AMDPress.- La portavoz de la Comisaría Europea de Medio Ambiente, Pía Ahrenkilde, informó ayer en Bruselas del contenido de una carta enviada al Gobierno español el pasado 3 de julio en la que la Comisión Europea (CE) expresaba su preocupación por el impacto ambiental del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y pedía al Ejecutivo español una evaluación global del Plan que demostrara su compatibilidad con la legislación comunitaria.

La carta, enviada por el director general de Medio Ambiente, James Currie, a la atención del director general de Obras Públicas y Calidad de las Aguas, José María Piñero, solicitaba información concreta sobre el proyecto de construcción del trasvase del Ebro y otras obras previstas para poder dar una respuesta a la aceptación del Plan y señalaba la necesidad de garantizar el respeto a la legislación medioambiental europea.

En este sentido, Bruselas recordaba al Gobierno español que el trasvase del Ebro afectaría a unos 70 lugares “Natura 2000”, por lo que para ser autorizado debería ser una actuación que no tuviera soluciones alternativas y se tuviera que realizar por razones de interés público de primer orden.

La portavoz de la Comisaría ha señalado que no habrá ayudas hasta que el Gobierno español aclare algunos puntos del proyecto y que por ello esperan una respuesta lo antes posible.

A este respecto, el secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, declaró ayer en conferencia de prensa en Madrid que el Ministerio de Medio Ambiente no respondió en su momento al escrito porque consideró que se trataba de un conjunto de recomendaciones.

Fernández informó de la elaboración del Plan de Gestión Integral del Delta del Ebro, que entrará en vigor en el plazo de un año a partir de la aprobación del PHN para asegurar la conservación del caudal ecológico y añadió que el Ministerio trabajará en la evaluación del impacto conjunto de la infraestructura del trasvase, que afecta a más de 900 kilómetros.

El secretario de Estado señaló, respecto a las dudas de la Comisión por la futura ampliación de las zonas regables una vez puesto en marcha el PHN, que el Plan Nacional de Regadíos no contempla esa posibilidad y reiteró la voluntad del Ejecutivo español de “cumplir los dictados de la Comisión”.

La carta de la Comisión fue enviada al Gobierno español tres días antes de la entrada en vigor del PHN, pero su existencia y contenido se han difundido como consecuencia de la protesta que el domingo congregó a miles de personas en Bruselas.