Noticia obtenida del nº 31 de

La Plataforma del Agua del Noroeste también lleva su queja al Parlamento Europeo
Regantes de la costa ‘chupan’ agua del Segura con veinte pozos de sequía cercanos a Calasparra

CALASPARRA

Invernaderos de Agrasa en la finca "El Sombrerico". Parque Natural Cabo Cope-Calnegre.

En medio del escándalo de presuntas roturaciones ilegales en el Noroeste de terrenos forestales incendiados, extracciones presuntamente ilegales de agua, y trasvases de particulares mediante cauce público a partir de pozos no autorizados para caudales semejantes, surgen tomas ilegales del río Segura al final de su vega media, convenientemente documentadas a requerimiento de La Economía, al menos en cuatro puntos: Paraje de ‘El Diente’, en Lorquí; Soto de la Algaida, en Archena; Comunidad de Regantes ‘Santa Inés’, en Balneario de Archena, y ‘Salto de la Novia’, en Ulea. Pero hay más.

       Las apuntadas son, a juicio de agricultores del Noroeste, sólo una muestra de la pasividad de la propia Confederación Hidrográfica del Segura (con flaca asesoría jurídica para el gran volumen de conflictos suscitados en una cuenca donde escasea el agua) y de la dejadez de la cúpula del organismo presidido ahora por el ingeniero agrónomo y abogado, Juan Cánovas; su secretario general e ingeniero, Gerardo Cruz Jimena; su director técnico, Joaquin Ezcurra; su Comisario de Aguas, José Alemán, y el responsable de su Oficina de Planificación Hidrológica, Manuel Mirón.

       Esa dejadez puede costar ahora a todos los contribuyentes españoles unos mil millones de pesetas. Esa es la cantidad que tendría que pagar la CHS a la empresa ‘Repsol’ para sacar de debajo del pantano del Cenajo, a unos diez kilómetros de su cola, los 500 metros de tubería del oleoducto Cartagena-Puertollano autorizada en su día a la empresa energética tal como revelamos en el anterior número de nuestro periódico. Su soterramiento bajo el Segura y el Cenajo, sin la preceptiva licencia municipal del Ayuntamiento de Moratalla, que desconocía su existencia dentro del término y en esas precarias condiciones de seguridad, puede provocar que la misma CHS inste a ‘Repsol’ a utilizar un nuevo trazado alternativo entre sierras, que encarece la obra, y que ya fue descartado con anterioridad por su elevado coste. El proyecto de desviación/rectificación se podría estar planteando en importantes despachos ante el escándalo suscitado al conocerse los diez meses de riesgo innecesario para las aguas del Segura a las que podrían haber caído en caso de rotura no menos de 500 toneladas de crudo provenientes de Escombreras.

       Lo que una burda propaganda institucional murciana, que finalmente no ha convencido a ningún medio de comunicación nacional importante y a muchos periodistas de buena fe traídos hasta aquí les ha hecho sentirse engañados, presenta como regadíos modernos y ejemplares, en referencia a los de Mula, lo que no es sino la cara artificial y amañada de otra práctica de gestión hídrica más que choca con el más elemental de los criterios conservacionistas, a juicio de la queja al Parlamento Europeo de la Plataforma Comarcal del Agua del Noroeste cuando el pasado mes de julio denuncia, en referencia a Bullas, lo que sucede desde hace veinte años con el trasvase de aguas subterráneas desde el Pozo El Pradillo, ‘que deja el cauce del río Mula totalmente seco en un tramo considerablemente largo’ en referencia a los cinco kilómetros entre su nacimiento y el Salto del Usero.

       Fuentes de ADENA confirman esa situación y que, tanto ‘El Pradillo’ como el pozo ilegal ‘Corral de Comba’, que desde 1994 ‘viene funcionando más como pozo complementario (...) que como pozo de sequía’, ambos propiedad del Heredamiento Aguas de Mula-Regantes del Pantano de la Cierva que preside el perito agrícola Francisco del Amor, afectan gravemente al caudal ecológico del citado río y a los volúmenes tradicionales de sus fuentes así como a la actual destrucción de su ecosistema. El segundo pozo vierte posteriormente al cauce del Mula un agua privada, tras provocar un descenso piezométrico en las fuentes al distorsionar el acuífero natural, que abastece los modernos y presuntos regadíos ilegales exhibidos como ejemplo de buen aprovechamiento en la campaña publicitaria de nuestro gobierno autónomo que ha llegado a pivotar así sobre otro presunto delito ecológico. La Guardería Fluvial de la CHS tiene puestas numerosas denuncias que se traducen en dos expedientes sancionadores que no terminan de prosperar nunca.

       Al tal Del Amor (relacionado en su día con la tristemente célebre empresa ‘Rilosa’ vinculada mediante familiares en primer grado con los ex-consejeros socialistas de Agricultura, José Luis Albacete Viudes y Antonio León Martínez-Campos) le une íntima amistad con el señor Cruz Jimena, verdadero factótum de la Confederación Hidrográfica del Segura, según confirman diversos funcionarios consultados que predicen el inminente nombramiento del primero como nuevo presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura en sustitución de José-Joaquín García Yelo, de Abarán, y persona muy próxima al terrateniente Andrés Bastida, propietario de ‘Frutas Maripí’, señalado por ‘Ecologistas en Acción’ como uno de los depredadores del medio natural murciano protegido.

       En Caravaca la cuenca del río Argos está muy castigada y dice la queja al Parlamento Europeo que ‘de sobra es conocido el caso de la pedanía de Archivel donde sólo en la finca Gorrafina propiedad del señor Abellaneda que comercializa con la marca Abemar se han transformado más de quinientas hectáreas de secanos en nuevos regadíos cultivados de lechugas en pocos años; también en la Cañada de los Derramadores esa misma empresa ha transformado grandes superficies, siendo ‘vox populi’ el comercio de agua de pozos en dicha zona; también, desde el paraje La Loma Ancha se vienen trasvasando grandes cantidades de agua para el riego en el municipio de Alhama a través de los canales del Taibilla’.

       En la misma comarca, en Calasparra, en el acuífero de El Molar, unos veinte confusos pozos de dudosa legalidad (‘supuestamente de sequía’ y por no ser anteriores en realidad a la Ley de Aguas) son propiedad de ‘Riegos Meridionales’ (al parecer empresa formada por regantes de Mazarrón, Aguilas, Puerto Lumbreras y Pulpí). Extraen en zona colindante al río Segura, en un acto de presunto delito ecológico, una cantidad incontrolada de agua de, al menos cinco Hm3 al año que son 160 litros/segundo, presumiblemente a costa del caudal del río destinado a los riegos tradicionales de la Huerta de Murcia y Vega Baja alicantina. La citada cantidad es vertida luego al río para ser conducida a través del postrasvase y ser utilizada en los riegos pre y litorales del sur y sudoeste de la Región, y colindante de Almería.

       Es por todo lo anterior que la Plataforma Comarcal del Agua del Noroeste ha solicitado que técnicos de la Unión Europea visiten e inspeccionen la comarca para la verificación de las actividades ilegales denunciadas ‘y que han sido plasmadas en el amplio informe realizado por la Guardia Civil’ ante la probada pasividad de la Confederación Hidrográfica del Segura y la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Exige, por tanto, que ‘la autoridad competente ejerza su labor de control’ tras reconocer que la principal causa del problema ‘es la deficiente gestión y distribución del recurso (...) y no la climatología, que es la misma desde tiempo inmemorial’.

       Pero hay particulares que no quieren esperar a lo que diga o deje de decir Bruselas y se han ido derechos a los tribunales. Si en una embestida jurídica por la vía penal sólo consiguieron el archivo de la juez de Caravaca primero y de la Audiencia Provincial después, en medio de la duda del fiscal, José María Alcázar, que no termina de actuar de oficio tal vez porque la Cuenca del Segura abarca a cuatro comunidades autónomas y estima lo que pasa es competencia de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción, la familia propietaria de la finca ‘Architana’, en el término de Moratalla y colindante con la de ‘El Chopillo’, ha entablado un procedimiento contencioso-administrativo contra la Confederación Hidrográfica del Segura y propietarios de la citada finca para que se sustancie la alarmante disminución del caudal de la Fuente de Architana a raíz de la electrificación, presuntamente ilegal, de once pozos para extraer 5.000.000 m3 anuales, presuntamente ilegales también al conculcar la vigente Ley de Aguas. Al menos, dos de esos pozos, con doble titularidad y denunciados por la Guardia Civil, son considerados fuertemente perturbadores para el caudal histórico y vivo de la Fuente de Architana, con derecho prevalente, por especialistas del Departamento de Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica de la Universidad Politécnica de Cartagena, según la documentación aportada en autos en forma de dictámen.

       Las demandantes, que han preferido esta vía antes que acudir a los buenos oficios de la empresa ‘Tabala S.L.’ fundada por Manuel Beltrán Jiménez, ex-secretario general de la CHS, y que pasa por ser la ‘más eficaz y diligente’ ante su pesada burocracia, han llegado a recusar al magistrado de la Sala de lo Contencioso e interesado directamente en el procedimiento, Mariano Espinosa de Rueda Jover, al ser uno de los propietarios de ‘El Chopillo’ y de los cuestionados pozos (de los que extrae con sus hermanos otro 1.576.000 m3 anuales) junto a Mariano Roca Meroño que lo es a través de la mercantil ‘Frocap Lo Romero S.A’. El citado magistrado, casado con la letrada Pilar Ruíz Llamas, asesora jurídica de la Presidencia de la Comunidad Autónoma, se ha abstenido de intervenir en el litigio para evitar ser juez y parte en un procedimiento que trata de verificar si las numerosas inscripciones de aguas de los propietarios de ‘El Chopillo’ se ajustan o no a derecho al existir serias dudas por parte de las demandantes.