Los estudios económicos apuntan a que en nuestros días el coste económico de las grandes infraestructuras de regadío (embalses y trasvases) hacen poco viable su justificación para la agricutura. Esto es especialmente cierto en Aragón, donde está perfectamente establecido que la rentabilidad económica de la agricultura es bastante más baja que en la costa mediterránea (que tampoco podría pagar los costes reales de un trasvase)..

El gobierno de Aragón critica los trasvases porque crean desequilibrio territorial. Se habla de la España interior que se despuebla y de la costera que acumula población y actividad económica. Pero en realidad ese gobierno practica dentro la misma política que critica al gobierno estatal. Con las obras del "Pacto del Agua de Aragón" se sacrificarán las tierras altas y las montañas del Pirineo, cuyos valles quedarán inundados, y se concentrará la activadad económica en las llanuras del Valle del Ebro. Al igual que en Murcia se habla de la "sed histórica" para justificar obras y proyectos muy caros y de cuestionable rentabilidad económica y social, y se abusa de la imagen del campesino de Los Monegros como aquí se explota la imagen del pobre huertano que ve morir sus plantaciones de frutales.

La asignación de importantes caudales a las grandes comunidades de regantes de Aragón a partir de las nuevas obras hidráulicas, junto a la implantación de un mercado del agua (el uso del agua ya no está necesariamente ligado a su uso en la tierra) pone en manos de la gran patronal agraria la llave para el comercio del agua a gran escala.

Las comunidades de regantes aragonesas siempre han insistido en que la construcción de las obras hidráulicas (Itoiz, Biscarrués, Santaliestra, Velacha...) eran cuestión de supervivencia para ellas, y no han tenido el menor reparo en pedir que el papá estado financie unas obras que inundarían los pueblos y los campos de sus convecinos del alto Aragón o Navarra. Obras que ahora, con el mercado del agua, el PHN y el trasvase a la costa mediterránea les van a permitir no ya regar cultivos de escasa rentabilidad, sino dedicarse a establecer beneficiosos acuerdos comerciales de venta de agua a los poderosos sectores económicos del litoral catalán, valenciano, murciano o almeriense.

Pretenden convertirse en una especie de mayoristas del nuevo mercado del agua, y ello a costa de sus paisanos de la montaña y del dinero de todos.