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El principal embalse del Plan Hidrológico nacional, en los tribunales por presunta prevaricación.

Nada más aprobarse por el Consejo de Ministros en Plan Hidrológico Nacional, el principal embalse del PHN por su capacidad (1500 Hm3) -fundamental para el trasvase de 1000 Hm3 de la cuenca del Ebro-, el recrecimiento de la presa de Yesa, en el Pirineo aragonés, está en los Tribunales por las irregularidades cometidas en su tramitación.

Tres ex-altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente comparecerán los próximos días 14 y 15 de este mes acusados de presunta prevaricación en el Juzgado número 19 de Madrid, que admitió la querella presentada por el Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza).

Los imputados son: Dolores Carrillo, ex-directora de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y actual asesora de Loyola de Palacio en la Unión Europea; Carlos Escartín, ex-director general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas; y Carlos Vázquez, secretario técnico del citado Ministerio.

Los tres están acusados de haber actuado injusta y arbitrariamente en la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental, trámite administrativo imprescindible para la aprobación del
proyecto. El documento aprobado fue declarado en 1992 incorrecto e insuficiente por la propia Administración. La Fiscalía de Medio Ambiente ha emitido en este sentido un informe demoledor que avala la denuncia por prevaricación.

Esta actuación ante la Justicia se suma a cinco recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y tres quejas ante la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea. Estas actuaciones se han realizado por parte del Ayuntamiento de Artieda y la Asociación Río Aragón. A ellos se han unido el Ayuntamiento de Jaca, como cabecera de la comarca afectada, APUDEPA (Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) y Ecologistas en Acción.

El recrecimiento de la presa de Yesa supone triplicar la capacidad del actual embalse, que pasaría de 500 a 1500 hectómetros cúbicos, cantidad fundamental para poder hacer efectivo el trasvase del Ebro. El actual embalse ya motivó una fuerte afección en la zona, con tres pueblos abandonados y 1500 personas desplazadas de sus hogares. Ahora son otros tres pueblos
los amenazados, Artieda, Mianos y Sigüés, y 400 los habitantes afectados. Se inundarían 22 kilómetros del Camino de Santiago (Patrimonio Mundial de la Humanidad protegido por la  UNESCO e Itinerario Cultural Europeo) y un rico patrimonio, constituido por ermitas, iglesias y necrópolis.

La Administración central y la aragonesa, que define esta obra como una de las principales del polémico Pacto del Agua, se han empecinado en seguir adelante pese a lo injusto e innecesario de la misma, y han acelerado toda la tramitación para evitar el cumplimiento de la nueva Directiva en materia de aguas de la UE, lo que les ha llevado a cometer las numerosas
irregularidades motivo de las denuncias ante los tribunales y la propia UE.