El P.H.N. abre las puertas al mercadeo del agua.

El agua es hoy más que nunca un recurso agotable, que ha perdido calidad por su uso o la contaminación, y está mal distribuida, pero a la vez es fuente de nuevos negocios cifrados en su escasez, o la nueva oferta urbano-turística-ocio, o nueva industria, o el abastecimiento de nuevas ciudades o la expansión de nuevos riegos intensivos y extensivos. La planificación del agua es contraria a los mercados del agua, o a la cesión de concesiones, o a la inversión privada en infraestructuras vía tarifas de distribución o reutilización. 

Si algo merece el dominio y el interés público es este recurso escaso y deteriorado. Y esta planificación debe abordarse desde la gestión de la demanda, el ahorro y la reutilización, partiendo de prioridades ordenadas por sectores y territorios, según su realidad. Huyendo de batallas entre regiones y entre sectores sociales, buscando luchar por dónde es más rentable el agua. Porque la respuesta no es otra que en todo el territorio y sobre todo el actual mundo rural, que no debe abandonarse, asentando las explotaciones familiares agrarias, antes que las grandes explotaciones intensivas de las multinacionales de la alimentación.

Esta legislatura la hemos iniciado con la tan deseada elaboración del Plan Hidrológico Nacional, pero este debate viene condicionado por una reforma anterior de la Ley de Aguas, y la apertura de puertas al negocio del agua a través de futuros mercados creados a la sombra de los trasvases que se aborden, la explotación de la desalación y la reutilización ligadas a negocios que puedan pagar el agua al precio que se precise, abusando para ello de la gestión basada en la oferta y el escaso compromiso con el ahorro, la nula eficacia en un Plan de Calidad de agua, que impida la sobreexplotación de las subterráneas, que depure la mayoría de las aguas antes de volverlas a circular y acabe con los vertidos que de manera poco clara pero permanente dañan nuestros cauces y acuíferos más amplios.

El Plan Hidrológico que deberíamos discutir es el que defina una política general sobre el agua en todo el Estado como recurso agotable y debería comprometer a todas las cuencas en dinámicas de inversión en ahorro y reutilización y restablecer un caudal mínimo en cada uno de los ríos para que vuelvan a ser “una corriente de agua”. 

La Región de Murcia y la cuenca del Segura, con un déficit mínimo (sobre demanda actual) de 350 hectómetros cúbicos, debe lograr que el Plan pueda converger en los próximos 20 años compromisos de ahorro en abastecimiento y regadío (distribución y consumo), control y eliminación de regadíos ilegales, imposibilidad de otros nuevos y reutilización, que reduzca nuestros déficits. Pero por más que nos empeñemos ni las desaladoras ni el ahorro son una solución total o eficaz a corto plazo, sino complementaria, por lo que necesitamos de aportes de otras cuencas, que alcancen esos 350 hectómetros que se necesitan para las demandas actuales, que no futuras, con compromisos progresivos de ir reduciendo según los volúmenes que se logren por los sistemas anteriores.

El trasvase fue diseñado para alcanzar los 1.000 hm3 al año, y apenas ha llegado a 360 el año de mayor aporte. Por tanto debemos rentabilizar al máximo esta infraestructura ya hecha antes de abordar otras, para lo cual deberíamos elegir infraestructuras que complementen las actuales aportaciones antes de una obra faraónica, cara (en el coste y en el precio del agua), y de carácter depredador ambiental como el trasvase Ebro-Segura.