Desde los años 80 más de las tres cuartas partes del presupuesto total en materia de Medio Ambiente ha sido destinado a la construcción de depuradoras e instalaciones relacionadas. Casi todo el dinero se ha gastado en la realización de obra civil, y ha sido facturado por un pequeño grupo de empresas constructoras.

Según datos de la propia Administración Regional más del 75% de las industrias realizan vertidos no autorizados y la carga contaminante de materia orgánica, sólidos en suspensión y diversos metales pesados supera en diez y hasta cien veces los límites fijados por la normativa vigente. Esto hace que en la práctica las depuradoras, muchas de ellas basadas en procesos biológicos, no puedan funcionar correctamente. A pesar de esta incontestable situación y de la existencia de una abundante normativa referente a vertidos y calidad de las aguas, y según datos de la propia Confederación, entre 1994 y 1997 sólo existen 70 expedientes sancionadores en tramitación, y tan sólo 8 expedientes sancionadores definitivos, que además no se han aplicado porque están recurridos. La Confederación reconoce además que no se ha propuesto ni decretado la clausura de vertido alguno.
Cuando las autoridades murcianas hacen referencia a la solución del problema, siempre hablan de nuevas inversiones para construir nuevas depuradoras.