Noticia obtenida del nº 32 de

La pasividad institucional pone en riesgo objetivo la salud pública murciana
El estado del río Segura amenaza la recepción de ayudas europeas

MURCIA

El estado de extrema contaminación del río Segura, por pasividad y negligencia de la Confederación Hidrográfica y la Comunidad Autónoma, amenaza con bloquear la recepción de los fondos europeos, estructurales y de cohesión destinados a Murcia al poner en riesgo objetivo la salud pública de los murcianos y de nuestros vecinos alicantinos de la Vega Baja, según han asegurado fuentes solventes de la Comisión Europea a La Economía. Pero el riesgo más importante es que Murcia termine perdiendo sus mercados tradicionales de exportación hortofrutícola si se confirma que el agua residual para nuestros riegos, mas una agroquímica irresponsable, compromete, además, la salud de nuestros clientes consumidores europeos. La competencia está vigilante y presta a la denuncia. A partir de enero la Región tendrá que defenderse.

       La situación de absoluto desorden medioambiental en la Región de Murcia, acreditada en gran parte por la secuencia de sucesivas denuncias de diferentes grupos ecologistas como Adena, Anse, Ecologistas en Acción y Greenpeace y la hipocresía del gobierno regional como única respuesta al clamor de las vanguardias sociales, se concreta en el estado del río y sus afluentes, la inseguridad por polución atmosférica en la comarca de Cartagena, el saqueo de las reservas estratégicas de agua subterránea en la comarca del Noroeste, la falta de respeto en la conservación de los espacios naturales protegidos, la permisividad con el sistema de acuicultura en nuestro litoral y las condiciones insalubres de las prácticas de agricultura intensiva que arrasan los suelos rústicos.

La nueva ley del Suelo, cuyo texto ultima el gobierno murciano tras el varapalo al anterior anteproyecto por el Consejo Jurídico Consultivo de la Región, se perfila como un instrumento desregulador de la vigente ley de Protección Ambiental, aprobada en su día por consenso en la Asamblea Regional. El objetivo de influyentes grupos muy concretos, por económicamente poderosos, es acabar con las últimas trabas que les impiden desenvolverse en un ambiente de ‘ley de la selva’ pese a la impunidad de que ya gozan. La mayoría absoluta parlamentaria puede llegar a ser la gran coartada democrática para utilizar la legitimidad política contra los intereses generales.

       Caroline London, del grupo de apoyo jurídico a la Comisión Europea, llegó a comparar el Segura con una estación de tratamiento de aguas residuales rusa y se asombró de que en una región europea exista un río así. Ha sido la primera en advertir del riesgo que corre Murcia de que las autoridades de Bruselas veten nuestras verduras en los mercados comunitarios en cuanto comience a funcionar la nueva Agencia Alimentaria Europea. El propio Ministerio español de Medio Ambiente reconoce públicamente la inadmisible contaminación en siete puntos de la Cuenca del Segura.

       Esta nueva experta de la Unión Europea en derecho ambiental que visita nuestra región en pocas semanas recorrió días atrás el cauce muerto del Segura en la ciudad de Murcia tras conocer el informe acerca de la calidad de los lodos del río elaborado por el Laboratorio Químico Microbiológico (LQM). Ese último análisis demuestra que los metales pesados en el agua del río superan en mucho los niveles permitidos por la normativa europea y española recogida por el Real Decreto de Dominio Público Hidráulico. Bajos unos puentes de diseño discurre una corriente de muerte en forma de cadmio, cromo, plomo, mercurio y selenio en unos niveles que rebasan como mínimo cuarenta veces los máximos autorizados por una legislación ya de por sí condescendiente.

       Las repercusiones para la salud humana son muy claras y determinantes, sobre todo para quienes habitan cerca del cauce o ingieren verduras y frutas regadas con aguas fétidas por envenenadas. El plomo, por ejemplo, se acumula en los organismos vivos. El cadmio, absorbido por las cosechas, pasa a la cadena alimentaria humana y animal. El mercurio es uno de los elementos más cancerígenos, se filtra desde el río a los acuíferos, contamina las plantas, la atmósfera y la fauna marina. El selenio lo absorben las plantas y produce en los seres vivos que las ingieren intoxicación alcalina. Y, finalmente, el cromo produce la erosión y agotamiento de los suelos aparte de una disminución de la superficie agrícola. Esta situación es ya muy conocida en Bruselas a través de ecologistas, europarlamentarios y Agencia Europea del Medio Ambiente.

       La exposición prolongada a estas sustancias y su arrastre hasta zonas de huerta provocan la contaminación edáfica (como muy bien sabe por especialista el actual consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente) y se traduce en problemas de audición, encefalitis, esterilidad, infecciones diversas, y graves lesiones en cerebro, riñón, hígado y pulmones. La incidencia de neoplasias (cáncer) ha aumentado un 50% en el Campo de Cartagena, Águilas y Mazarrón, cuando ya la esperanza de vida en la Región de Murcia es siete años más baja que la media española. El Ministerio de Sanidad tiene estudios estadísticos recientes que constatan, al menos, una índice de mortalidad muy por encima de lo normal en el entorno cartagenero.

       Es por eso que el grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional ha pedido con urgencia la creación de una Agencia para los Alimentos con el fin de controlar y garantizar la calidad de nuestros productos. El gabinete de Valcárcel sigue haciendo oídos sordos a todas estas cuestiones pese a que las rentas agrarias son todavía el componente más importante del PIBR murciano y las exportaciones hortofrutícolas suponen el 70% de nuestro comercio exterior. El melocotón de Cieza ya ha desaparecido de las lonjas europeas en favor del italiano de Verona, como bien saben los agricultores de esa población de la Vega Alta del Segura.

       La situación puede tornarse en irreversible si nuestros clientes, ahora más informados por autoridades y prensa europea, perciben un imparable crecimiento en la contaminación de las aguas residuales para riego. La sensibilidad alimentaria tras la crisis del vacuno tiene todas las trazas de pasarnos factura si alguien con crédito difunde públicamente que el Segura es ya el río más contaminado de Europa y, desde luego, de España. La putrefacción de la materia orgánica en suspensión procedente de los vertidos está provocando, además, emanaciones de sulfuro de hidrógeno y mal olor.

       La Comisión Europea, informada ya por el eurodiputado de IU y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, Pedro Marset, podría tomar medidas muy duras y extremas contra la insumisión normativa de nuestras autoridades regionales. Se piensa que tras una ya última advertencia podría primero imponer fuertes sanciones económicas para después denegar a la Región fondos comunitarios en una actuación inmediata para preservar la salud de los que viven colindantes al río o son en Europa consumidores de nuestra producción hortícola. Según Marset, ‘falta voluntad política de solución porque existen intereses económicos de gran magnitud que están impidiendo acabar con la contaminación del Segura’.

       Lo que está en riesgo, aparte de la salud de murcianos y alicantinos, es la legendaria imagen de marca que los productos de la Huerta de Murcia han ido acuñando durante décadas y que ahora metales pesados, herbicidas, pesticidas y vertidos industriales/urbanos muy contaminantes que amenazan seriamente la salud humana y animal, pueden hundir si se constata que lo que mandamos a Europa es susceptible de ser carcinogenético para los consumidores ante la pasividad e irresponsabilidad de las autoridades murcianas y españolas frente a tamaño desastre que incluye el presumible estado sanitario de las miles de toneladas de atún rojo que exportamos a Japón y que se crían en un tramo de litoral mediterráneo murciano, fuertemente contaminado por la proximidad de Escombreras, con autorización expresa o tácita de nuestra consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

       La Embajada de Japón en España va a recibir en las próximas semanas un amplio y documentado informe de las prácticas ambientales en la Región de Murcia para poner en conocimiento de las autoridades japonesas de comercio interior las condiciones de producción de los túnidos que se están importando desde aquí. Se va a solicitar que el embajador y el consejero comercial se trasladen a Cartagena y Mazarrón para conocer personalmente lo que se les revela y recojan muestras para analizar por laboratorios de su confianza. Se les recomendará posteriormente la visita ‘in situ’ de inspectores de la administración alimentaria y sanitaria nipona para que puedan verificar si todo es conforme a lo que cuentan las empresas exportadoras.

       Pero lo anterior no es todo. Nuestra cualidad de sumidero industrial de lo que otras regiones europeas más sensatas rechazan provoca situaciones de riesgo ambiental como denuncian ecologistas y vecinos de la pedanía cartagena de Alumbres. El pasado verano se produjo ya una fuga de gas fenol (letal) en la planta que General Electric Plastic tiene en La Aljorra. Meses antes se produjo el vertido de aguas residuales contaminadas en las instalaciones de Ecocarburantes, en el Valle de Escombreras. Hace pocos días el escape de 3.000 litros de ácido sulfúrico (sustancia química corrosiva capaz de atravesar cualquier superficie) por la grieta de una tubería de suministro directo que une a las empresas, altamente contaminantes y obsoletas amén de pegadas al casco urbano de Cartagena, de Potasas y Derivados y Española de Zinc, y que cruza por encima de la red ferroviaria que comunica a Cartagena con Murcia. Fallaron ambos sistemas de seguridad y los trenes tuvieron que parar bastante tiempo en pleno clamor oficial para que el AVE también pase por debajo de esa peligrosa tubería.

       Ecologistas en Acción reclama el cierre cautelar de ambas industrias y denuncia el escaso control por parte de la administración regional sobre los planes de seguridad de las empresas químicas de la comarca ante la falta de responsabilidad pública por accidentes como el sucedido y que, como señala Anse, se produce sobre un espacio que soporta ya miles de toneladas de residuos tóxicos y metales pesados como cadmio y plomo, algunos de ellos cancerígenos.

       El futuro previsto en la zona es que las cuatro centrales de producción de energía eléctrica a instalar en Escombreras antes de cinco años arrojen a la atmósfera de una región, que aspira a ser turística y de calidad, doce millones de toneladas métricas al año de dióxido de carbono, según un reciente informe hecho público por ‘Greenpeace’. Las consecuencias es que pueden terminar de desertizar una zona hoy semiárida como es toda la Región de Murcia.

       La central de AES, con declaración de impacto ambiental favorable, emitirá 3.900.000; la de Repsol-BP, otras 3.900.000; la de Iberdrola-Repsol, 2.600.000, y la de Ogden ‘sólo’ 1.600.000. ‘Greenpeace’ advierte que, pese a sus tecnologías más blandas ambientalmente, son fábricas innecesarias de cambio climático. El objetivo de todas es producir a partir del 2003 hasta 25.000 gigawatios por hora equivalente al 300% de toda la energía que se consumirá en toda la Región. La Autoridad Portuaria acaba de conceder una nueva parcela de 18.000 m2 a AES para que aumente en un 30% su capacidad generadora de electricidad...y de CO2.

       No es de extrañar, pues, que 400 vecinos de Alumbres, los más próximos a Escombreras, hayan preguntado a Protección Civil y a las empresas ubicadas en este valle industrial contaminante, qué hacer en caso de emergencias químicas como un escape de amoníaco u otras sustancias tóxicas que resultan peligrosas para la salud. El actual Plan de Emergencia Química no contempla la evacuación de los vecinos y resulta en la práctica una falta de previsión porque se limita a un manual de autoprotección en caso de incendio, explosiones, derrames, fugas o vertidos a pié de una megarefinería de petróleo rodeada de industria conexa.