseo militar" para el Gobierno gracias a su mayoría absoluta, nadie pensaba que en el desfile se iban a producir alistamientos desde las filas socialistas.

El apoyo de los gobiernos de Extremadura y Castilla-La Mancha al dictamen del Consejo Nacional del Agua al plan ha abierto un frente inopinado en el debate sobre la planificación hidráulica en España. Hasta ahora, el PHN había enfrentado al Gobierno con Aragón, contraria al trasvase del Ebro. Ahora, sin embargo, la decisión de los gobiernos extremeño y castellano-manchego de avalar el plan abre una vía de agua entre los socialistas, cuya dirección había anunciado una enmienda total al PHN.

Los presidentes José Bono y Rodríguez Ibarra afirman que votaron como presidentes de sus comunidades, y no siguiendo las órdenes de Ferraz, pero entonces habrá que reconocer la habilidad del ministro Jaume Matas de haber sabido atraerlos hacia su postura con contrapartidas de inversión y más garantías para la cuenca del Tajo (que no trasvasará agua al Segura hasta que sus embalses de cabecera alcancen un nivel alto). El trámite parlamentario pondrá a prueba la unidad del PSOE y su capacidad para tener un único discurso en España.

Pero el "desfile" convocado por el Gobierno también tiene insumisos. Además de las comunidades de Andalucía, Asturias, Aragón y Baleares, votaron en contra los ecologistas, dos sindicatos agrarios y el grupo de científicos, quienes emitieron un voto particular que contiene un durísimo alegato contra los planes del Gobierno, incluido el trasvase del Ebro. Los expertos, capitaneados por Narcís Prat, refuerzan la línea argumental de aquellos que piensan que el PHN se centra en el objetivo de satisfacer la demanda de más agua en una carrera insostenible, sin que se haga la misma apuesta por las políticas de prevención (que evitarían los polémicos trasvase) mediante el ahorro de agua, lucha contra la contaminación, mayor eficiencia en los derrochadores riegos agrícolas y un incremento de la reutilización de las aguas residuales para algunos usos.

Los científicos afirman que "el coste final del agua trasvasada puede ser superior al de potabilizar agua del mar", y advierten que el trasvase del Ebro incrementará "las amenazas de degradación del Delta", donde la reducción de caudales restará sedimentos a su desembocadura, agravará la erosión en su frágil ecosistema y agudizará la entrada de agua salina, entre otros impactos ambientales. El profesor Narcís Prat opina que los nuevos embalses y regadíos que se crearán en la cuenca de este río causarán más daño en el Delta que el trasvase de los 1.050 hm3 previsto desde su desembocadura.

En este debate, el Gobierno catalán ha logrado que se garantice la elaboración de un plan de protección del delta del Ebro y extender la llegada del minitrasvase del Ebro hasta Barcelona. Pero esto está muy lejos de satisfacer sus demandas, pues había solicitado reducir el trasvase del Ebro (supliéndolo con agua del Ródano y de los canales laterales de riego del Delta). La ausencia de su consejero Felip Puig en el Consejo Nacional del Agua a causa de una indisposición ha proyectado la imagen de un Govern indeciso. Su voto era comprometido. No se sabía si CiU sería reclutada para el desfile del Gobierno o desertaría de su entente con el PP en Cataluña. Si hubiera votado a favor se habría granjeado la repulsa del antitrasvase en Tarragona y si hubiera votado en contra habría resucitado la indeseada imagen de un frente antitrasvase formado por Aragón y Cataluña. Las posteriores declaraciones de Puig diciendo que se habría abstenido no cuadran con el ambiente de marcha militar. Ya se sabe que en caso de guerra tantas vacilaciones pueden hacer que al final llegues tarde a la entrega de medallas.